Mejorar la promoción docente/Horacio Erik Avilés Martínez

Un ideal hasta ahora inalcanzado en el sistema educativo estatal ha sido establecer políticas públicas meritocráticas, transparentes y justas para que sean los mejores profesionistas disponibles en el mercado laboral quienes ocupen las plazas docentes de las escuelas públicas michoacanas, así como conformar los lineamientos una carrera para las maestras y maestros que les permita contar con las mejores condiciones para el ejercicio de su vocación en sus respectivos centros de trabajo, obtener formación continua pertinente para afrontar los retos profesionales que se encuentran en constante y compleja transformación, a la par que contar con procesos de oposición abiertos para alcanzar ascensos, de acuerdo con sus méritos logrados en el servicio. 

El contraste entre aspiración y realidad es inmenso: abundan las recíprocas acusaciones de corrupción, de tráfico de plazas, la exigencia y el malestar de los grupos gremiales y sindicales, la polarización y politización del magisterio, la opacidad, vacíos legales, requisitos absurdos, sospecha de componendas entre grupos fácticos y funcionarios aunadas a la ausencia de un sistema de gestión electrónica del proceso vuelven aún más tortuoso el proceso, el cual culmina siendo prácticamente imposible de transparentarse, por todas las implicaciones que les conllevarían a las autoridades involucradas. 

La situación es desesperante, ya que el ejecutivo estatal menciona que se acabó la venta de plazas, pero no se ha sabido que actúe en consecuencia para vincular a proceso a los responsables del abusivo saqueo al que durante décadas se ha sometido a la nómina educativa. ¿Quedarán impunes? Paralelamente, vemos a muchos políticos, integrantes de fracciones sindicales y gremiales dedicados de tiempo completo a actividades muy ajenas a la educación de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. Sin embargo, cobran como si ejercieran el magisterio. Y cobran muy bien. 

Así también se habla de que se entregaron ya 2 mil 400 plazas docentes durante los 20 meses de la actual administración estatal, cifra que, en buena medida tiene que ver con el compromiso presidencial de asignar plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, pero que merece trazabilidad y transparencia total, haciéndose necesario se evidencie en un micrositio del portal electrónico oficial de la SEE el nombre de los egresados de las escuelas normales durante el periodo citado, el de los inscritos en los procesos de ingreso, de los beneficiarios y la ubicación de los centros de trabajo asignados, respectivamente. 

Desde su arranque de actividades en 2009, Mexicanos Primero Michoacán ha dado seguimiento especial a los procesos de ingreso y promoción docente, ya que estamos plenamente convencidos de que la excelencia de nuestro sistema educativo estatal nunca podrá exceder a la de sus docentes y directivos, principales garantes institucionales de los derechos a estar, a participar y a aprender de las generaciones en formación. Lamentablemente, a la fecha no hemos podido constatar la existencia de un solo proceso de ingreso o promoción que no haya resultado manchado por irregularidades de toda índole y magnitud. 

En ocasiones, durante procesos específicos, como organización de la sociedad civil hemos incluso coadyuvado en la defensa jurídica de los derechos profesionales de los docentes participantes. 

Una década después, a la fecha se siguen suscitando prácticas que parecieran diseñadas especialmente para disuadir a quienes participan por derecho propio en los procesos de promoción docente, desde su inicio hasta su conclusión, incluidas absurdas demoras en el pago de los nuevos salarios. En esta edición 2023, la promoción vertical estuvo plagada de casos de irregularidades que están viendo la luz. 

La exclusión de profesores con plaza estatal por convocatoria, la ausencia de reporte del número real de vacancias por parte de los planteles, supervisiones, sectores y niveles educativos hacia la UESICAMM, la falta de respeto a requisitos estipulados en la convocatoria como no tener encargaturas de despacho para poder aspirar a la promoción vertical, la entrega de resultados sin explicación de por medio, entre muchas otras incidencias más campearon durante los últimos días de mayo, en los cuales se llevaron a cabo los eventos por vía virtual en la plataforma Zoom.

El evento denominado “público”, al ser convocado con horas de anticipación fue completamente cerrado, por invitación, a pesar de la presencia de funcionarios educativos, de la Secretaría de Contraloría, así como de representantes sindicales y gremiales, quienes nada objetaron ante la evidencia de la imposibilidad de ingresar para la ciudadanía en general a atestiguar los eventos.

Además de titubear y no tener claridad ni argumentos, la autoridad estatal, aparentando sincronía con la federal desconoció su propio proceso de asignación de claves directivas en todos los niveles, realizado en marzo pasado. El segundo intento, realizado la última semana de mayo, apenas al margen del periodo oficial de asignación de claves directivas y de supervisión se llevó a cabo. Hubo afectados, que ahora no lograron reasignar su clave y seguramente no quedarán cruzados de brazos ante las afectaciones a sus derechos. 

En junio sobreviene el periodo de entrega de encargaturas, el período más crítico de disputa a ras de piso entre fracciones sindicales, personas a derecho propio, equipos políticos e intereses de funcionarios, campeando la impunidad para los centros de trabajo que no acepten al nuevo director o supervisor. 

En suma, los abusos han afectado a cientos de trabajadores de la educación, quienes más allá de atestiguar la transgresión a sus legítimas aspiraciones, conocen una realidad que no se había develado ante sus ojos: las redes de corrupción y su modus operandi, cuyos integrantes no vacilan en amedrentar, intimidar, cooptar, pedir sobornos, falsificar documentación, mentir abiertamente, ignorar solicitudes de acceso a la información, coludirse con las autoridades fiscalizadoras, entre muchas otras maniobras.

Las quejas en medios de comunicación no se han hecho esperar. Como cada año, los trabajadores afectados comienzan a declarar, a dar su visión y a manifestar inconformidades, muchas veces compartiendo públicamente las evidencias de los actos indebidos de las autoridades. 

Las acusaciones de colusión entre autoridades y fracciones sindicales ha sido una constante. Los actores gremiales no dejan de actuar al filo de la legalidad al publicar sus propias listas de prelación con carácter de “oficiales”, las cuales no solamente interpelan el discurso anticorrupción oficialista, sino ponen en entredicho la posesión de la rectoría educativa y exacerban las sospechas de tráfico de ascensos.

La táctica de los autores de las irregularidades es apostar a la desmemoria, al olvido colectivo, al cansancio de los afectados, a esperar agazapados a que la tormenta amaine para poder volver a salir a la calle.

Muchas veces, los involucrados institucionales no han resistido y, ante el alud de acusaciones y evidencias, han tenido que dejar sus respectivos cargos. Lo que preocupa es que, nunca se ha quedado uno de ellos en la orfandad total ni en el desempleo, sino que invariablemente han sido permutados de cargo, sosteniéndolos en la función pública, ya sea como personal de confianza o incluso basificándolos. 

De manera muy sincrónica con la inminente expiración del proceso de promoción vertical, varias expresiones sindicales salieron a realizar medidas de presión social para lograr mesas de negociación. En frases ambiguas como “estabilidad laboral”, “respeto a los procesos” y otras más resumían su ambición de manipular los procesos de promoción para colocar a sus respectivos incondicionales en posiciones de poder vitaliciamente, lo cual les permite amplificar el control que a la fecha sostienen de escuelas, zonas y regiones enteras. 

Paralelamente, existen cuestionamientos firmes respecto a los números de vacantes totales existentes y las reportadas. Así también, en torno al cumplimiento total de los requisitos por parte de los aspirantes inscritos. Asimismo, es importante tomar en cuenta que, por ley, la posibilidad de recibir una asignación por promoción vertical expiró el 31 de mayo. Con esto, quiere decir que a los aspirantes que no resultaron favorecidos se les acaba la posibilidad. 

Por supuesto, existe la posibilidad de recurrir los actos de autoridad del ejecutivo estatal, pero es un camino cuesta arriba que, en todo caso, favorece a quienes reclaman puntualmente, siendo común que las autoridades, cuando se ven perdidas en los procesos legales en su contra, busquen negociar con los quejosos, otorgándoles lo reclamado a cambio del más amplio desistimiento, con lo cual quedan prácticamente impunes los actos indebidos. Este modus operandi se repite año tras año. Es decir, la ley de la inercia prevalece y el sistema se protege a sí mismo de generar cambios al respecto.

Las afectaciones sobrevienen en un muy amplio espectro. Por ejemplo, el enrarecimiento del clima laboral, ya que lo que en el papel era un proceso de sana oposición abierta se convierte en una lucha encarnizada. Repercutiendo posteriormente en que, víctimas y victimarios de un proceso opaco y con reglas oblicuas convivan e incluso tengan relación laboral como si nada hubiera pasado. Así también, se suscita la socavación del estado de derecho, que a su vez conlleva la ruptura total de la cultura de la meritocracia, del esfuerzo y de la evaluación. 

Lo anterior se acompaña de un protagónico intermediarismo gremial inefectivo, ya que es clásico que, a los maestros afectados les ofrecen apoyo fracciones sindicales, con o sin toma de nota, pero en la práctica no llegan hasta las últimas consecuencias. Lo anterior suscita suspicacias, toda vez que los representantes deben abogar por los derechos de sus defendidos, por todos los medios legales a su alcance. 

Aunado a lo anterior, deben de presentar recomendaciones y propuestas de mejora para los posteriores procesos, hecho en el cual quedan bastante a deber, toda vez que vemos en los eventos públicos a representantes diversos, quienes permanecen en silencio y ni ante los reclamos de los participantes violentados se salen de su papel de convidados de piedra, evidenciando con su mutis potenciales conflictos de intereses o posibles acuerdos con valores entendidos de por medio. Lo anterior se acompaña de la pérdida de autoridad de los funcionarios responsables, como consecuencia natural del detrimento de su legitimidad, asi como la inmediata indignación social que sobreviene al conocerse los enésimos atropellos suscitados en contra de los trabajadores de la educación que aspiran a la movilidad laboral.

Las afectaciones a las niñas, niños y jóvenes son inmensas, porque no tienen a los mejores profesionales de la educación ocupando cargos directivos ni de supervisión y el malestar docente cunde en las escuelas donde el aprendizaje, la convivencia y la participación deberían ser las principales preocupaciones de todos. Así como se están realizando acciones para modificar la educación michoacana en otros ámbitos, también es importante lograr que el Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros sea efectiva, legal, transparente, trazable, basada en el mérito, participativa y legítima. 

Por todas las irregularidades reseñadas, es momento de que la autoridad educativa estatal presente a la sociedad michoacana y al titular del poder ejecutivo estatal un reporte pormenorizado de todo el proceso y las respectivas correcciones implementadas ante las falencias y errores cometidos, como un acto de decencia consustancial a la mejora continua y a la excelencia, aspiraciones de la política educativa sexenal en turno, las cuales merecen seguimiento hasta su cabal consecución. 

Aunado a lo anterior, la sospecha michoacana puede ser la punta del iceberg a nivel nacional, ya que no se tiene certeza plena de que esta clase de atropellos sean exclusivos de nuestra entidad federativa. 

Garantizar que sean los mejores maestros quienes asciendan en su carrera magisterial es un acto de justicia que impactará favorablemente en todos los sentidos. Merecemos un gobierno educador.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.