La pluma por la espada

 LOS ACUSO DE CORRUPTOS, NO DE PEND…

“Es preferible el abuso de la libertad de expresión que la censura a la misma…”: Ernesto Zedillo

Aunque de dientes para afuera, la frase anterior la dijo el citado personaje cuando fungía como presidente de la República, cuando para entonces, entre los años 1994 y 2000, había un auge de opinión liberada en los medios de información, empujada por los tiempos de cambio sociopolítico y la revolución en los medios de comunicación.

Obvio que no imaginaba el avance en el desarrollo del internet ni la interconexión de las redes sociales y demás vías de expresión libre, menos la extensa y veloz difusión que alcanza cualquier información o la, necesariamente bautizada, “desinformación”.

Rara connotación, pues una vez informado, desinformar, sería olvidar lo sabido, pero el siempre florido folklore mexicano tiene reservado su definición a todo lo conocido y por conocer, hoy con la globalización se ha puesto de moda el término acuñado por el tristemente célebre presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las “fake news” -noticias falsas- (que por cierto han resultado ciertas muchas de ellas).

Tan simple que es usar las palabras correctas: verdad o mentira.

Con el acceso a las vías de comunicación y expresión digitales, se generalizó el privilegio que ostentaban los periodistas y comunicadores de los medios informativos, como los periódicos, revistas y los conductores del radio y televisión, pues estos requerían de la especialización o, por lo menos, del consentimiento de publicar, pero ahora cualquier persona, incluso antes de convertirse en ciudadano, puede opinar lo que se le antoje, y peor aún puede difundir “lo que se le ocurra”.

Así también dejaron de ser objeto de noticia, señalamiento y crítica los personajes de la vida pública, los actores y actrices, cantantes y gente del espectáculo en primer plano, seguidos de los deportistas destacados, los políticos y empresarios, así como la gente de la alta sociedad, hoy llamados “socialités”, famosos todos.

No. Ahora cualquier persona, literalmente todos, podemos ser blanco de escrutinio y víctima de la mentira, de la mala interpretación o de los sesgos en la información, como dijo también el autor de la frase con la que abrimos esta entrega, Zedillo: “medias verdades”.

Sin embargo, con reservas de cada caso, las falsedades en los medios informativos formalmente editados deben ser aclaradas, como bien lo garantiza la Constitución mexicana y las leyes que de ella emanan, con el derecho de réplica (Artículo 6º).

Pero las interpretaciones, sesgos en la información o complementariedad, debe ser debatida, más no denunciada, principalmente referente a los políticos, quienes realizan una labor por la que es legítimo cobren, cierto, pero son pagados con dinero público que lo obliga a dar explicaciones y ser claros en su actuar.

De lo contrario es porque no se tienen argumentos ni intelectuales, menos morales para rebatir señalamientos o acusaciones en contra de los políticos, pues acudir a la denuncia contra lo publicado en el ejercicio periodístico, es signo de dichas carencias y abona la creencia de información acertada.

No hay duda de que el periodismo es utilizado malsanamente y sirve de escudo a los propios contrincantes políticos, pero el ataque legal a esa libertad de expresión, publicación y difusión es inaceptable en la política, más aun siendo los mismos políticos que se dicen víctimas, quienes han confeccionado leyes y reglamentación que los inmunice a la crítica o señalamiento, castigando a los periodistas y comunicadores.

Así el lamentable caso del diputado local perredista Alberto Amaro Corona, quien en su afán de ser el candidato a senador por la coalición “Por México al Frente”, pretende presentar a la ciudadanía una trayectoria política inmaculada, misma que ha sido manchada en múltiples ocasiones al comprobarse el provecho político que ha sacado de su condición de líder de comerciantes ambulantes de San Martin Texmelucan, por demás ajenos a Tlaxcala.

Ahora el legislador papalotlence, denunció el viernes pasado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al periodista Víctor Hernández Tamayo por haber escrito éste en su portal de noticias que, como presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo, Amaro Corona, negoció con alcaldes la aprobación de sus cuentas públicas a cambio del apoyo a su candidatura, lo cual se vio reflejado tanto en el acarreo de personas a los eventos del diputado como se verá en la solventación de observaciones a municipios en sus cuentas del 2017.

Recurrir a la ley amañada es la CONFIRMACIÓN de lo señalado, ya que lo que se exige con la demanda judicial, es la comprobación del acto, a sabiendas de que no habrá tales pruebas de la corrupción en la que se incurre, y la que es señalada por la publicación, lo cual es, inclusive, una práctica y propósito del periodismo.

De haber pruebas antes de ser revelado por el periodista en los medios informativos, sería un acto denunciado ante la autoridad judicial, pero la característica de la corrupción, el peculado, la extorción y el cohecho es la secrecía, por lo que es ingenuo creer que los corruptos dejarán pruebas de su conducta ilegal.

Si es por denuncias judiciales contra el quehacer periodístico… entonces la corrupción no existe.

Como dijese algún político (Luis Cabrera) aquella frase célebre:

“Lo acuso de (ladrón) corrupto, no de pendejo…”

DUDAS.

¿Será como respondió a quien esto escribe el precandidato a la presidencia, Ricardo Anaya, que los militantes de los partidos aliados en el “Frente por México” anteponen los intereses de la nación sobre los personales?

¿De verdad las imposiciones que deja la alianza de PAN-PRD-MC-PAC garantizará el apoyo de los aspirantes marginados?

¿El apoyo de los liderazgos locales a quienes resulten candidatos de las diferentes alianzas se garantiza por negociaciones políticas por negociaciones económicas o con una varita mágica?

¿Será la Traición y la Simulación los actores principales en estas elecciones y fieles de la balanza?

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