Altas pensiones: justicia social y responsabilidad fiscal

La reciente reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa uno de los movimientos más significativos en materia de equidad intergeneracional y sostenibilidad del Estado social mexicano.

No se trata únicamente de un ajuste técnico ni de una señal política coyuntural: estamos ante una redefinición del pacto entre el servicio público, la justicia social y la responsabilidad fiscal. Durante décadas, el debate sobre las altas pensiones ha estado atrapado entre dos extremos: la defensa acrítica de privilegios heredados y la indignación social frente a esquemas percibidos como inequitativos.

La reforma rompe esa dicotomía al introducir criterios constitucionales que buscan armonizar derechos adquiridos, racionalidad presupuestaria y principios de igualdad. Una reforma con sentido ético El primer mérito de la reforma es su fundamento ético.

En una nación marcada por profundas desigualdades, mantener pensiones excepcionalmente elevadas financiadas con recursos públicos sin límites claros generaba una tensión moral evidente. La Constitución, como norma suprema, debía reflejar un principio básico: el sistema previsional no puede convertirse en un mecanismo de reproducción de asimetrías.

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