Indicador Político/Carlos Ramírez

Tercera fase del TCL salinista: el regreso del Estado rector

La prueba de fuego del Tratado de Comercio Libre firmado por Carlos Salinas de Gortari en 1993 y que arrancó en el Chiapas zapatista no se dará en los tribunales internacionales que le quitaron soberanía económica a México, sino en el desafío del Estado para regresar con la preponderancia energética con las empresas CFE y Pemex en quiebra técnica.

Los juicios abiertos por empresas privadas tendrán que llegar a un entendimiento con el Estado mexicano en modo de rector de la economía y de sector productivo directo o arriesgarse a dar por terminada la vigencia del acuerdo comercial y regresar a los tiempos del aislacionismo productivo.

Y en el escenario doméstico, el litigio en tribunales con empresas extranjeras que obtuvieron contratos ventajosos sin garantizar beneficios sociales se convertirá en la piedra de toque que definirá la candidatura presidencial de Morena para 2024 y colocará al PRI, al PAN y al ahora derechizado PRD ante la necesidad de reconstruir el modelo económico neoliberal salinista para los próximos 25 años, pero a partir del fracaso productivo y estabilizador y de promoción de la desigualdad social del Tratado vigente.

Los litigios anunciados el martes en la tarde por la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, se van a circunscribir a denuncias concretas de empresas que no han encontrado solución en la CFE y Pemex, pero se están potenciando como puntos de redefinición integral del papel del Estado mexicano en la economía y de las relaciones totales de Estados Unidos con México. La reforma lopezobradorista en materia de energía replantea los términos de los contratos a empresas privadas y deja claro el regreso del Estado a la preponderancia mayoritaria --no al 100%-- de las dos empresas públicas en el tema de la privatización energética.

El Tratado comercial firmado por Salinas en 1993 duró hasta 2018 en el que entró en una segunda fase por decisión --no hay que dejar de subrayarlo-- del presidente Donald Trump en fase de regreso al aislacionismo económico y con decisiones concretas para violentar la integración bilateral logrando mayores beneficios para las empresas estadounidenses, a costa de empresas mexicanas.

Si bien se recuerda, México perdió espacios económicos y soberanía con esas reformas de Trump y sobre todo con la manipulación política y de seguridad nacional de la Casa Blanca en ese entonces para amenazar a México con aranceles si las fuerzas de seguridad mexicanas no se ponían el uniforme de patrulla fronteriza americana para contener a cualquier costo y por cualquier vía las caravanas de migrantes que se enfilaban hacia Estados Unidos, incluyendo además la imposición a México --con amenazas dentro del Tratado-- del papel de tercer país seguro para permitir el asentimiento en territorio mexicano de decenas de miles de solicitantes de visas americanas.

El modelo del Tratado que firmaron Carlos Salinas de Gortari y los presidentes George Bush Sr. y William Clinton obedeció a la lógica del llamado y reiterado aquí Memorándum Negroponte, por medio del cual el entonces embajador estadounidense John Dimitri Negroponte apresuró en 1991 a firmar el Tratado para obligar a México a subordinar su política exterior y sus intereses de seguridad nacional a las prioridades de la Casa Blanca e imponer el modelo económico neoliberal.

El modelo económico lopezobradorista quiere reconstruir el papel del Estado como rector de la economía, debido a que los espacios de definición productiva se trasladaron a las empresas trasnacionales, a cambio de una integración que multiplicó por 10 el comercio exterior pero que evitó en todos estos años de un modelo de reconstrucción industrial: la participación de productos mexicanos al valor agregado a productos de exportación dentro del tratado ha bajadode 59% en 1993 a 40% en 2020, es decir, que la política mexicana de desarrollo neoliberal tomó el camino fácil de la maquilización regresiva porque el Estado neoliberal de Salinas a Peña Nieto nobuscó una política nacional de reconstrucción de la planta productiva.

Los litigios que se vienen en los tribunales del Tratado tienen múltiples aristas, pero con datos reveladores de que servirán para definir los rumbos económicos en el escenario de las candidaturas presidenciales y las elecciones de 2024.

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