Indicador político/Carlos Ramírez

Crisis de la transición 1977-2000

3.- Democracia alemanista: PRI e INE

En una declaración de tufo porfirista al periódico El País, los consejeros electorales Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón se vieron muy maquiavelianos al reconocer como verdad efectiva “que la democracia no está en el ADN del mexicano“, un argumento que contradice todos sus discursos, posicionamientos y libros que han convertido la democracia en un tótem indígena.

Lo peor de todo es que los dos consejeros electorales tienen toda la razón. La democracia no solo no está en el ADN de los mexicanos, sino que tampoco logró consolidarse en la estructura política que ha dirigido las reformas de adecuaciones electorales en los últimos 46 años. Y esta apreciación ayudaría a entender el fracaso de la transición mexicana a la democracia.

La gran aportación ideológica del régimen priista se localiza en la dialéctica de funcionamiento del sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional: la relación entre democracia y bienestar que se constituye en el eje rector de la política mexicana.

El PRI, el PAN, el PRD de expriistas, las élites intelectuales que encontraron a la democracia a la vaca a la cual ordeñar de manera permanente se basaron en la propuesta del presidente Miguel Alemán Valdés al arrancar su administración en diciembre de 1946 y su decisión clave para destruir el modelo populista del cardenismo y construir el modelo político de inversiones sociales para el control político. En su reforma del artículo 3º, Alemán aportó el eje político-social-ideológico del régimen priista: el dilema democracia y bienestar que se ha resuelto siempre a favor del segundo, sacrificando avances democráticos en aras de un autoritarismo presidencialista que garantizara la inversión directa a sectores no propietarios.

En el inciso a) de la reforma al 3º constitucional, Alemán definió que el nuevo criterio de la educación que liquidaba el modelo cardenista de educación socialista era su carácter democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen de gobierno, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico con más social y cultural del pueblo”.

Esta definición ha justificado los endurecimientos represivos del régimen de la Revolución Mexicana y del PRI desde 1917 e inclusive permaneció inmutable en los dos gobiernos panistas, siguió latente en el regreso del PRI peñista a la presidencia y fue revalidado como eje rector en el proyecto lopezobradorista.

En una encuesta realizada en 1963 por los politólogos Gabriel Almond y Sídney verba sobre cultura cívica en cinco países de Occidente, para el caso de México una de sus conclusiones centrales fue el grado de confianza y dependencia absoluta del ciudadano en dos de los valores de la esencia autoritaria: la Revolución Mexicana y el presidente de la República, no la democracia.

En este contexto y reforzado por los criterios porfiristas o neoporfiristas de Córdova y Murayama, la ausencia de democracia se encuentra en el eje de la ideología populista que ha transitado a la sociedad y a la República desde la Constitución de 1917 hasta los planes políticos del presidente López Obrador: el populismo como ideología de un proyecto social vigente –aún con un PRI que ya no es el partido de la Revolución Mexicana sino neoliberal, el PAN presidencial y el lopezobradorismo– que definió con claridad el politólogo Arnaldo Córdova –padre del actual consejero presidente del INE– en su ensayo seminal y clásico La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen, (Ediciones Era, 1973), al caracterizar “el régimen de la Revolución Mexicana como un régimen populista”.

En la lógica del debate actual sobre la democracia que el INE de Córdova y Murayama quiere reforzar desde el populismo de Estado priista, el modelo ideológico alemanista sigue determinando los comportamientos y entendimientos sociales: las masas no propietarias ni participantes de la dinámica sistémica definen sus simpatías por el bienestar garantizado de las políticas públicas y solo la élite que tiene resueltas sus necesidades insiste en el debate sobre la democracia procedimental que en realidad trata de incrustar a una nueva élite gobernante en los espacios del Estado.

Las nuevas élites académicas que quieren seguir controlando instituciones del Estado están tratando de construir un discurso que pudiera transformar a la democracia procedimental que suele beneficiar a la derecha social en un bien público intangible similar, por ejemplo, a las tarjetas de bienestar y a los subsidios sociales que sobrevivieron al neoliberalismo 1983-2018.

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