Cuentas Pendientes

• “Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea”: Malcolm X

En un Estado que ha fallado rotundamente para generar condiciones de vida favorables para los mexicanos, pues no hay rubro o tema de actividad gubernamental ya sea social, político o económico, en donde no se observen grandes deficiencias; ahora se empieza a observar una tremenda brecha entre los objetivos y fines para los que fue creado el Nuevo Sistema Penal y la realidad que se está viviendo.

La escalada de violencia en el Estado y el país, aunada a un nuevo sistema penal que no está dando los resultados proyectados, generan una sensación de inseguridad e impotencia en la población. Habría que sumarle también a ello, la evidente crisis en la que está sumida tanto la procuración de justicia como la impartición de la misma.

Por una parte, los datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNEP, señalan que se cometieron de manera diaria durante 2016, en relación con el año que le antecedió, más homicidios (57), secuestros (3) y robos (470); cifras que sin duda se han incrementado en los primeros meses del presente año.

Lo anterior coloca a México como uno de los países con mayor violencia delictiva en el mundo, a lo que se agrega la alta ineficiencia y corrupción que caracteriza a las fuerzas policiales, según se desprende de la Encuesta de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, así como del Índice Internacional de Percepción de Corrupción Interna de los países, que coloca a México en el nada honroso primer lugar en estos temas dentro de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, de la que somos integrantes.

Por otra parte, el Nuevo Sistema de Justicia Penal implementado en el 2016, está urgido de un verdadero análisis para realizar la corrección y el fortalecimiento de su funcionamiento.

Dicen los expertos, que los pendientes más importantes en dicho Sistema consisten en la necesidad de fortalecer las medidas cautelares (prisión, arraigo, embargo de bienes), previa a la evaluación del perfil de peligrosidad y riesgo de los detenidos que es prácticamente inexistente; falta más personal especializado y capacitación del mismo para abarcar áreas como las defensorías de oficio, atención a víctimas, así como de policía que conozca mejor los procedimientos de detención e investigación, esta deficiencia está ocasionando que los delincuentes evadan la justicia y éste es uno de los puntos más preocupantes en la actualidad; además, se debería incrementar la mediación y solución alterna de conflictos en delitos no graves, para evitar más consignaciones y la elevación del número de procesos penales ante los jueces; la colocación de brazaletes electrónicos a delincuentes de alta peligrosidad, es hasta ahora letra muerta.

Otro aspecto que está a punto de detonar, es el tiempo establecido en el artículo 20 de la Constitución Federal para que los procesados deban ser sentenciados a riesgo de que de no cumplirse, los delincuentes puedan obtener su libertad mientras se les juzga, pues se cuenta con cuatro meses si se tratase de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y, antes de un año si la pena excediere de ese tiempo; lo anterior, en relación con un sistema judicial que está muy burocratizado y el número de expedientes tan grande que deben atender, derivado del tremendo incremento de la comisión de delitos.

Finalmente, si a todo lo anterior se le agregan los datos obtenidos durante un año por los abogados del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, en el sentido del deterioro de la institución del Ministerio Público y la desconfianza de la población propiciada por la corrupción, pues casi el 50 por ciento de los que acuden a esa instancia han tenido que dar dinero a los agentes o policías ministeriales, la realidad no es muy alentadora.

No existe área de la vida de una sociedad que no esté vinculada con su nivel económico; mientras en este país no se generen las condiciones materiales que permitan que la población tenga acceso a una vida digna, con oportunidades de obtener ingresos a través de salarios y actividades lícitas verdaderamente remuneradoras, la delincuencia se incrementará, lo mismo que la corrupción y la impunidad.