Polémica reforma constitucional/Federico Berrueto

Las conclusiones del reporte del gobierno federal sobre los hechos infames de Iguala de hace ocho años, o el espionaje político expuesto por los SEDENA papers bastarían para posponer la votación para aprobar la reforma que permitirá a las fuerzas armadas regulares continuar con tareas de seguridad pública. Adán Augusto López y Ricardo Monreal, crecen al interior del grupo gobernante. La política se resuelve por los resultados, abrir espacio a la negociación permitió lograr los votos a cambio de modificaciones al proyecto aprobado por los diputados

En el bloque de contención ganan quienes resistieron la presión, especialmente en las filas del PRI: Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong. Los cambios en la minuta que llegó al Senado revelan que los diputados tricolores no hicieron del todo su trabajo, como incorporar garantías de control y supervisión de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, o el respaldo a los Estados y municipios para fortalecer a sus policías.

Las revelaciones sobre espionaje político del Ejército a legisladores, gobernadores, periodistas y líderes de organizaciones civiles dejan muy mal a quienes promovieron desde el PRI el cheque en blanco a los militares y reivindica la postura de Predes, Ruiz Massieu y Osorio Chong. A la par de que el presidente y las fuerzas armadas niegan las acusaciones, las evidencias si bien no concluyentes son abrumadoras en los documentos difundidos a raíz de los SEDENA Papers, y López Obrador debe una explicación y una investigación.

Lo ocurrido pone de relieve los riesgos del uso generalizado de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. El espionaje político por el gobierno merece sanción, todavía más preocupante al ser realizado por las fuerzas armadas. Los hechos reivindican la reserva de muchos y de allí la pertinencia de vigilancia y control que se les debe dar.

Lo ocurrido obliga al Congreso a la fuga hacia delante. Se debe actuar, al menos en tres frentes: el control legislativo institucional a las fuerzas armadas por labores que corresponden a los civiles, tarea que va a contrapelo de la opacidad y discrecionalidad con que operan regularmente los militares; legislar en materia de ciberseguridad y determinar las responsabilidades para la salvaguarda de la integridad de la información oficial, incluyendo el financiamiento a manera de evitar que las draconianas políticas de austeridad afecten el blindaje que debe tenerse, y actualizar la legislación que regula las actividades de inteligencia por las entidades del Estado.

El presidente López Obrador ha resuelto empoderar a las fuerzas armadas. La mayoría parlamentaria ha avalado tal empeño. Ahora corresponde, bajo la lógica democrática, su control y regulación; toda forma de poder debe estar sujeta a escrutinio y rendición de cuentas. El Congreso también tiene responsabilidades de control horizontal del gobierno, y en bien del país, debe avocarse a verificar que las fuerzas armadas cumplan con su cometido y acreditar la supremacía de la autoridad civil.

López Obrador parte de fijaciones y escucha poco. No advierte que está sentando las bases para lo que vendrá más delante, que debería realizarse en el marco del consenso con la pluralidad, no como imposición con el uso y abuso de las atribuciones y del poder presidenciales. Al contrario, si su propósito es empoderar a las fuerzas armadas para dar continuidad a su legado o a sus proyectos, parece no importarle que esté alterando las premisas que sostienen al edificio democrático, además de que las está desviando de su tarea fundamental en la salvaguarda del interés nacional.

La militarización en curso obliga a que el Congreso, en especial el Senado, cumplan a plenitud su compromiso institucional con la democracia, la rendición de cuentas y el control al gobierno.