Oraciones a San Lázaro/Ernesto Zavaleta

Muertos 739 delincuentes, 36 militares y 132 mil civiles, y otros 80 mil desaparecidos con la 4T

El presidente prometió presentar esta mañana de jueves los niveles de violencia y violación de derechos humanos que generan las Fuerzas Armadas, el encargado de dar la información sería el subsecretario de gobernación en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.

Brillarán en esta presentación los porcentajes de altas y bajas, las comparaciones con “los de antes”, los otros datos llenarán la mañanera la justificar la política de abrazos no balazos y para tratar de ocultar una realidad en cuanto a violaciones a derechos humanos denunciadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cometidas por militares.

Las quejas registradas por la CNDH contra la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto Nacional de Migración (INM), ahora en manos de las fuerzas armadas, suman 6 mil 54 por presuntas violaciones a los derechos de civiles nacionales y migrantes en tres años.

Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, de 2020 a mayo de 2022 se han presentado mil 156 quejas por diversas violaciones a los derechos humanos contra la GN, cifra que se suma a las 964 presentadas contra elementos de la Sedena, y a las 4 mil 34 denuncias contra el INM.

En 2019, la CNDH registró 274 quejas contra la Policía Federal, que operó entre enero y junio, para dar paso en julio a la Guardia Nacional, que en los datos de la Comisión no tiene registro ese año.

Para el 2020, el primer año en funciones la Guardia Nacional, la CNDH recibió 350 quejas en su contra, apenas cuatro menos que las que recibió la ahora extinta Policía Federal en 2018, y para 2021 esta cifra subió a 504, es decir, 41 por ciento más; y hasta mayo de este año se han presentado 202 denuncias contra integrantes de la GN.

De hecho los militares de la GN han superado a los militares de la Sedena en cuanto a violaciones de derechos humanos registradas, pues en tres años, los primeros sumaron mil 56 denuncias, y los segundos llegaron a 964, cifras de la CNDH que consideran el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de mayo de 2022.

Cifras y datos, los otros números, los del mesías de Palacio, cuyo centro es justificar, otra vez, la política de abrazos no balazos; son cifras y datos que mostrarían otra realidad proyectada en la misma pantalla en la que ayer se proyectó la encuesta en la que  siete de cada diez mexicanos dice no saber que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue hackeada o infiltrada… Entonces ¿esa filtración importa? No, lo que importa es ya no decirles guacamayas a los hackers, según el presidente.

Tal filtración permitió saber que no siempre se dan abrazos y si balazos.

Durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los militares han matado a 739 presuntos agresores, hirieron a 155, y capturaron vivos a otros 729, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de agosto de 2022, en el mismo periodo resultaron muertos 36 soldados y fueron heridos otros 246.

No obstante la orden del Presidente es cuidar la integridad personal de los delincuentes, sus derechos como personas, en promedio hay 20 criminales o agresores muertos por cada militar caído, en los enfrentamientos entre soldados y criminales, incluyendo el llamado “culiacanazo”, ese es el nivel de letalidad del Ejército en el Gobierno de López Obrador.

Son las cifras del último informe de la Secretaría de la Defensa, que aparecen en una presentación enviada a altos mandos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) la primera semana de septiembre pasado, llamada “Resumen de Eventos (Del 26 Ago. Al 1 Sep. 2022) que incluye las cifras de lo que va del sexenio bajo la columna “Total presente Admón”, incluida entre los millones de correos hackeados a la institución, a los que ha tenido acceso Oraciones a San Lázaro.

Otro análisis considera que la letalidad de las fuerzas armadas es muy menor a la del sexenio de Felipe Calderón y del doble de la registrada con Enrique Peña Nieto, según el documento denominado “Inventario Nacional de lo Militarizado. Una radiografía de los procesos de militarización en México”, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la organización Open Society Foundations y México Unido contra la Delincuencia

En ese estudio se señala que la relación de criminales muertos por militares caídos en esta administración es de apenas el 35% de las cifras registrada en 2011 y 2012, cuando se superaban los 14 criminales muertos por cada militar herido, en la etapa más sangrienta de la guerra contra el narco encabezada por Genaro García Luna de 2006 a 2012, pues se considera que actualmente muere un militar por cada 5 criminales abatidos, y no 20 como indica el informe hackeado de la Sedena.

Aún con las cifras del CIDE la letalidad militar en este sexenio es de casi el doble de lo registrado del 2014 al 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando en promedio morían menos de tres delincuentes por cada militar herido, y a partir de 2019 la cifra subió hasta llegar casi a cinco por uno de acuerdo al documento del CIDE, con las cifras de la Sedena ahora mueren 10 veces más criminales por cada militar asesinado.

El documento hackeado nada dice de las 342 masacres; mil 144 casos de tortura; 562 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 525 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; y al menos 247 asesinatos de niñas, niños y adolescentes registradas de enero a agosto de 2022, según datos del estudio «Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios»,  que no considera los más de 132 mil asesinatos registrados durante el gobierno de la 4T.

La desaparición forzosa es considerada por la Constitución como una violación a las garantías individuales, a los derechos humanos, y siguen desaparecidos más de 80 mil niñas, niños, mujeres y hombres en México.

En ese renglón, del 1 de diciembre de 2018 al 28 de agosto de este año se han presentado 81 mil 634 reportes de desapariciones, de los cuales 35,748 casos siguen pendientes de resolver, incluyendo a los 43 normalistas de Ayotzinapa, según el reporte de las secretarias de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana; y denuncias de organizaciones civiles, y actas levantadas ante la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías estatales.

Y las extorsiones en puertos y aduanas; la expropiación de propiedades para construir el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas, muchas aun no pagadas; la muerte de niños y adultos por falta de medicinas que no llegan; detenciones y revisiones en las carreteras; espionaje a periodistas y opositores, todo eso en manos militares… vivir con miedo ¿esto cuenta cómo violaciones a los derechos humanos?

No se ruborice señor Encinas Rodríguez, son órdenes, oculte la realidad, su chamba y la de su hijo están en juego.