Auditorías ambientales y fiscalización/David Colmenares Páramo

El medio ambiente es tanto un activo de los países como un derecho humano, además de una responsabilidad hacia las generaciones futuras. Las oleadas de calor en el mes de junio fueron atípicas en el mundo. Los primeros 11 días de junio fueron los más calurosos de la historia desde que se tiene registro, de acuerdo al Servicio europeo de Cambio Climático de Copernicus. La temperatura media de la tierra es ahora 1.1 grados centígrados más alto que a finales del siglo 19. Las consecuencias para la humanidad y la biodiversidad pueden ser fatales.

La vulnerabilidad frente al cambio climático es distinta en cada región; sin embargo, hay Estados que enfrentan un riesgo mayor, como los Estados Insulares. En 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se reconocieron 38 Estados miembros de la ONU y 20 no miembros de la ONU/Miembros Asociados de Comisiones Regionales en el grupo de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Cabe recordar que en marzo pasado, la ONU adoptó una resolución para solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas que los Estados deben afrontar por sus acciones u omisiones que causen un daño significativo al sistema climático, y esta resolución fue encabezada por Vanatu, un Estado Insular del Pacífico Sur.

Para diagnosticar y atajar las consecuencias del cambio climático, existen iniciativas globales como la auditoría global conjunta de la Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI (IDI)/WGEA de las acciones de adaptación al cambio climático). En estos trabajos participan de manera fundamental los Estados Insulares. En nuestra región, a iniciativa de la OLACEFS entre 2014 y 2015, la COMTEMA, realizó la primera edición de la Auditoría Coordinada sobre Áreas Protegidas en América Latina, con participación de EFS de 12 países. Se evaluaron 1 120 áreas protegidas desde el punto de vista del grado de implementación y de la gobernanza de estas áreas y el cumplimiento de la Meta 11 de Aichi. Se utilizó una novedosa herramienta, Indimapa, para evaluar áreas protegidas y hacer el seguimiento de los avances, así como comunicar los resultados de manera visual, georreferenciada y de fácil comprensión.

Este ejercicio se repitió durante la gestión 2018-2021 de la COMTEMA, lo que permitió expandir la metodología hacia otros países, cuyo objetivo fue evaluar la contribución de las políticas nacionales de áreas protegidas de los países involucrados a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la biodiversidad (ODS 14 y 15). La auditoría coordinada estuvo compuesta por tres etapas fundamentales: etapa de capacitación, mediante tres cursos virtuales ofertados por CCC; etapa de ejecución, con la que se fortalece la recopilación de datos por medio de las encuestas, investigación documental y consultas a sistemas de información y bases de datos y reforzando el soporte metodológico a los equipos para la aplicación de herramientas de auditoría; y por último la etapa de consolidación y resultados.

La auditoría coordinada cuenta con resumen ejecutivo, ficha-síntesis e Indimapas en los idiomas español, inglés y portugués, disponibles en fuentes abiertas de la red. Estas dos experiencias previas han permitido que en el marco de las acciones de la OLACEFS se pueda realizar una auditoría coordinada en áreas protegidas de los países de lengua portuguesa. El intercambio de ideas y experiencias, así como las buenas prácticas que se pueden adoptar de otros ejercicios de fiscalización son claves para mejorar nuestros procesos. En este sentido la Auditoría Superior de la Federación trabaja para contribuir a una mejor Gobernanza medioambiental con el apoyo de OLACEFS.

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