Indicador político/Carlos Ramírez

A Ciro Gómez Leyva, con apoyo solidario absoluto

En 1990, en medio de la agudización de tensiones políticas en el entonces DF por el tono excluyente del discurso del presidente Salinas de Gortari y la consolidación de una fase muy importante de la crítica al presidencialismo, el regente Manuel Camacho Solís conversó con algunos columnistas que no eran del agrado de Los Pinos y les solicitó autorización para que aceptaran escoltas judiciales ante el clima de tensión política que pudiera afectar la precaria estabilidad.

–No quiero otro Manuel Buendía en la ciudad –fue el eje de su argumentación, recordando el caso del columnista de Excelsior que fue asesinado en mayo de 1984 en plena calle de la entonces Zona Rosa, en el corazón de la ciudad, por dos sicarios que huyeron en una motocicleta.

La relación Gobierno-prensa se había tensado por el agotamiento de los viejos mecanismos de dialogo, entendimiento y hasta complicidad de los altos funcionarios con los espacios de opinión de los periódicos y Camacho se estaba adelantando a crear condiciones de control institucional donde había quedado no solo un vacío político, sino que estaba abandonando a los comentaristas en el lado contrario del camino gubernamental.

Aunque no fue del agrado de Salinas porque quería demostrar la capacidad de poder del Estado para condicionar mecanismos de protección, Camacho por aquel entonces contaba con la asesoría muy importante en materia de seguridad de Javier García Paniagua (padre de Omar García Harfuch, el actual secretario de seguridad en CDMX), una de las figuras determinantes de la estructura de seguridad nacional del Estado en sexenios anteriores y cerca de Camacho en materia de seguridad pública capitalina.

Años después, en 1994, Camacho fue acusado por Salinas de haber creado el clima inestabilidad en el que se dio el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio. En una carta dirigida a don Luis Colosio Fernández, padre del candidato sacrificado, Camacho escribió en octubre de 1995: “nadie por sí mismo, en ningún país, en ninguna sociedad, crea climas políticos. Un clima político es la suma de hechos y de todas las opiniones”.

Por tanto, se escribió en Indicador Político mucho tiempo después, el enrarecimiento del clima político en 1994 fue producto de la pérdida de control político del país por parte del presidente Salinas. Los climas políticos, en efecto, no consuman crímenes, pero sí ayudan a configurar los escenarios de la criminalidad. Lo que Salinas no ha podido aclarar es cómo ocurrió un crimen con características de magnicidio en un ambiente político descompuesto y proclive a los asesinatos por el poder.

El actual clima de la relación Gobierno-prensa ha creado condiciones de vulnerabilidad para los medios de comunicación por la confrontación asimétrica del presidente con la prensa crítica y por la mano libre del crimen organizado contra periodistas que denuncian la expansión delictiva, en tanto que el Gobierno en modo de Estado no ha logrado construir una estrategia de estabilidad en materia de seguridad, más aún cuando la larga lista de periodistas asesinados y agredidos han quedado al descubierto frente a decisiones criminales de la delincuencia organizada y a la respuesta autoritaria en bajos niveles administrativos que reproducen los cuestionamientos presidenciales.

El problema no es que el presidente ejerza su derecho de réplica en la máxima tribuna política del país –las mañaneras–, sino que los diferentes niveles de Gobierno no pongan en marcha los mecanismos legales existentes para garantizar el derecho a la crítica en directo o como contrarréplica, justo la argumentación de Camacho. Las estructuras gubernamentales intermedias de protección de periodistas y defensores de derechos humanos han fallado en su funcionamiento, con la circunstancia agravante de que las áreas de seguridad pública que deben garantizar la protección del ciudadano tampoco se han preocupado por crear dispositivos que adelanten los acontecimientos y que eviten casos como el de

Buendía en 1984 y el reciente de Ciro Gómez Leyva la semana pasada.
Lo grave del caso de Ciro fue haber ocurrido después del atentado criminal que sufrió el secretario de seguridad pública capitalino García Harfuch por un comando del CJNG, dejando el mensaje de que el responsable de la seguridad fue vulnerado con la agresión en su propio territorio y que por lo tanto cualquier ciudadano queda descuidado de los atropellos de la delincuencia. El clima adverso contra la prensa ocurre por confrontaciones presidenciales y por acciones criminales contra quienes denuncian la inseguridad y revelan complicidades con el poder.

El clima presidencial en la relación con la crítica debe obligar a las autoridades a proteger la opinión antes de que ocurra otra tragedia como la de Buendía.