Opinión/Horacio Erik Avilés Martínez

Pasos rumbo a una mejor educación 

La semana que culminó fue de avances rumbo al desarrollo educativo, muy por encima de la estridencia de algunos conflictos encunados en el sector educativo, propiciados por la inacción gubernamental y por la propia dinámica de los grupos de interés a su interior, quienes buscan reacomodarse en la nueva administración pública estatal.  

El retorno a la presencialidad se está dando gradualmente. Las cifras aún no son las óptimas, pero son esperanzadoras porque se está avanzando mucho más que en meses anteriores. Ya se supera el 33 por ciento de los estudiantes en la entidad que han retornado. Paralelamente, en la UMSNH, algunas escuelas y facultades empiezan a dar pasos rumbo a la presencialidad, conforme a la autonomía que se les ha brindado de decidir el retorno o no como comunidades escolares. En educación superior, destaca la Universidad Tecnológica de Morelia, que ha logrado el retorno de más del 90 por ciento de su matrícula, seguida por algunos tecnológicos descentralizados.  

Al respecto del retorno, las cifras oficiales de la matriculación educación básica llaman la atención en el comunicado emitido por la SEE, toda vez que se mencionan 767 mil estudiantes en educación básica, monto que interpela al casi millón de alumnos que se reportaba al cierre del sexenio pasado. Ello implicaría, a reserva de analizar más a detalle, un abandono escolar de casi el 20 por ciento, que estaría por encima de la estimación del INEGI, que se encuentra alrededor del 13 por ciento.  

Sin duda, es materia de un diagnóstico más profundo para establecer la situación que guardan los estudiantes que no continuaron sus trayectorias educativas, así como las causas que los orillaron a ello, para el establecimiento de una ruta de restablecimiento de su derecho a aprender.  

No hay que cantar victoria aún, se ve aún complejo el panorama para el retorno total a clases. Si bien, se alcanzó el semáforo en verde, La problemática epidemiológica permanece, continúan avanzando las cifras de morbilidad y mortalidad. Lo importante es que no se han dado nuevas oleadas ni repuntes como se vaticinaba negativamente, por lo cual es cuestión de sostener al máximo las medidas de seguridad sanitaria para todos los actores del sistema educativo estatal y mantener la disciplina social para que sean las actividades esenciales exclusivamente las que nos hagan ejercer la presencialidad en nuestra vida. Cuidémonos para que las generaciones jóvenes tengan posibilidades plenas para ejercer los derechos que les permitan el libre desarrollo de su personalidad, de entre los cuales destaca su derecho a la educación.  

Paralelamente, se deben seguir realizando acciones de provisión de insumos necesarios para la salud de las comunidades de aprendizaje, a la vez que medidas de vacunación, de capacitación, de gobernanza, de conectividad y de mantenimiento a la infraestructura escolar, para que cada vez existan mejores condiciones para el retorno a la presencialidad gradual, voluntario, seguro y pleno de los estudiantes michoacanos. Hay que continuar realizando esfuerzos institucionales al respecto.  

Por encima de la situación sanitaria, educativa y gubernamental, las familias deben seguir considerándose a sí mismas como la primera institución educadora y hacer esfuerzos por impulsar el derecho a aprender de sus hijos, toda vez que, si bien tienen derecho a la educación en los términos constitucionales, ante la situación que guarda el sistema educativo estatal es importante que se tome con seriedad y firmeza el ejercicio del derecho a aprender desde las familias, para evitar que se genere un vacío en donde los grandes perdedores resultan ser los menores de edad.  

También, se empieza a difuminar por fin el tema presupuestal, así como el impago a los trabajadores de la educación cuya modalidad de sostenimiento es estatal. Los pagos están avanzando, entendiéndose que la dispersión en los diferentes bancos tiene un ritmo diferente, igual que los cheques respecto a las transferencias electrónicas, pero ya por fin hay dos quincenas liquidadas y un par de bonos, que deberían representar el restablecimiento de una relación de confianza entre la parte patronal y el magisterio. Sin embargo, aunque hay adeudos que persisten y algo de indignación en el magisterio, es importante que tanto el gremio como la sociedad michoacana conozcan a detalle la situación, así el proceso que implica pagar lo adeudado a los trabajadores de la educación.  

La historia de la situación deficitaria en cuanto a las finanzas educativas estatales respecta es tormentosa, no es creada recientemente ni permite análisis simplistas. La situación no es sencilla: se arrastra un problema de 29 años, como consecuencia de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), que fue una forma de operar el adelgazamiento institucional del estado mexicano en materia educativa, para deslindar paulatinamente de responsabilidades al gobierno federal y hacerlas recaer en los gobiernos estatales, con las funestas consecuencias que se siguen acumulando, ya que el mecanismo no solamente golpeó a Michoacán, sino a todas las entidades federativas, generando efectos diversos en complejidad y agudeza, como resultado de los acuerdos y situaciones que se entablaron a escala local entre la parte patronal y la gremial, además de la muy desigual disponibilidad de recursos producto de la recaudación en los estados, lo cual impacta en el desarrollo institucional y en la posibilidad de solventar el sistema educativo con recursos propios.    

Si se traza una línea del tiempo al respecto, es lógico inferir que en apenas tres semanas resulta complicado tener una solución mágica para el caos que se acrisoló durante casi tres décadas, por lo cual hay que hacer una reflexión respecto a que hoy no hay claridad en torno a cuál es el origen de los tres mil millones de pesos faltantes; es decir, quién trabajará para generar esa riqueza. Mucho menos se ve clara cuál será la forma de recaudación tributaria que posibilitaría contar con esos recursos. Aunado a lo anterior, no existen mecanismos financieros legales vigentes que vinculen una posible presupuestación adicional para Michoacán, salvo la consabida partida U-080, cuya suficiencia se crea cuando se transfieren recursos, entre otras peculiaridades. La única posibilidad real son economías que permitan un redireccionamiento a través de la partida presupuestal mencionada, conducto excepcional por el cual suelen llegar los recursos emergentes a final de año. Pero, 3 mil 800 millones de pesos son mucho dinero, más de lo que eroga anualmente el ayuntamiento de Morelia o la UMSNH, por citar ejemplos.  

Por ende, no se ve fácil la situación. Entonces, la situación estructural provendrá del establecimiento de mecanismos firmes, certeros, legales y estructurales para consolidar la denominada federalización de la nómina.  Aunado a lo anterior, se dependerá de que la cantidad extraordinaria se contemple desde ahora en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2022, el cual justamente está en proceso de validación y deberá de haberse aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre. Si la solución normativa no está construida para entonces ni programada debidamente para ser ejercida durante 2022 podemos hacernos a la idea de que el próximo ejercicio fiscal iniciará para el sistema educativo michoacano prácticamente sin novedad, a reserva de lo que se pueda hacer en el presupuesto de egresos del estado de Michoacán para 2022, en donde el margen de maniobra es muchísimo menor, ya que más de 19 de cada 20 pesos que se ejercen en el sector educativo son de origen federal. 

Realmente es el tiempo de pedirle a los legisladores federales michoacanos, sea cual sea su extracción partidista, que eleven a la máxima prioridad el rescate a las finanzas educativas estatales, por encima de filias y fobias políticas, de intereses particulares y regionales. Si establecen un bloque por Michoacán al respecto serán escuchados y habrá amplias posibilidades de volver realidad un anhelo y de resolver una problemática que ya merece cabal solución.  

Más aún, los maestros michoacanos, además de merecer su pago en tiempo y forma, así como el saldo de los adeudos históricos que se tienen con ellos, también tienen derecho a ser pagados transparentemente, como cualquier otro servidor público, con recursos plenamente trazables, que les permitan reivindicar su dignidad profesional y alejarles de las aseveraciones de que existen aviadores enquistados entre el magisterio, lo cual es también prioridad esclarecer y desvanecer de una vez por todas.  

Por lo anterior, resulta difícil de comprender la actitud de algunas fracciones gremiales que han emprendido la radicalización de sus medidas de presión contra el Gobierno del Estado, a pesar de haberse pagado un porcentaje y estarse cumpliendo el programa de pagos establecido. Mantener movilizada a la base magisterial a pesar del cumplimiento parcial tiene como costo grande el abandono de los estudiantes y el no retorno a la presencialidad, con lo cual se pierden irremediablemente días de clases. Además se generan contratiempos a la sociedad michoacana, así como pérdidas millonarias al empresariado.  

Debería ponderarse el cambio de actitud del gobierno estatal y el avance en el cumplimiento de las responsabilidades patronales hacia el magisterio. Lograr generar un voto de confianza es positivo y construye. Seguir movilizados hacia la protesta ni contribuye al desarrollo educativo ni tampoco consigue resultados. Es respetable, pero francamente no abona a la construcción de soluciones.  

 
Lo peor es que, aunque el gobierno estableció en mesas de negociación con el magisterio un cronograma de pagos para liquidar los adeudos, el cual en lo general está cumpliéndose, a la fecha no existe corresponsabilidad de parte de los actores sindicales, quienes no se han comprometido en un cronograma de reposición de clases con los estudiantes. Bueno sería que, en la respectiva minuta se aclarase cómo se pagará el adeudo histórico en clases que se está acumulando para al menos la mitad de la población escolar de la entidad, quienes aún no conocen su salón de clases.  

No es sensato mantener la misma línea con una autoridad que lleva escasas tres semanas en el cargo y ha cumplido en un porcentaje importante las responsabilidades pretéritamente adquiridas. El pago total vendrá a eliminar por completo el pretexto para la movilización permanente, pero los daños colaterales los pagará la generación en formación que ya de por sí fue altamente afectada por la pandemia. 

Para expresar nuestra opinión al respecto es importante que los michoacanos aprovechemos la consulta ciudadana rumbo al plan estatal de desarrollo, en donde ya se anunciaron dieciocho foros que se realizarán en la geografía estatal para recabar las opiniones, recomendaciones, propuestas, ideas, proyectos y reivindicaciones de la ciudadanía.  Aunado a lo anterior, también se estarán convocando en breve las consultas para los respectivos planes de desarrollo municipales, donde debemos mostrar nuestra preocupación por el sector educativo, para que el gobierno estatal y los municipales prioricen al máximo el restablecimiento del muy vulnerado derecho a aprender de nuestros hijos.  

Esperemos que siga tomando ritmo en la reestructuración del sistema educativo estatal, para dar pasos rumbo a otra etapa en la cual exista un restablecimiento pleno de las prioridades de los adultos intervinientes en el sistema educativo, que giren subordinadamente en torno a los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. Merecemos un mejor sistema educativo. 

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles