Cámara de Diputados, aborda temas de salud en última sesión de 2016

TLAXCALA, Tlax., 20 de diciembre de 2016.- El pleno de la Cámara de Diputados, en su última sesión de 2016, abordó los temas de salud que más afectan a la población mexicana y para las cuales no se han instrumentado políticas públicas, por lo que se pretende dar fundamento a las autoridades del ramo para sus actividades durante 2017.

En el trámite legislativo se declara el 7 de mayo de cada año, “Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar”, en torno a la importancia de encontrar una mejora en la calidad y esperanza de vida a los pacientes.

La hipertensión pulmonar puede ser causada por enfermedades autoinmunitarias, anomalías congénitas del corazón, embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca, infección por VIH, bajos niveles de oxígeno en la sangre, enfermedad pulmonar, medicinas y apnea obstructiva del sueño.

Al declarar este día se pretende difundir el conocimiento de la enfermedad para facilitar los diagnósticos tempranos y disminuir el número de fallecimientos por falta de estos. Facilitar el acceso a seguimiento médico adecuado y tratamientos específicos que mejoran la calidad y esperanza de vida.

También, hacer conciencia sobre la necesidad de tratar al paciente en los aspectos físico, social y emocional, no sólo como un órgano defectuoso y determinar criterios para la designación de centros hospitalarios de referencia, así como potenciar la investigación de nuevas tecnologías sanitarias y, como objetivo último, encontrar una cura para la enfermedad.

Además, se dio conocimiento al dictamen que reforma los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal, para adicionar que a servidores públicos que propicien la evasión de presos a inhabilitados para obtener otro cargo por un periodo de 20 años.

Lo mismo ocurre en el caso de la propuesta para establecer igual sanción cuando servidores públicos que cometan él delito de asociación delictuosa pertenezcan a la Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, reserva o en activo.

Esta reforma tiene como eje rector recuperan la confianza y la participación de la población en la construcción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática que este país necesita.

Finalmente, se dio conocimiento a los diputados sobre dos dictámenes que reforman el artículo 137 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El 137 pretende establecer que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor.

Precisa que el Ministerio Público otorgará la medida de protección de manera oficiosa, sin embargo, también podrá ser solicitada a petición de parte y, en ambos casos se proporcionará de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario de acuerdo a los protocolos que al efecto se emitan.

La reforma al artículo 167  establece de manera expresa, dentro de los delitos graves por los cuales procede la prisión preventiva oficiosa el delito de feminicidio, por lo que es necesario precisar en qué consiste el homicidio y su origen.

El feminicidio se entiende como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres y que, por desgracia, es muy común en México. De acuerdo con cifras de ONUMUJERES, de 2007 a 2009 los asesinatos de mujeres en México se incrementaron en un 68 por ciento, inclusive en ciertos estados el crecimiento fue del 400 por ciento.

 Según informa la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, durante el sexenio pasado se registraron 4 mil 112 feminicidios en 13 estados de la República Mexicana y 3 mil 976 desapariciones forzadas tan sólo en el último año y medio.

De éstas últimas, el 51 por ciento fueron mujeres entre los 11 y los 20 años, lo que indica, según esta Organización civil, que este delito está directamente relacionado con la trata de mujeres.

Finalmente, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, el cual remite las respuestas a preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de Diputados, en relación con el Cuarto Informe de Gobierno del  Ejecutivo federal sobre el estado general que guarda la administración pública del país.