Para Contar

Abusos del poder. 

¿Y por qué no lo dijo en su momento, hace 13 años?  

Es pregunta que más de uno ha soltado desde su trinchera mediática al ministro presidente Arturo Zaldívar.  

También han tratado de restarle importancia a su relato con el comentario de que su declaración no es nueva porque ya la había hecho en 2019. 

Imposible minimizar la tragedia, la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Sonora y la versión de que hubo presiones del gobierno de Felpe Calderón con la finalidad de proteger a involucrados. 

El propio ministro reveló que tomó medidas al pedirle a su secretaria que guardara bajo llave el proyecto de dictamen, con la instrucción de que lo entregara a la prensa en caso de que ya no pudiera regresar a su oficina. 

Finalmente, su proyecto no prosperó, fue rechazado por la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ningún alto personaje pagó por lo sucedido en la guardería. 

Los aludidos por el ministro, Fernando Gómez Mont (ex secretario de Gobernación) y la actual diputada Margarita Zavala (ex primera dama) negaron imputaciones, aunque es de suponer que este asunto no va terminar con las revelaciones de uno y las negaciones de otros; hay voces de padres de familia que reclaman justicia y en la Cámara de Diputados la mayoría ha propuesto crear Comisión Especial Investigadora. 

Cierto, lo mejor hubiera sido que esto lo hubiera planteado el ministro hace 13 años. 

Nada más que no se debe olvidar la sabia expresión de abuelas: “los panteones están llenos de valientes”, que podría aplicar para este caso y muchos otros en nuestro país. 

Un segundo caso: Cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priísta, uno de los militares de su escolta fue citado en el Campo Militar Número 1 por el fiscal Pablo Chapa Bezanilla. 

Antes de acudir a la cita, instruyó a su familia que, si no regresaba a casa, acudieran a la prensa para que entregaran una carta que previamente había elaborado. 

El militar fue presionado para que hiciera imputaciones de las que no tenía ninguna prueba. Después de varias horas y no conseguir su objetivo, le permitieron retirarse. Hasta la fecha, el aludido no se ha atrevido a relatar públicamente el episodio y es probable que nunca lo haga. 

Tercer caso: El juez Eduardo Torres Carrillo violó el artículo 19 de la Constitución al incumplir el plazo de 72 horas que da la ley para resolver la situación jurídica del detenido. En ese lapso incumplido, el detenido fue torturado. La parte afectada presentó queja administrativa y la respuesta de la autoridad investigadora del poder judicial fue que el juez no había cometido ninguna falta en el procedimiento que había realizado en diciembre de 2012. 

Las resoluciones, 979/2015I y 1145/2015/I, que lo liberaron de cualquier responsabilidad, fueron firmadas por Luis María Aguilar, quien entonces se desempeñaba como ministro presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. 

Al ver quien firmaba los resolutivos, la parte afectada optó por replegarse en este punto, porque temía consecuencias más graves si en ese momento evidenciaba a Luis María, quien ahora es investigado por la fiscalía por otras irregularidades administrativas.  

Refugiarse en el silencio temporal ha sido prudente en estos tres casos, sobre todo cuando sobran testimonios sobre los riegos que se corren ante el poder y los poderosos. 

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