Política al margen/Jaime Arizmendi

*Minas de Grupo México Desechan Hilos de Muerte

*Presentó Gobierno Federal Denuncia Ante FGR

Argonmexico / Qué lo tiren en su casa… El derrame de contaminantes en el río Sonora daña a decenas de miles de habitantes, por Negligencia de Grupo México; “el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”; acusan Semarnat, IMTA e INECC, y exigen a la empresa un Plan de Remediación para resarcir el daño, avalado por las comunidades.

En tanto, “Un hilo de muerte recorre aguas mexicanas de la frontera colindante con Estados Unidos hasta la costa del Pacífico en el estado de Sonora”, así inicia el reportaje publicado en PoderLatam el 25 de agosto de 2022. “La causa: un derrame ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, de la empresa Grupo México”.

El veneno derramado al Arroyo Tinajas, que fluye desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa El Molinito, que abastece el centro de Hermosillo, capital del estado, contenía 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado; es decir, metales pesados peligrosos para el consumo humano.

Tras el desdén oficial y de la minera, cientos de miles de pobladores padecen graves enfermedades. A más de nueve años desde que México sufrió el mayor desastre medioambiental minero del que se tiene registro en el país; aún permea la resistencia de las comunidades rurales que luchan contra el olvido.

Mariana Morales Hernández, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, reveló que, en Cananea, con más de 35 mil habitantes, se encontró durante la temporada seca que los niveles de mercurio en el aire superan los 300 nanogramos por metro cúbico recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Adrián Pedrozo Acuña, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, advirtió desde el año pasado que el agua que suministra a 60 mil habitantes de la región, y a una parte de los 900 mil de Hermosillo, capital de Sonora, presenta niveles de contaminación alarmantes y es considerada completamente insalubre.

En el marco de la mañanera del 12 de octubre pasado, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, sostuvo desde el Salón Tesorería que la elaboración de dictámenes basados en evidencia científica, son atribuciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y del (INECC).

El 6 de agosto de 2014, el destino del vital líquido fue redirigido tras el derramamiento de metales pesados. Porque, esas comunidades padecen una tasa de mortalidad del 20 por ciento superior a la media nacional, un porcentaje de 215 casos por insuficiencia renal; del 375 por malformaciones congénitas y 2000% superior por neoplacias malignas.

“El contexto es muy claro: Todas las comunidades aledañas al río estuvieron expuestas”, denuncia en el reportaje Samuel Rosado-Zaidi, académico de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La titular de la Semarnat dijo que las acciones de remediación que realizó Grupo México por el derrame (gravemente tóxico) hacia un afluente del río Sonora, ocurrido aquel fatídico 6 de agosto, no se llevó a cabo de manera satisfactoria y que ese derrame “no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1”.

Ante los reclamos de los pobladores de la cuenca del Río Sonora, el 4 de julio de 2021, López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea, con cinco ejes: Trabajo digno; Atención médica y medicamentos; Bienestar; Mejoramiento urbano; y Salud Ambiental y Derecho al Agua.

Por ello, el IMTA y el INECC elaboraron el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora que, con base en evidencia técnico-científica, dio cuenta de la presencia de contaminación en agua, aire, flora y fauna; como de metales pesados por encima de la norma y cuyas muestras están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014.

Repuso la secretaria Albores que el 15 de septiembre de 2014 la empresa y Profepa firmaron un convenio para, entre otras cosas, crear el Fideicomiso Río Sonora, con un fondo de 2 mil millones de pesos como monto inicial, que podría incrementarse según las necesidades para atender los impactos causados por el derrame, pero solo se entregaron mil millones de pesos.

El Fideicomiso reportó un ejercicio de 1,232 millones de pesos en conceptos agropecuarios, unidades económicas, jornaleros y prestadores de servicios, tomas de agua, tinacos, pipas, rehabilitación de pozos, potabilizadoras, organismos de agua municipales, diagnóstico ambiental, salud, comunicación social, servicios notariales y bancarios y libro blanco, con una aportación de 309 millones de pesos que fueron pagados fuera del Fideicomiso con aprobación de los integrantes del Comité Técnico.

Durante la aplicación de esos recursos se encontraron irregularidades como la instalación de una planta potabilizadora en Bacanuchi que, por falta de dinero para energía y pago de personal, solo operó 2 años; y el financiamiento de 9 plantas potabilizadoras más de las que solo una operó durante un mes, por falta de fondos.

A pesar de no haber atendido satisfactoriamente las demandas de la población, en 2017 se extinguió el Fideicomiso, por lo que se inició una serie de acciones logrando que en 2020 una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyera que el fideicomiso permaneciera abierto y se reintegrara el patrimonio con que contaba al momento de su extinción.

Ante ello, “Grupo México ha sido omiso. Además, se les ha invitado a participar como miembros del Comité de dicho Fideicomiso, pero no han respondido”. Se exige a la empresa un Programa de Remediación avalado por las comunidades, para resarcir el daño, y continuará dando seguimiento al diagnóstico ambiental y al proceso judicial correspondiente.

Con todo, el 17 de agosto pasado, la Semarnat presentó ante la Fiscalía General de la República en Sonora, una denuncia penal contra Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras y/o quienes derivado de los actos de investigación resulten responsables por el derrame.

Asimismo, se solicitó información a Profepa, Cofepris, Conagua y Nafin, con el objeto de integrarla a la carpeta de investigación. La Semarnat deberá dar seguimiento puntual a la carpeta de investigación y garantizar el derecho a un ambiente sano de las comunidades afectadas.

Y es que como si nada, Grupo México “tiró”, en los afluentes que se conectan con el Río Sonora, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio. Y si de esa agua comieran y se bañaran sus familiares, ¿También los hubieran derramado?…

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