El derecho a la salud no puede quedarse en el discurso
México vive rodeado de pronósticos de derrumbe. Cada semana parece anunciar una fractura definitiva. Cada disputa política se presenta como señal de descomposición institucional. El diagnóstico se repite con insistencia: crisis de gobernabilidad. Pero la realidad política es menos simple. El aparato estatal sigue funcionando. El sistema constitucional continúa produciendo decisiones.
La administración pública opera. Las Fuerzas Armadas respaldan al Ejecutivo. Los mercados no reaccionan como si el país estuviera al borde del colapso. Nada de eso significa estabilidad plena. Significa otra cosa: un poder estatal que todavía se ejerce, aunque sometido a presiones simultáneas.
Claudia Sheinbaum gobierna en ese punto de tensión. Su margen de maniobra está rodeado por tres frentes que no dependen sólo de su voluntad: la relación con Estados Unidos, la disputa política interna, y la compleja red de liderazgos que permiten convertir un proyecto político en un hecho verificable. A ese tablero se suma un actor que no compite en elecciones pero condiciona territorios: el crimen organizado. Ese es el verdadero escenario de la gobernabilidad mexicana.
Veamos. Primero. Conviene empezar por lo esencial. El Estado mexicano no ha perdido su capacidad de mando. Recauda impuestos. Administra infraestructura estratégica. Regula el comercio exterior. Organiza elecciones.
Opera un sistema judicial. Mantiene interlocución con gobiernos extranjeros. Ninguna fuerza política disputa el control nacional del poder. No hay levantamientos armados. No hay ruptura constitucional. No existe un vacío de autoridad central. Pero ese poder tampoco es absoluto.
En diversas regiones del país el crimen organizado condiciona la vida económica y social. Define rutas comerciales. Impone reglas informales. Determina quién puede trabajar, circular o producir. No reemplaza al Estado.Pero lo limita. Esa coexistencia produce una forma peculiar de gobernabilidad: un Estado presente, pero obligado a administrar territorios donde su autoridad no siempre es exclusiva.
Ese fenómeno no surgió con el gobierno actual. Tiene raíces profundas. Sin embargo, su impacto político se ha vuelto hoy más visible. La violencia criminal no sólo genera víctimas. También erosiona la percepción de control estatal. Y la percepción de control es una pieza central de la estabilidad política.
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