El voto de Dios y la Virgen/ Felipe de J. Monroy

Durante el tercer y último debate de los candidatos a la presidencia de la República, destacó una peculiar (y riesgosa) estrategia de vincular las expresiones de fe, la apologética integrista, la pertenencia e identidad religiosa así como la devoción personal con el ejercicio de la política, del poder y de la representación popular.

La utilización política y mercadológica de los símbolos religiosos arraigados en el pueblo mexicano no es una novedad para nadie; como siempre, es relevante analizar por qué el tema siempre termina manifestándose en un proceso político o electoral aunque, en esta ocasión, como no se había visto en más de un siglo, el discurso político-religioso subió de tono ya que se sugirió que un representante popular “debe” dar explicaciones a un líder religioso de sus actos y se afirmó, desde el prejuicio, que la profesión de una fe diferente o la ausencia de la misma denota valores negativos de la persona.

La ley en México es clara: No se puede sugerir ningún tipo de discriminación a nadie por profesar o no una religión. De hecho, el artículo tercero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público exige que ningún documento oficial de identificación debe contener información sobre la orientación religiosa de las personas. La razón es simple: la identidad religiosa no determina ninguna cualidad de la identidad mexicana. Aún más, en el artículo 394 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es terminante con las candidaturas ciudadanas: “Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda”.

No obstante, existen voces (entre las que me incluyo) que recomendamos una profunda reflexión sobre los efectos que estos principios esquizofrénicos provocan en un pueblo al que el Estado le exige dividirse permanentemente como ‘persona política’ y ‘persona religiosa’. Una adecuación moderna sobre el ejercicio pleno de la libertad de conciencia, libertad de pensamiento y libertad religiosa no sólo apela a tener mejores condiciones para los creyentes de cualquier credo sino especialmente para quienes eligen el agnosticismo y el ateísmo como expresiones válidas de su vida individual, social y política.

Lo que ocurrió en el debate y el postdebate en el que las vocerías de uno de los partidos políticos cuestionó desde un integrismo seudorreligioso “la falta de fe” de una de las candidatas es ejemplo suficiente del porqué, mientras no haya armonización entre las dimensiones de la República laica y la libertad religiosa, el que alguien tenga una fe o la ausencia de la misma seguirá siendo utilizado como arma discursiva de prejuicio, sectarismo y fanatismo religioso.

En México ya sabemos qué sucede cuando este tema se relativiza y se intenta resolver por medio de arreglos cupulares. José C. Valadés nos recuerda cómo se ‘dirimieron’ los conflictos político-religiosos en el Porfiriato tras la Reforma: “En lugar de combatir con el alto clero, en vez de suscitar la violencia contra la Iglesia, como lo habían hecho los viejos jacobinos mexicanos, el general Díaz, se propuso y lo logró con creces, poner bajo el ala del Estado a los arzobispos y a los obispos, y serenar la conciencia religiosa con la tranquilidad y la seguridad de quien, teniendo del brazo a los jefes, nada ha de temer a la grey”. Es decir, si el poder político y económico se granjea a la jerarquía, el conflicto se suspende.

Pero también, tras la Revolución y particularmente tras la actitud de persecución abierta de la Ley Calles y la Guerra Cristera, los Arreglos de 1929 pusieron freno a la escalada de agresiones y conflictos. La Ley Calles había encendido hogueras e incendiado inúmeros pueblos orillando a los obispos de México a refugiarse en Estados Unidos, y a los sacerdotes y a los fieles a realizar su ministerio en clandestinidad; pero incluso bajo esas circunstancias realmente adversas, el episcopado mexicano con liderazgos conciliadores como Leopoldo Ruiz Flores (obispo de Tabasco refugiado en Nueva York) y Pascual Díaz Barreto (arzobispo de Michoacán exiliado en Texas) se llegó a un acuerdo moderadamente aceptable, aunque sustentado en una simulación absoluta que ofendió a los cristeros que habían literalmente derramado su sangre en una batalla por la santidad. Al final, se pactó una indiferente coexistencia entre Iglesia y Estado hasta que los intereses de uno u otro los hiciera cooperar juntos esporádica y utilitariamente por mutua conveniencia.

México ya no es el mismo, ni sobrevive esa parte del marco legal posrevolucionario; además, la pluralidad y libertad religiosa se expresa de formas cada vez más naturales. Aún así no nos podemos desprender de esa anécdota histórica sobre el diputado jacobino A. Chavero que se manifestaba antirreligioso en el Congreso pero que, cuando el cura Eulogio Gillow lo visitaba en su hogar le presumía su devoción a una efigie de la Virgen de Guadalupe: “Monseñor, uno es el Alfredo Chavero fuera de su casa y otro en el hogar doméstico”. Por desgracia, esa simulación esquizoide continúa siendo norma en los espacios públicos y políticos.

En conclusión, el problema con la instrumentalización de los símbolos religiosos no es por la Virgen de Guadalupe o la conciencia del pecado, lo imperdonable es el prejuicio que deja entrever esta acusación hecha desde el purismo e integrismo religioso. Dudo mucho que tanto los creyentes de los más diversos credos como los ateos y los agnósticos, deseen que la política pública los discrimine o privilegie según su credo o su libre decisión de no tenerlo. Pero también considero que las dimensiones religiosas, comunitarias y espirituales deben participar sin simulación ni conveniencias en la vida social de la nación mexicana; entender y promover la libertad del prójimo pone en una dimensión correcta, moderna y democrática sus adhesiones, sus principios y valores éticos y religiosos, así como la tolerancia ante la pluralidad.