Otro país/Tomás Tenorio Galindo 

Coahuila, raíz del nuevo rompecabezas político

Debido a las escaramuzas políticas de la semana pasada casi pasaron desapercibidas dos noticias sobre la calificación de la elección de Coahuila, que se encuentra en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Una de las noticias es que el 3 de octubre el INE confirmó que el candidato del PRI, Miguel Angel Riquelme, rebasó en 10.5 por ciento el tope de gastos de campaña (igual que el del PAN, Guillermo Anaya, en una proporción menor). Y la otra, que el 6 de octubre el Trife descontó gastos del candidato priista y redujo el porcentaje de tal modo que sencillamente desaparece toda violación de la ley, la cual establece como causa de nulidad de las elecciones si se rebasa en más de 5 por ciento el tope del gasto de campaña. Sin que quede claro por qué lo hizo, el Trife restó de la contabilidad de la campaña de Riquelme 993 mil pesos gastados en la red social Facebook.

Gracias a las decisiones tomadas por el Trife, el PRI enfrenta en este momento un excedente de sólo 5.09 por ciento del tope de gastos de campaña, pero tiene la oportunidad de bajarlo más todavía mediante alegaciones sobre ciertas compras que los magistrados electorales consideraron no acreditados por el INE. Dada la incompetencia y opacidad del INE, y la laxitud y obsequiosidad mostrada por el Trife, al PRI seguramente le bastará con declarar cualquier cosa que le convenga para convencer al Trife.

Este organismo aún no dice la última palabra, pero como puede verse, ya afina la voz para decirla. Cuando eso suceda no habrá ninguna sorpresa, pues como ya parecía hace tres meses, los magistrados se dirigen a validar la elección pese a las notorias irregularidades que existieron en ese proceso. El manoseo del gasto de los candidatos al gobierno de Coahuila empezó en julio pasado. De acuerdo con la primera información oficial difundida por el INE a mediados de ese mes, el candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Angel Riquelme, rebasó el tope en 5.1 millones de pesos, suma equivalente a 26.5 por ciento, cinco veces el excedente autorizado por la ley que es de cinco por ciento, y el del PAN, Guillermo Anaya, por 4.3 millones, 22 por ciento.

Pero esas cifras sólo tuvieron vigencia un par de días, pues los excedentes fueron remarcados por el INE en 7.8 por ciento para Riquelme y en 4.5 para Anaya. La ley establece como causal de anulación un excedente de más de cinco por ciento, lo que casi se vuelve una consecuencia ineludible si la diferencia entre el candidato ganador y el segundo es de menos de cinco por ciento. En teoría, si las cifras proporcionadas por el INE se mantenían, la elección en Coahuila habría tenido que ser anulada por el INE y en última instancia por el Tribunal Electoral.

No se sabe cómo ni por qué se produjo la reducción en el cálculo del dinero gastado de más por el PRI, o planteado al revés, por qué el INE había fijado originalmente en 26.5 por ciento el excedente de ese partido. Tampoco se comprende por qué dos meses después de todo lo anterior, el INE volvió a incrementar a 10.5 por ciento el exceso en el que incurrió el candidato del PRI.

Por aquellas fechas el INE adujo ajustes y modificaciones motivados por el análisis de la “matriz” de precios, o de prorrateo del gasto entre los diferentes candidatos priistas, pero estos procedimientos escaparon entonces, y escapan ahora, a la comprensión del ciudadano común y pueden significar lo que sea según quién y cómo los realice.

Es decir, al final no se sabe qué es lo que se hace en la cocina fiscalizadora del INE. Lo que sí salta a la vista es el beneficio que esas operaciones ofrecen al PRI, y para el caso es evidente que la conducta del INE conduce a la validación de las elecciones en Coahuila pese a la gravedad y contundencia del gasto en demasía, que en el Trife es generosamente rasurado para que se achique y no le afecte al PRI.

Es previsible que con unos cuantos argumentos el PRI desmonte las cuentas del INE, porque probablemente eran infundadas o porque los fiscalizadores del organismo no recabaron debidamente las pruebas de la falta cometida, y consiga sin mayor esfuerzo el voto aprobatorio de los magistrados electorales.

Esa es precisamente la importancia del caso de Coahuila. Porque al final fue Coahuila, y no el estado de México como se creía, el estado que removió el escenario político del país y produjo los reacomodos que aún están en curso. Se pensaba que Coahuila sería para el PAN –lo creía el PAN, al menos— a cambio de que este partido reconociera el triunfo del PRI en el estado de México, donde para que eso sucediera el panismo y el perredismo se las ingeniaron para no participar aliados después de cultivar una cercanía en cuyo extremo apareció el ahora Frente Ciudadano por México.

Proliferan en este momento las teorías sobre la existencia de una traición de los participantes en ese presunto pacto secreto entre el PRI, el PAN y el PRD en el estado de México, consumado con el fin de impedir que Morena obtuviera la gubernatura. Esa traición se atribuye al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya –que no se ve cómo haya podido traicionar nada si se cumplió el objetivo de que el PRI se quedara con el gobierno de ese estado–, pero más bien pareciera haber sido el PRI el que incumplió el trato al no ceder Coahuila al PAN.

Lo verdaderamente grave de todo esto no es que el PAN, el PRI y el PRD hayan hecho pactos imposibles de reconocer en público, sino que las instituciones queden enredadas en ese juego, como lo están ahora el INE y el Trife por el caso de Coahuila. Porque ni el comportamiento del INE ni la actitud del Trife parecen ajenos a este juego de los partidos. ¿Desde cuándo es función de la autoridad mitigar las faltas de los infractores y acolchonar el castigo, como hace el Trife con el PRI en Coahuila? En la cercanía de la elección presidencial, perturba que las instituciones puedan ser manipuladas como parece que están siendo manipuladas en el caso de Coahuila.

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