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TLAXCALA, Tlax., 26 de octubre de 2026.- Seis de los 22 jueces electos evaluados por el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala obtuvieron un resultado no satisfactorio y deberán cumplir medidas correctivas en un plazo de tres a cinco meses, informó la presidenta del organismo, Violeta Fernández Vázquez, quien precisó que los nombres no serán revelados hasta que las determinaciones queden firmes.
La magistrada explicó que se trata de la primera evaluación de personas juzgadoras electas en la entidad y que el proceso se realiza por etapas para garantizar una revisión especializada.
De los 22 jueces evaluados, 16 obtuvieron resultados satisfactorios, mientras que los seis restantes deberán atender las áreas de oportunidad detectadas.
Fernández Vázquez aclaró que una calificación no satisfactoria no significa necesariamente que el juez carezca de capacidad para ejercer el cargo, pues la evaluación también considera el funcionamiento de los juzgados y el desempeño del personal adscrito. “Aunque el juzgador tenga un buen desempeño, si su personal no ha respondido como debe ser conforme a la ley, eso también le afecta”, señaló.
Entre las medidas correctivas se contempla la capacitación en perspectiva de género, derechos de la infancia y criterios jurisprudenciales, además de acciones para mejorar el trabajo de los equipos judiciales.
Por ejemplo, los jueces deberán tomar medidas para que sus proyectistas emitan resoluciones dentro de los plazos legales y para que los diligenciarios realicen las notificaciones que les corresponden, sin esperar a que las partes acudan a solicitarlas.
La presidenta del Tribunal indicó que cada resolución fue emitida de manera individual por las tres magistradas que integran la Comisión de Evaluación. Los jueces notificados todavía pueden impugnar las determinaciones y, una vez que estas queden firmes, los resultados serán publicados en el portal de transparencia.
El cumplimiento de las medidas será supervisado por el titular del órgano de evaluación.
Fernández Vázquez advirtió que, si los juzgadores no atienden las disposiciones en los plazos establecidos, podrían aplicarse sanciones que incluyen la suspensión o incluso la separación del cargo, dependiendo de cada caso.




