Nigromante/ Fox, Calderón y Peña patrocinaron y se beneficiaron

En reciente fecha, 8 de diciembre, durante su habitual conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador confirmó que un general del Ejército muy cercano a Enrique Peña Nieto se perfilaba como uno de los cómplices que permitían el robo de combustible desde el interior de Petróleos Mexicanos. Se trata del general de Brigada Eduardo León Trawitz.

Trauwitz se desempeñó en el sexenio anterior como jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex con el antecedente de que fue Jefe de Escoltas del gobernador del Estado de México y ex presidente Peña Nieto.

Los reporteros cuestionaron al presidente López Obrador sobre el involucramiento de funcionarios de Pemex. Una sonrisa apareció en el rostro del jefe del Ejecutivo para decir que efectivamente se estaba investigando a los funcionarios de alto nivel que estuvieron involucrados en el robo de combustibles a la ex empresa paraestatal. Entre ellos al general Trawitz, pero que todavía no hay nada definitivo.

El general Trawitz apareció hace dos años en una investigación periodística (Proceso 21 de junio 2017) en la que ya se le señala como cómplice en el robo institucional en el que participaron altos directivos y trabajadores de Pemex en lo que parecía una empresa paralela, pues surtían a cientos de gasolineras que no tenían contrato con Pemex. Estas fueron las que generaron el desabasto, porque dejaron de recibir gasolina robada, luego del plan obradorista para evitar el robo.

El reportaje de Jesusa Cervantes y Jorge Carrasco Araizaga apuntaba a que la ley federal para combatir el robo de hidrocarburos, en vigor desde enero de 2016, mostró palmariamente su inutilidad el mes de mayo anterior, cuando ocurrió el enfrentamiento entre militares y presuntos huachicoleros en Quecholac, Puebla.

La ley de referencia, señalan, nació contrahecha a raíz de la pugna entre dos áreas de Pemex durante el proceso legislativo. Por un lado estaba el proyecto elaborado por el departamento jurídico de la empresa productiva del Estado; por otro, el área de seguridad de la misma, encabezada por Eduardo León Trauwitz, un general que goza de todas las confianzas del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Dos semanas antes del enfrentamiento entre militares y habitantes de Quecholac, Puebla, que dejó ocho muertos, Pemex ya había iniciado la revisión a las gasolineras del llamado “Triángulo Rojo” para detectar la posible venta de hidrocarburo robado directamente de los ductos.

No obstante la información que ubica a Puebla como el estado que tiene 60% de las tomas clandestinas para robo de hidrocarburos, de saber el número y

ubicación de las gasolineras en la zona de mayor robo de combustible y de conocer cuánto compran y venden en realidad esos expendios, Pemex arrancó la revisión apenas el 18 de abril de 2017. Fue hasta el 1 de junio de ese año cuando anunció la cancelación de siete franquicias, todas en municipios poblanos de la zona de mayor robo: Palmar de Bravo, Cuyoaco, Tecamachalco, Huixcolotla y Quecholac. Otro involucrado, entre otros gobernadores, el ex de Puebla, Rafael Moreno Valle.

El 9 de septiembre de 2014, el ex diputado federal Marco Antonio Bernal Gutiérrez, que participó en la confección de la mencionada ley dijo en la exposición de motivos de la ley contra el robo de hidrocarburos: “la cadena de conductas ilícitas, entre ellas la comercialización de los hidrocarburos, tiene como uno de sus mercados principales algunos establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculadas con el robo de combustible, en donde el producto adquirido ilícitamente, y supuestamente bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor”.

Aunque desde el inicio de su gestión, Enrique Peña Nieto sabía del incremento en el robo de combustible, dejó que el tema avanzara e incluso que la ley “se congelara” en el Senado, luego del freno que puso el general Eduardo León Trauwitz, revelan quienes participaron en la redacción final de ese ordenamiento. Emilio Lozoya, ex director de la paraestatal, también figura entre los sospechosos, luego de haberse conocido su relación en el sonado caso de los sobornos de Odebrecht.

Cuando Peña Nieto asumió la Presidencia se encontró con que en 2012 las pérdidas por robo de hidrocarburos ascendieron a 33 mil 200 millones de pesos y que al cierre de 2013 se detectaron 3 mil 46 tomas clandestinas; para junio de 2017, según datos del exdiputado federal Rodrigo Abdalá, quien cita como fuente a Pemex, dichas tomas suman 6 mil 200 y se ubicaba a Puebla con 60% de ellas, es decir 3 mil 720.

Las mismas fuentes asientan que el tema quedó un año “en la congeladora legislativa”, pues el ex jefe de Escoltas de Peña Nieto, el brigadier Eduardo León Trauwitz, ya como titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, intentó frenar el proyecto legislativo.

La investigación está bien custodiada por el sigilo del nuevo gobierno, para no generar especulaciones, pues otra investigación de la periodista Ana Lilia Pérez, quien ha dedicado 18 años de su vida profesional a desentrañar la corrupción en la paraestatal que se abrió al capital extranjero en el sexenio anterior, puso al descubierto que desde el año 2000 con Fox, Calderón y Peña Nieto, los cárteles de Sinaloa, del Chapo Guzmán y los Zetas, convirtieran en campo de batalla a la empresa estatal.

Del botín de 60 mil millones de pesos cada año que representaba la venta de gasolina sustraída de las tomas clandestinas, participaron Fox, Calderón y Peña Nieto, se infiere luego de concluir la lectura de la tríada Camisas azules, manos negras, El cartel negro y el más reciente libro Pemex RIP, de la editorial Grijalbo, que refiere que entre 2001 y 2011 Pemex fue objeto de 40 mil “incidentes terroristas” a cargo de los cárteles mencionados. Y la información de los mismos se ocultaba por la empresa estatal. La autora tuvo que ocultarse varios meses en otro país porque fue objeto de persecusión que la obligó a vivir fuera de México.

El Cártel de Sinaloa era el más activo en el huachicoleo en la sustracción de hidrocarburos procedentes de Cadereyta en tiempos de Fox, cuando Pemex era todavía el soporte principal de la economía mexicana. Con Felipe Calderón, la Cuenca de Burgos, donde se producía el gas para la industria mexicana, también fue objeto de enriquecimiento del crimen organizado. El crimen permeó a la industria petrolera.

Los ductos que transportaban la gasolina eran “pinchados” por los criminales del Cártel de Sinaloa y los Zetas, por ese motivo se decidió por el gobierno federal transportar la gasolina en pipas, para combatir el robo, lo que ha ocasionado el desabasto en varios estados de la República y la capital del país. Autoridades de los niveles federal, estatal y municipal, señaladas como cómplices, ahora se rasgan las vestiduras y acusan la equivocada actuación del gobierno federal.

Sin embargo, López Obrador en su conferencia de prensa mañanera reiteró: “Vamos logrando el propósito de que no se roben los combustibles”. Antes del plan contra el robo en promedio eran 787 pipas diarias; con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias. Es decir, 610 pipas menos diariamente. “En total se han robado, desde que iniciamos el plan, 8 mil 540 pipas menos”, explicó y dijo que traducido en dinero ha significado un ahorro de 2,500 millones de pesos.

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