SLP capital entre 4 ciudades con reducción en percepción de inseguridad
CDMX, 30 de mayo, 2017.- No se equivocan quienes señalan que “el PRI cometió el error estratégico de convertir la campaña por el estado de México –y la candidatura de Alfredo Del Mazo- en referéndum a favor del presidente Enrique Peña Nieto”. El candidato Del Mazo en su primer cierre de campaña tuvo expresiones que ejemplifican que estamos ante una elección plebiscitaria el próximo 4 de junio.
En el discurso del priista Del Mazo sobresalió un párrafo que muestra la importancia de estos comicios cunado afirma que: “todo lo que hemos construido durante tantos años está en juego en esta elección, de nuestro triunfo depende el futuro del priismo, depende el futuro de este país”.
Creer que México y el PRI son una y la misma cosa, muestra que el candidato del estado de México, ni de pasada acepta que el gobierno encabezado por el PRI atraviesa por una severa crisis económica y de derechos humanos, que plantea grandes retos.
Desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa , Guerrero, en 2014, el gobierno federal ha estado presente en las noticias internacionales por escándalos mayúsculos derivados de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en las más altas esferas de gobierno. Lo que parecía ser hasta una historia de éxito de la tecnocracia priista se convirtió en un relato de violación de derechos humanos, incompetencia y abierto desafío a la opinión pública.
México experimenta una crisis política y moral tan grave como la sufrida en 1994-1995, cuando coincidieron en el tiempo la irrupción del zapatismo, la lucha nacional por la democracia electoral, magnicidios políticos sucesivos y una crisis económica estructural.
El régimen autoritario logró salir de esa crisis con una negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), una reforma electoral (1996) que ulteriormente abrió la puerta a la alternancia en el poder; una profundización del ciclo neoliberal y un drástico arreglo de cuentas al interior del PRI.
Estamos en el final del ciclo democratizador limitado a la esfera electoral y de un proyecto neoliberal a medias, que protegió, en primer lugar, los intereses de toda clase de monopolios públicos y privados. En términos económicos, lo único que se ha logrado es un prolongado estancamiento y un agravamiento de la desigualdad y la pobreza; en términos políticos, la democracia electoral ha agotado sus alcances y su poder de convocatoria.
La crisis de 2017 es económica, política, moral y social, con todos los frentes comprometidos y atravesando momentos de definición. México confronta radicales disyuntivas: la restauración autoritaria o un salto cualitativo hacia la democratización; una ruta hacia el crecimiento o el estancamiento indefinido; la construcción de Estado de derecho o la continuidad de la precariedad institucional y la captura del Estado.
El grupo de Peña Nieto decidió apostar por una victoria arrasadora que le garantizara al PRI la mayoría en el estado de México, de tal forma que fuera también referéndum a favor de su obra sexenal. El PRI desarrolló una impresionante campaña electoral durante la cual realizó un gasto desorbitante y absurdo que incluyó a los gobernadores estatales priistas y a los secretarios de Estado.
Aparatos completos de gobierno se tornaron en operadores electorales con territorios y metas de votación expresamente asignadas. La inversión realizada por esta vía es incuantificable. La autoridad electoral ha sido omisa para vigilar este tipo de gastos, cuya absoluta impunidad solo es explicable por la más completa ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.
El autor del artículo es académico de la FCPyS de la UNAM