Lecciones de la revocación de mandato/Federico Berrueto

Cualidad superior en la política es la capacidad de aprender de los errores. No resulta fácil, pero es lo más recomendable para mejorar. En estos tiempos en que el empecinamiento es virtud se complica la didáctica que ofrece la política. Así, la consulta de revocación de mandato deja lecciones sobre las que es imprescindible trabajar. La institución es muy riesgosa para la democracia representativa, ya que de por medio está anular el voto democrático y minar el sentido de responsabilidad del funcionario electo. Gobernar implica decisiones difíciles no siempre aceptadas por la población. Hacerlo para ganar aceptación pública casi nunca es acertado.

Es inexplicable que en el Congreso de Nuevo León los legisladores del PAN con el apoyo de los del PRI y Morena no hayan aprendido de lo que ocurrió hace unos meses, y pretendan adelantar la revocación para este gobierno. El oportunismo los mueve a legislar precipitadamente y sin medir las consecuencias. La inestabilidad en los gobiernos es peor que gobernantes impopulares, mucho más cuando se surgen de circunstancias excepcionales, como es la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey y el discutible manejo que el gobernador Samuel García ha dado a la crisis. 

La manera como se diseñó constitucionalmente la revocación de mandato adolece de insuficiencias elementales. Primero ha de entenderse que, por la gravedad de la revocación de un cargo electo, debe haber candados muy estrictos para quienes pueden solicitar la revocación. 3% de la lista nominal es una proporción muy baja, poco representativa de la población y muy alejada de la mayoría. Además, no significa que se vaya a revocar, aunque sí un ejercicio de consecuencias muy delicadas, costoso y motivaría la movilización a favor o en contra, una energía social que se justificaría sólo si hubiera una proporción importante de la población decidida a tal revocación. La participación ciudadana para que la consulta tenga validez debiera ser 50% más uno, a manera de asegurar que en el proceso participó al menos la mayoría de la población.

Otro error de la constitucionalización de la revocación de mandato fue la farsa de asumirlo como un proceso ciudadano, al margen de los partidos y de las autoridades a remover. ¿Cómo es posible que una decisión claramente política y un proceso democrático se excluya a los interesados y a los actores relevantes del tema? ¿Cómo fue que los legisladores dieron curso a una simulación tal? Más aún, las normas restrictivas de participación están en la Constitución. El INE es organizador, pero no puede ser el actor central en la generación de información, para eso están los interesados, además de que debe haber debate abierto a los ciudadanos. La participación política interesada, que no se puede evitar, debe regularse para evitar la violación a la Constitución como ocurrió en el pasado ejercicio. El presidente debió contar con amplia libertad para hacer su caso, al igual que sus colaboradores, legisladores afines y partidos.

Toda vez que la decisión de revocar es, en principio, de la misma magnitud que la de elegir, la Constitución determina un mecanismo de organización de la consulta en proporción o equivalente a la de una elección. Lo relevante es que se garanticen los recursos, no como ocurrió, que la mayoría en la Cámara de diputados y el gobierno resolvieron degradar el proceso de manera injustificada, bajo el supuesto de ahorro de gasto. 

Otro aspecto por considerar es cómo evitar la simulación o desvirtuar el expediente. La revocación es como su nombre lo dice, organizar una consulta para que una decisión mayoritaria remueva al funcionario democráticamente electo, no ratificación, como pasó 

Hay otros temas a regular, como la normatividad específica aplicable al INE y al Tribunal Electoral y no tener que recurrir a las reglas propias de los procesos electorales. Las situaciones son muy diferentes y llama a reglamentar la revocación a partir de sus singularidades. 

Los partidos, todos, en lugar de aprovecharse del error que fue la constitucionalización de la revocación de mandato debieran emprender, cuanto antes, un ejercicio para su corrección y correcta aplicación.