Otro País/Tomás Tenorio Galindo

El asesinato del reportero Cecilio Pineda Birto, ocurrido el día 2 en Ciudad Altamirano, pone otra vez al descubierto la vulnerabilidad bajo la cual realizan su tarea los periodistas en Guerrero. Con este nuevo caso suman ya 14 los homicidios de periodistas que no han sido esclarecidos ni castigados en el estado desde el año de 1997. El anterior fue el de Francisco Pacheco Beltrán, ocurrido en Taxco el 25 de abril de 2016, en circunstancias muy parecidas a las del crimen del jueves pasado. A ello deben agregarse los numerosos casos documentados de amenazas y agresiones cometidas contra comunicadores por su labor informativa, provenientes no sólo del crimen organizado sino también de los poderes públicos.

De acuerdo con los reportes de la organización independiente Artículo 19, Guerrero está clasificado en el cuarto lugar por el número de agresiones contra la libertad de expresión que se producen en el país, y desde hace algunos años rivaliza con Veracruz en las estadísticas de periodistas ejecutados. La organización atribuye los riesgos que corren los reporteros en Guerrero a las disputas entre el crimen organizado por el control de las regiones, a la penetración de los grupos criminales en el gobierno, a la debilidad de las instituciones, a la falta de gobernabilidad y a la violencia. Todos esos factores generan un clima que ha convertido a Guerrero en un estado extremadamente peligroso para ejercer el periodismo.

Es probable que la delincuencia organizada haya ordenado la ejecución de Cecilio Pineda, como represalia por el seguimiento que daba a los hechos de violencia en Tierra Caliente, como sugirió el fiscal Xavier Olea Peláez. Sin embargo, corresponde a las autoridades establecer con certeza quiénes son los responsables de este homicidio, pues en las últimas grabaciones que el periodista puso en circulación en las redes sociales también hizo críticas fuertes a la pasividad del gobierno y de la Fiscalía General del Estado en el caso de la banda de Los Tequileros.

No es precisamente un alivio, pero el caso está ya en manos de la Procuraduría General de la República, que abrió una investigación mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). No resulta ningún alivio que el homicidio lo investigue esa instancia creada para investigar esta clase de crímenes, pues no suele ser muy activa ni efectiva que digamos. Por principio de cuentas, la PGR tendría que investigarse a sí misma e informar los motivos de que a mediados de 2016 le fuera retirada a Cecilio Pineda la protección que el gobierno federal le brindó desde que en septiembre de 2015 sufrió un atentado del cual alcanzó a salir vivo.

El vocero del gobierno de Guerrero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos y de Periodistas, mecanismo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la PGR, fue la que determinó el retiro de las medidas y que el periodista no se inconformó con esa decisión. Por información del propio mecanismo de protección a periodistas, se sabe ahora que Cecilio Pineda rechazó en varias ocasiones su traslado a un refugio.

Según esa versión gubernamental, las negativas se dieron entre febrero y abril de 2016. Para el 8 de febrero de ese año el mecanismo de protección tenía dispuesta la orden para contratar el refugio y la alimentación para Pineda Birto y su familia. “El 13 de marzo de 2016 el beneficiario informó que el 17 de marzo llegaría a la Ciudad de México”, registra la bitácora del caso. El 21 de abril, el mecanismo logró contactar a Pineda, quien habría dicho que en 15 días planeaba trasladarse al lugar en el que se le daría refugio, pero otra vez no acudió ni fue localizado. En octubre del año pasado una vez más le habría sido planteado su traslado, y otra vez lo habría rechazado. (Reforma, 5 de marzo de 2017)

Planteado esa manera, pareciera que Cecilio Pineda tuvo la culpa de su asesinato por no acceder a abandonar su lugar de origen. Pero no conocemos la versión del periodista ni las razones que lo condujeron a permanecer en una región en la que corría peligro. Sin mayor precisión, se sabe que habría alegado motivos de salud. La PGR tendría que precisar esos motivos y esclarecer si lo que en realidad sucedió no fue un caso de negligencia de las autoridades al retirarle a Cecilio Pineda la protección que recibía, decisión que finalmente lo dejó expuesto a las balas que lo mataron.

A casi un año de ocurrido el asesinato de Francisco Pacheco Beltrán, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre el destino de las investigaciones, y es factible poner en duda si las ha realizado. El homicidio de Cecilio Pineda es materia de la PGR, institución que por su parte no se ha distinguido por resolver las ejecuciones de periodistas. Así de frágil es la vida de muchos periodistas en Guerrero.

En otra escala de los peligros a los que están expuestos los periodistas en Guerrero, es asombroso que el juez segundo de lo civil de primera instancia del Distrito Judicial con sede en Chilpancingo no haya impuesto el sentido común para poner fin a la demanda que el magistrado electoral Emiliano Lozano Cruz interpuso en noviembre pasado contra José Nava Mosso, director de la Agencia de Noticias Guerrero. Lozano Cruz reclama a Nava Mosso que su agencia de noticias haya difundido en su portal un video en el que se ve al magistrado orinar en la calle y discutir con el policía municipal que lo detuvo. Lozano Cruz exige a Nava Mosso una indemnización por daño moral de 16 millones de pesos. El video es un documento periodístico sobre algo sucedido en la calle, y su interés público es indiscutible. En otros lugares una demanda de ese tipo habría sido desechada de inmediato y el funcionario destituido por el evidente daño que causó al servicio público. Pero no en Guerrero, donde el magistrado Lozano Cruz se cree intocable y le es permitido usar la ley para agredir llana y directamente a periodistas.

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