Indicador Político

Cuando el ya basta no basta; la prensa ya no es parte del sistema

Las protestas a nivel nacional por el asesinato reciente de dos periodistas en activo siguen probando que los gritos de “ya basta” y “ni uno más” no resuelven nada y se convierten en parte de las coartadas de los grupos de interés que promueven las agresiones contra los profesionales de la información, sean del crimen organizado o de los diferentes niveles de las estructuras políticas.

El inicio del largo ciclo de acoso contra la prensa comenzó en 1973 con el boicot publicitario organizado contra el periódico Excélsior por un grupo de empresarios radicales y gobiernistas encabezados nada menos que por Juan Sánchez Navarro, una de las cabezas del poder empresarial que se aliaba al Estado para sacar beneficios y se confrontaba cuando el gobierno tomaba decisiones adversas a las tasas de utilidad.

Otros tres sucesos involucraron agresiones contra la prensa: la utilización de un conflicto en la cooperativa de Excélsior para propiciar la decisión del director julio Scherer García de abandonar la dirección del periódico, la definición en 1981 y 1982 de la doctrina López Portillo de utilizar el presupuesto de publicidad del gobierno como mecanismo de premio-castigo contra la prensa crítica y el asesinato en mayo de 1984 del columnista Manuel Buendía por sus textos que denunciaban por primera vez la complicidad de estructuras de seguridad, políticas y de gobierno con las primeras bandas organizadas del narcotráfico.

Las protestas de los profesionales de la información han sido desdeñadas por carecer de instrumentos de presión. En este contexto, se podrían tomar cuando menos cinco decisiones que le dieran a la prensa agredida instrumentos de negociación frente a la pasividad-complicidad gubernamental:

1.- La creación de una organización no gubernamental de carácter jurídico para acompañar todos los procesos legales en contra de la prensa, porque hasta la fecha los periodistas agredidos tienen que contratar y pagar sus propios abogados. Esta organización debería estar financiada con presupuesto público y aportaciones internacionales, pero con autonomía de gestión para poder exigir rendición de cuentas a las inútiles comisiones legislativas de protección de periodistas y a las oficinas públicas que no han resuelto prácticamente ningún expediente de agresión.

2..- La construcción de una organización similar al Comité de Defensa de Periodistas que existe en Estados Unidos y que funciona como oficina de asesoramiento a periodistas. Inclusive tener convenios operativos con este comité y de manera sobresaliente con la organización Reporteros sin Fronteras que se dedica a emitir informes de denuncias sobre represiones a comunicadores. Este Comité y la ONG deberían estar apoyadas con financiamiento de las universidades públicas del país como parte de sus tareas de extensión universitaria.

3.- Atender el reclamo del periodista Rogelio Hernández López (https://www.ejecentral.com.mx/miradas-de-reportero-desinteres-periodistas-primer-dialogo-nueva-ley-proteccion/) para que reporteros y organizaciones existentes atiendan y participen en el diálogo para sustituir la inútil ley de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, de tal manera de que se pueda arribar a una nueva legislación con mayores facultades de exigencia de cuentas y participación en las investigaciones.

4.- Que organizaciones mexicanas de defensa de periodistas, sobre todo en los estados que padecen cacicazgos autoritarios intocables, formalicen acuerdos operativos con la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de crear observaciones de supervisión internacional no solo sobre los grupos que atentan contra periodistas y la libertad de expresión, sino que se conviertan en factores de presión sobre las instancias legislativas y judiciales que han sido burladas por los agresores y asesinos de periodistas.

5.- Y la configuración de un consejo nacional de agrupaciones locales de defensa de periodistas para crear un sólido frente de negociación con las autoridades. Se requerirá de la voluntad de los propios periodistas para evitar competencias internas, personalismos distractores o la politización inducida desde el poder para evitar una prensa unida contra las agresiones criminales y gubernamentales.

Si no, seguirán las inútiles marchas y los desatendidos gritos de ya basta. La lista de periodistas agredidos representa una pesada carga moral sobre los propios periodistas que hasta ahora no han sabido defender su oficio.

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