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TLAXCALA, Tlax., 9 de diciembre de 2016.- La diputada priista Sinahí Parra Fernández, presidenta de la comisión de juicio político, desafuero y responsabilidad de munícipes comenta que no ha sido sencillo estar al frente de esta comisión legislativa toda vez que la ciudadanía no comprende lo que es un juicio político.
En la comisión que preside, explica que la mayoría de juicios políticos que se llevaron a cabo fueron por particulares, en donde el conflicto era directamente personal con el servidor público. De los juicios políticos que más recuerda y que refiere la diputada fueron, en primer lugar, el que se impuso en contra de la magistrada Elsa Cordero donde una juez promueve juicio político por ser sancionada por el consejo de los magistrados al violar garantías en un juicio, por lo que decide tomar acciones únicamente en contra de la magistrada.
En un segundo caso, recuerda el juicio político del alcalde de Nativitas donde resultó ser un tema muy polémico; en este caso Parra Fernández explica que el juicio político no procedió debido a que los integrantes del cabildo denunciaban violaciones a sus garantías, lo cual no mostraba agravio a las acciones que realizaba en su función.
Dijo que a lo largo de estos años se han resuelto alrededor de 9 expedientes parlamentarios; el más reciente fue el del alcalde de Chiautempan, Antonio Mendoza y de la sindico Belén Vega, donde refiere que también fue un tema entre particulares por lo cual no procede nuevamente.
Dice que la ciudadanía en general toma los juicios políticos como enjuiciamientos personales. Explica, por el contrario, que un juicio político se debe llevar a cabo cuando están dañando a un estado y a la sociedad en general y son servidores de primer nivel y no solamente diputados que cuentan con fuero, sino también desde el gobernador del estado, los integrantes del poder judicial, los alcaldes y los integrantes de un cabildo.
Resalta que un juicio político es con el objetivo de sancionar a un servidor público que hizo o que emitió no hacer una actividad que le corresponde y que con esta omisión no realizó adecuadamente su función y daño a la población completa.
Mencionó que se debe ser cuidadosos al resolver estos juicios políticos y resolverlos adecuadamente ya que ellos tienen la obligación de proteger al congreso a través de buenos dictámenes fundamentados y argumentados.