Recomienda CNDH más seguridad a indígenas tras asesinato de 1 en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de octubre de 2019.- Por las condiciones de violencia, inseguridad, situación de riesgo constante y falta de protección en el Municipio de Aldama, Chiapas, debido a una disputa por posesión de tierras con el Municipio de Chenalhó, que derivó en la muerte de una persona de la comunidad de Tabak y el desplazamiento de varias familias de comunidades colindantes para refugiarse en zonas de las montañas, cuevas y sembradíos ante amenazas contra su integridad personal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 71/2019 al Gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

La situación del conflicto entre ambos municipios tiene su origen en la disputa de 60 hectáreas, las cuales tanto el municipio de Aldama como el de Chenalhó aseguran les pertenecen, por lo que, a partir del año 2015, durante las noches, comenzaron a suscitarse agresiones con armas de fuego, y dichos ataques se intensificaron en 2018.

Tras su investigación y el análisis de las constancias que integran el expediente, la CNDH conoció que las familias desplazadas de su comunidad y domicilios por este caso han retornado a sus comunidades y cuentan con el reforzamiento de los patrullajes y colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en acciones de seguridad.

Esta Comisión Nacional estima que, si bien el Gobierno del Estado ha implementado algunas acciones para garantizar la seguridad al interior del municipio de Aldama, debe evaluar diseñar e implementar de forma urgente los trabajos para lograr un diálogo y conciliación entre las partes en conflicto, ya que los actos de violencia por diversos grupos armados no han cesado, atentan contra la población indígena de la zona y ponen en riesgo la vida e integridad del personal de seguridad y de quienes prestan diversos servicios en materia social como educación y salud, al impedir y/o dificultar el acceso de la población a servicios básicos.

Para la CNDH, persiste una amenaza inminente contra las comunidades indígenas del municipio de Aldama que colindan con el municipio de Chenalhó, al permanecer bajo constantes ataques con armas de fuego, lo que dio lugar a la mencionada pérdida de la vida de una persona y a que otras más hayan sufrido lesiones.

Además, se tiene conocimiento que, debido a la situación de violencia e inseguridad, las y los niños no reciben clases, los servicios de salud son insuficientes y el alimento que se les proporciona es escaso; características que se suman a su ya precaria realidad y que es resultado directo de la inseguridad que prevalece en la zona.

El 22 de enero pasado, mediante información difundida por diversos medios de comunicación, se dio a conocer que en la madrugada de esa fecha hubo un ataque armado contra comunidades indígenas del municipio de Aldama, realizado presuntamente por pobladores de la localidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, y al tratarse de un asunto que por su gravedad y naturaleza trascendió el interés de la entidad federativa e incidió en la opinión pública del país, los días 18 y 19 de febrero, personal de la CNDH investigó en diferentes comunidades de Aldama, y tuvo como resultado la situación de riesgo constante y falta de seguridad entre las comunidades de esos municipios.

El pasado 9 de abril, esta Comisión Nacional conoció que, aproximadamente a las 11:00 horas, elementos de la Policía Estatal abandonaron el destacamento en la comunidad Cocó, en Aldama, por la intensidad de los disparos provenientes de la comunidad Manuel Utrilla, Chenalhó, que dañaron una de sus unidades, y un día después, habitantes de las comunidades de Xuxchen y Cocó señalaron que recibieron disparos con armas de alto calibre desde Slumka, y a consecuencia de ello seis familias de la primera comunidad y tres más de la segunda abandonaron sus respectivas viviendas.

El 27 de mayo, la CNDH conoció que desde las 19:00 horas se intensificaron los ataques armados contra las comunidades de Xuxchen, Cocó, Tabak, Cotzilnam, Yetón, Chivit, Tzelejpotobtik, así como en la cabecera municipal de Aldama; un mes después una persona indígena de la comunidad de Tabak perdió la vida durante un ataque armado cuando velaba a un familiar en la misma comunidad, por lo que se solicitó la ampliación de medidas cautelares a las autoridades estatales en favor de los familiares de la víctima y de los pobladores de Tabak, Cocó, San Pedro Cotzilnam, Baletik y Xuxchen, y nuevamente el 31 de julio siguiente hubo disparos de arma de fuego a la comunidad de Xuxchen, los cuales se extendieron por la tarde hacia las comunidades de Cocó, Tabak y San Pedro Cotzilnam, en tanto que el 16 de agosto pasado hubo dos nuevos ataques a Cocó, provenientes de Santa Martha, aproximadamente a las 17:00 y 19:00 horas.

El primero consistió en disparos de manera intermitente y el segundo fue mediante “intensas ráfagas”. Para esta Comisión Nacional quedó expuesta la responsabilidad del Gobierno de Chiapas, por la violación al derecho a la vida, integridad personal e interés superior de la niñez, y por todo ello recomendó al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas la reparación integral del daño a las víctimas y a los familiares de las personas fallecidas; se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, el pago de una compensación y/o indemnización integral, se les brinde atención psicológica y se envíen a la CNDH las constancias con que se acredite su cumplimiento.

También, que en coordinación con los Ayuntamientos de Aldama y Chenalhó, y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, se elabore un diagnóstico que permita generar una estrategia para la resolución del conflicto agrario referido y, en su caso, se analicen los diversos programas de dicha Secretaría para que, a través de algunos de ellos, con visión diferencial y multicultural se pueda brindar solución, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Asimismo, de manera coordinada con la Secretaría Estatal de Seguridad y con los municipios de Aldama y Chenalhó se diseñe, implemente y dé seguimiento a un programa de seguridad pública con visión diferencial y multicultural para el desarme pacífico de las comunidades en conflicto y que contribuya a disminuir los índices de inseguridad en dichos municipios, enviando las correspondientes pruebas de cumplimiento.