En Contexto

El desconfinamiento entre el descuido social y la politización como política pública

Es claro que los mexicanos somos daltónicos y no diferenciamos los colores del semáforo federal que pretende ser la puerta al desconfinamiento. Todo indica que somos daltónicos.

Al rojo lo damos por amarillo y al naranja por verde. La mayoría ya se volcó a la calle y son muy pocos los que usan cubrebocas y se lavan las manos.

El mal ejemplo gubernamental de negar las medidas de protección sanitaria se reprodujo como el virus y también puso de manifiesto su incapacidad o indiferencia para establecer políticas públicas de seguridad y salud para la reactivación productiva y del empleo a lo que viene para hacer frente a la crisis económica derivada del coronavirus.

No hay, en los hechos una gestión pública participativa y organizada que influya en la seguridad y salud laboral, con participación de empleadores y trabajadores. Cada quién actúa por la libre, con lo que se abren cauces para un rebrote de la enfermedad.

El principal riesgo es el económico con su consecuencia laboral y, por tanto, social.

Los datos son desalentadores en materia de crecimiento económico, desplome de la inversión y del empleo. El gobierno federal prefirió colocar como prioridad pospandemia a sus proyectos de edificación de obras faraónicas con efectos limitados en materia de empleo e inversión en lugar de aplicar políticas temporales para proteger el empleo formal, sostener el ingresos de los trabajadores de la economía formal e informal y proteger al sector productivo mediante acciones fiscales diluidas en el tiempo.

El proceso de reactivación económica no será fácil porque exige aprender nuevas condiciones de convivencia basadas en educación en seguridad y salud.

Lograr este cambio exige recursos institucionales y presupuestales que garanticen su cumplimiento, porque el proceso tendrá que contemplar horarios de entrada y salida desfasados para evitar aglomeraciones, rutinas de desinfección y sistema de lavado de manos, uso obligatorio de cubrebocas, y un protocolo en caso de que algún ciudadano presente síntomas.

No solo eso, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha recomendado al gobierno mexicano que de prolongarse la crisis, será necesario establecer una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas, con un foco especial en grupos vulnerables como los migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente al COVID-19.

A la fecha, no hay ninguna acción gubernamental que apunte al establecimiento de una estrategia nacional que contemple, no digamos la inmediatez, sino el corto, mediano o largo plazos.

El coronavirus, en México ha significado graves efectos económicos que se caracterizan en el sector formal en términos de reducción de horarios, recorte de salarios y cancelación de fuentes de trabajo, que afectan sustancialmente a los hogares y al consumo.

Pero el efecto también ha repercutido en el sector informal ya que, a partir del confinamiento, se cortaron las fuentes tradicionales de ingresos del universo social que subsiste en este segmento que aporta más del 60 por ciento del PIB nacional, especialmente de las mujeres trabajadoras.

Con mayor crueldad las consecuencias también han sido negativas en sectores intensivos en mano de obra como el turismo, comercio, manufactura, inmobiliaria y entretenimiento han sido altamente afectados. Además, las Micro y Pequeñas Empresas concentran alrededor de 90 por ciento del empleo nacional y que están en riesgo de desaparecer.

Esta situación afectará necesariamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad.

Las acciones planteadas por el gobierno mexicano frente a la crisis económica impuesta por la emergencia sanitaria están sustentadas en acciones clientelares con objetivos electorales y obras de infraestructura que, aunque generarán empleos e inversión, éstos serán temporales y de tan baja remuneración que no garantizan el impulso necesario para la reactivación de la economía.

Aunque la proclama fue el bienestar, frente a los problemas del país la oferta de la política pública es electorera y de descuido social.