Rosario no te preocupes, hay que aguantar

- Graduados en desaparecer dineros públicos

Durante el primer año de gobierno del Enrique Peña Nieto, muchos fueron los acontecimientos que lo marcaron y que han perseguido al Ejecutivo hasta ahora, su quinto año de administración.

Entre otros, el Presidente fue sometido a una cirugía que lo obligó a ausentarse durante tres días sin dejar a nadie encargado del despacho de Los Pinos, provocando toda clase de comentarios en la opinión pública; ese mismo año, el peligroso narcotraficante Rafael Caro Quintero fue liberado por un Tribunal Colegiado, gracias a que le fue concedido un amparo definitivo digamos que, por “detallitos” jurídicos que ni la Suprema Corte con su resolución revocatoria, ha hecho que la PGR recapture al capo mexicano.

A la Maestra Elba Esther Gordillo, la detuvieron por desvío y malversación de recursos; el gobierno se enfrentó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, desatando un conflicto magisterial que prevalece hasta el presente y, por supuesto, ni cómo olvidarlo, la firma del Pacto por México, con las consecuencias políticas y económicas por todos conocidas, que han hundido a la Nación en un tobogán de pobreza y “venta de garaje” del patrimonio nacional.

Pero sin lugar a dudas, el acontecimiento que más ha cobrado actualidad recientemente, es aquel dónde la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, fue acusada con sendas pruebas, de utilizar los programas sociales con fines electorales en Veracruz y se solicitó formalmente juicio político en su contra; empero, el Ciudadano Presidente la defendió con aquella frase difícil de ignorar: "Rosario no te preocupes, hay que aguantar".

Sin embargo, la última investigación “La Estafa Maestra, graduados en desaparecer dineros públicos”, dada a conocer por Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, (https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/), da cuenta de los indignantes fraudes que se cometen con los recursos públicos por quienes están a cargo de entes de la administración pública federal, destacando entre ellos, los cometidos en la Secretaría de Desarrollo Social cuando era dirigida por Rosario.

Se habla de más de 7 mil 500 millones de pesos desviados en empresas fantasmas, contratos ilegales e ilícitos, simulación de gasto del dinero público que no se sabe adónde fue a parar, adquisición de bienes y servicios inexistentes y más perversidades, que solamente se refieren a un pequeñísimo período correspondiente a dos años (2013 y 2014) del presupuesto federal, en donde “aparecen” instituciones de educación superior-Universidades- participando como intermediarios para el destino de programas públicos que nada tiene que ver con los objetivos y fines educativos para los que fueron creados.

Dice al respecto la Secretaría de la Función Pública, que no sólo por esos casos sino por muchos otros, existen oportunas denuncias ante las instancias de procuración y administración de justicia, pero que ninguna está resuelta; la táctica de retardar la resolución judicial de todos esos casos hace “brillar” la impunidad por todo el territorio nacional, ante los actos de corrupción cometidos en el gobierno de Peña Nieto. Los excesos de los que detentan el poder, no tienen límites, ni control, ni supervisión que los contenga, solo hay “el silencio de los inocentes”.

La corrupción asociada con el enriquecimiento inexplicable de unos cuantos, viven sus mejores días en el paraíso del país en donde todo se puede y a nadie se le persigue, porque todo es impunidad y cinismo.

Imagínense lo que sería si una auditoría verdaderamente externa controlada por los ciudadanos, que revisara las cuentas públicas no sólo del gobierno federal, sino de todas las Entidades Federativas y los municipios; seguramente se comprobaría el desvío de los recursos públicos de una manera inimaginable.

Estos “pequeños asuntos” que salen a la luz pública únicamente muestran el estado de descomposición irreversible en que se encuentran hundidas las instituciones gubernamentales de México, desde hace muchos años.