Indicador Político

Pasividad de INE ante violencia; debe

suspender elección en Valle de Bravo

Bajo el criterio de que la seguridad es un asunto federal, el Instituto Nacional Electoral sigue deslindándose del clima de violencia en el área que le corresponde: agresiones y asesinatos de candidatos y lucha delictiva entre algunos aspirantes.

La crisis de seguridad en Valle de Bravo ejemplifica la crisis: un grupo criminal secuestró a una candidata opositora para exigirle el retiro de la competencia, a fin de beneficiar a la candidata oficial. El asunto estalló en medios. Y el INE ha guardado sospechoso silencio. Ahí, en Valle de Bravo, se necesita una decisión radical: suspender el proceso porque el crimen organizado está determinando quién debe ganar y no la voluntad de los electores.

Y la lista de municipios, gubernaturas y distritos electorales con candidatos tocados por el crimen organizado es muy amplia; en este contexto, el INE tiene la capacidad para suspender elecciones y obligar al Estado a asumir la responsabilidad de la seguridad más allá de la asignación de escoltas. La violencia electoral ha revelado uno de los temas que hasta ahora todos están eludiendo: la gobernanza criminal en zonas territoriales de la soberanía del Estado.

La obligación del INE es garantizar un proceso de elección libre de gobernantes. Y al INE le corresponde la validación de candidaturas. En consecuencia, el organismo debe abrir una investigación sobre las candidatas en pugna para determinar hasta que punto el crimen organizado está decidiendo una elección. Hay un número preocupante de candidatos que han sido señalados en medios por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado o que están siendo beneficiados por bandas criminales que tienen el control de plazas territoriales electorales.

Si el INE no suspende las elecciones en Valle de Bravo y otros municipios y estados donde el crimen organizado tiene el control --el Cartel Jalisco tiene el dominio territorial y criminal del municipio de Aguilillas, Michoacán, donde se va a elegir gobernador--, entonces será cómplice de resultados electorales basados en disputas de bandas criminales contra candidatos que se niegan a pactar con los delincuentes.

La verdadera defensa de la democracia no está en libros parciales de escasa lectura --el INE tiene que regalarlos--, sino en el uso de facultades legales y en alianzas formales con las fuerzas de seguridad del Estado para impedir que el crimen organizado tome el control institucional de estados y municipios por la vía electoral. De nueva cuenta el caso de Valle de Bravo es explicativo: una banda criminal obliga a una candidata a retirarse para beneficiar a otra.

Varios estados de la república se encuentran ahora mismo sumidos en el conflicto de la violencia electoral por relaciones con el crimen organizado: Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California, Ciudad de México, Zacatecas, Puebla, entre los más importantes. Han sido zonas donde ha habido amenazas, secuestros y asesinatos de candidatos y de intervenciones de grupos criminales para beneficiar a algún candidato en detrimento de otro.

El INE no debe rehuir sus responsabilidades. Más aún: tiene formas para exigir al gobierno federal mejores condiciones de seguridad, entre ellas la presión de anular elecciones por la inexistencia de condicione democráticas. La suspensión de elecciones en Valle de Bravo por decisión del INE podría ser un factor de atención obligada a una crisis que involucra primero a la seguridad estatal en una zona ya capturada por las bandas criminales por fronteras geográficas estratégicas y por el gobierno federal vía la presencia de la Guardia Nacional.

Si el INE no decide nada en Valle de Bravo, la próxima administración municipal, gane quien gane, habrá sido decidida por el crimen organizado, no por el voto democrático de la sociedad.