Para cambiar paradigmas de gobernanza hay que escuchar a los que saben

Se presentó en San Lázaro el libro Léase si quiere gobernar (en serio)

CIUDAD DE MÉXICO, 05 de diciembre de 2018.- El gasto público en programas discrecionales del Ramo 23 en la pasada administración fue de 318 mil millones de pesos, lo cual equivale a 1.7 veces el gasto de Pensión para Adultos Mayores y 1.5 veces el Programa Prospera, expuso Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa.

Recomendó mejores controles de la deuda pública, fomentar la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos excedentes, limitar el gasto discrecional del Ramo 23, restringir el sobrejercicio en gastos superfluos y promover la inversión pública.

Asimismo, señaló que los proyectos de obra pública presentan sobrecostos y retrasos sistemáticos y son vulnerables a la corrupción, por lo que es fundamental generar más valor en su contratación, fortalecer los procesos de planeación y selección de proyectos de infraestructura y reforzar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación, la gestión de contratos y la ejecución de los trabajos.

En la presentación del libro “Léase si quiere gobernar (en serio)”, la diputada Martha Tagle Martínez afirmó que si realmente se desea hacer un cambio de paradigma en la forma de gobernar, tendrá que escucharse a los investigadores, así como contar con un servicio civil de carrera para todas las unidades de administración.

Mencionó que esta obra realizada por “México Evalúa”, es una herramienta fundamental no sólo para el nuevo gobierno, sino para el Poder Legislativo porque, las propuestas que plantea son temas de discusión en la Cámara de Diputados, como la Fiscalía General, Guardia Nacional, procuración de justicia, competitividad, educación, presupuesto, seguridad pública, “que nos deben ubicar en discusiones más serias”.

En este trabajo se nos alerta, por ejemplo, que en materia de presupuesto, si no se cuenta con una planeación en los costos de las obras públicas, compras y contrataciones, se pueden elevar de manera exponencial; por ello, propone que se establezcan en la ley controles de gasto, puntualizó.

El libro, en el que participan los especialistas de la autoría: Fernanda Ballesteros, Mariana Campos, Marco Fernández, Alejandro García, Edna Jaime, Romain Le Cour, Diana Nava, María Novoa, Laurence Pantin, David Ramírez-de-Garay, Luis Rubio, Liliana Ruiz y Karen Silva Mora, hace un análisis de la política de seguridad, procuración de justicia, combate a la corrupción, y presenta propuestas.

Además, aborda la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación, la gestión de contratos, disciplina presupuestaria, educación de calidad, inclusión y equidad, y la certidumbre después del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

En tanto, la especialista en materia de Competencia y Regulación de México Evalúa, Ana Lilia Moreno, mencionó que en los últimos 15 años la economía del país creció, en promedio, 2.2 por ciento anual, mientras nuestra productividad aumentó apenas el 0.2 por ciento al año.

Ante este escenario, la investigadora propuso dotar de mayores herramientas a la Comisión Federal de Competencia Económica, para presentar acciones de inconstitucionalidad cuando las leyes contravengan el derecho a la competencia y libre concurrencia. También se le debe permitir analizar el impacto regulatorio en la materia.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, refirió que en el libro se detalla qué se puede hacer si el tratado comercial con América del Norte se cancela; plantea toda la tarea interna que se debe realizar para que las instituciones den certeza a los inversionistas extranjeros.

Marco Fernández, también de México Evalúa, sostuvo que para consolidar la reforma educativa, más allá de la evaluación docente, se debe garantizar una política que asegure su calidad y atienda los desafíos en infraestructura.

Además, consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá como tarea primordial hacer más efectivas las instituciones encargadas de su combate, a través de mayores recursos, el afianzamiento de pesos y contrapesos, y el desarrollo de un sistema de compras y contrataciones públicas eficiente, transparente y que fomente la competencia.

Añadió que en México se tiene un problema de gobernanza profunda, derivada de una transición política, en que se pasó de un sistema de control vertical a uno de fragmentación de poder, en la que no se han construido las instituciones que soporten esta distribución gubernamental. “Es una asignatura pendiente que se debe abordar si se quiere gobernar en serio y si se desea que el país prospere”.

Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y de Proyectos Especiales de “México Evalúa”, sostuvo que para garantizar una adecuada impartición de justicia se requiere promover instancias que velen por la independencia de los poderes judiciales y se implemente una carrera judicial.

Destacó que el rezago en la resolución de los casos, el bajo nivel de denuncia, los altos niveles de impunidad y la percepción negativa de los jueces y magistrados, representan un obstáculo para alcanzar el Estado de Derecho. “En 2018, 45 por ciento de la ciudadanía tenía poca o nada de confianza en los jueces, lo cual refleja la debilidad de este ámbito gubernamental”.

David Ramírez de Garay, investigador de El Colegio de México, apuntó que el fracaso de la estrategia de seguridad se debe a su enfoque reactivo; por ello, consideró fundamental diseñar un mecanismo que fortalezca a la fuerza pública desde lo local, es decir, mejorar las condiciones y capacidades de las policías municipales. “En 2016, el 90 por ciento de los delitos cometidos en los estados fueron con impunidad”, destacó.

El también coordinador del Programa de Seguridad de “México Evalúa”, planteó la necesidad de priorizar la persecución penal, con el fin de incrementar la efectividad del aparato estatal en el esclarecimiento de hechos delictivos y garantizar los derechos de las víctimas”.