Seguridad y Defensa

1975-2020: y sin embargo se mueve
El Estado y el crimen organizado

Por Carlos Ramírez

Asentado como problema a mediados de los setenta, el Estado mexicano ha lidiado casi medio siglo con el crimen organizado alrededor de las drogas y no ha podido conseguir alguna estrategia exitosa: la pasividad total, la complicidad para controlar bandas, la construcción de estructuras armadas y violentas, la integración de alianzas y la transnacionalización.

El saldo lo dio la semana pasada el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, con dos cifras: diecinueve organizaciones criminales dominan la delincuencia en México y dos grandes corporaciones se han transnacionalizado.

El problema no es el diagnóstico, sino la realidad: la delincuencia organizada ha ido venciendo al Estado nacional y le ha ido quitando espacios de soberanía territorial, criminal, política, de soberanía, geográfica y social. La estrategia del gobierno federal actual de no perseguir capos ni combatir organizaciones delictivas ha llevado al fortalecimiento de dos organizaciones con intereses, sobre todo, en los EE. UU. para convertir en un problema bilateral de seguridad nacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

El problema del crimen organizado no es de seguridad pública, sino de seguridad interior en tanto que atentan contra la estabilidad y partes territoriales de la soberanía del Estado y rompen la gobernabilidad democrática y de seguridad nacional porque han llevado a los EE. UU. a meterse en México a perseguir a los dirigentes de esos dos cárteles, arrestar a algunos capos y sentenciarlos en prisiones estadunidenses. La estrategia de seguridad nacional de los EE. UU. hacia México ha pasado del comercio y la geopolítica ideológica, a la invasión de grupos delictivos de esos cárteles para contrabandear, vender droga y lavar dinero dentro del territorio estadunidense.

El Estado ha carecido de congruencia, continuidad y firmeza en sus estrategias de seguridad para combatir a las organizaciones criminales. Las políticas han sido sexenales, no han tenido congruencia en la formación de cuadros y las autoridades no han tenido controles ni supervisiones suficientes.

Lo vimos con la creación de la Secretaría de Seguridad en el 2000, su desaparición en el 2012 y su reinstalación en el 2018. Y no hay formación de cuadros, por lo que se ha dependido de las fuerzas armadas.

La policía federal se formó apenas en 1999, luego de medio siglo de haber echado mano a las fuerzas armadas para asuntos de seguridad pública. Pero se dejó al garete y se perdió el ritmo de perfeccionamiento.

En el 2019 se disolvió para crear la Guardia Nacional, a cuya organización le garantizan existencia solo hasta 2024 porque podría no dar los resultados esperados.

En este sexenio se decidió, por fin, profesionalizar las policías locales, pero gobernadores y alcaldes se han negado y entonces el gobierno federal les ha cortado fondos junto en un nuevo repunte de la inseguridad.

La UIF de Hacienda reveló la existencia de dos supercárteles de presencia transnacional –el Jalisco de El Mencho y el de Sinaloa de los hijos de El Chapo– con actividades en tráfico y sobre todo lavado de dinero. En la presentación de su mapa del crimen organizado, Nieto habló de diecinueve grupos delictivos en toda la república, pero una revisión hemerográfica llevaría a muchos más:
Cártel de Sinaloa.
Los Ántrax.
Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Los Cuinis.
Cártel del Milenio.
Los Zetas, ya desarticulado, pero con células vigentes.
Cartel del Noreste y su Tropas del Infierno
Cártel del Golfo.
Los Metros.
Grupo Tiburón.
Los Ciclones o 900
Los Deltas.
Cártel de Tijuana.
Cártel de Juárez
La Línea.
La Familia Michoacana.
La Nueva Familia Michoacana.
Guerreros Unidos.
Los Mazatlecos o Limpia Mazatleca.
La Hermandad o Cártel de los Ferrón-Carranza.
Cártel de la Mochomera.
Cártel del Pacífico Sur.
Los Caballeros Templarios.
Guardia Morolense.
Cártel de los H3 o la Tercera hermandad.
Cártel Independiente de Acapulco
Cártel de Santa Rosa de Lima
Cártel de La Unión Tepito.
Cártel de Tláhuac.
Cartel de los Rojos.

Ley de la Omertá

A la lista de cárteles como organizaciones con autonomía de funcionamiento, recursos para compra de armas y contratación de personal se han sumado pequeñas bandas dedicadas más a delitos contra los ciudadanos, como asaltos a casas, transporte colectivo y en calles, además de extorsiones, cobro de derecho de piso y venta de seguridad.

Estos pequeños grupos están formados por delincuentes tradicionales, pero muchos de ellos están controlados por miembros de cárteles en extinción.

Ante la proliferación de la delincuencia por razones de vida fácil o de pobreza y marginación han correspondido cuando menos dos grandes estrategias: el combate frontal con alianza de fuerzas de seguridad con fuerzas armadas y la construcción de la paz a partir de la no persecución de capos ni combate de bandas.

La primera arrojó las primeras cifras impresionantes de delitos y muertes violentas y las segundadas siguieron aumentando las muertes y se sumó la expansión territorial de bandas.

La Guardia Nacional siempre fue una necesidad y una buena idea porque se perfilaba como un cuerpo especial de formación policiaca con experiencias de capacitación militar. Sin embargo, el gobierno lopezobradorista ha invertido tiempo y esfuerzo en la Guardia, pero le ha reducido sus tareas a vigilancia de circunstancias y a disuasión no activa de movilizaciones sociales sin objetivos delictivos. Al carecer de autorización para usar la fuerza, la Guardia ha sido agredida de manera violenta sin instrucciones para responder.

En este contexto, la presentación del mapa de inseguridad por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda reveló una estructura de seguridad muy fortalecida, una capacidad de respuesta no usada por el Estado y una sociedad víctima de las oscilaciones gubernamentales, frente a organizaciones criminales cada días más fuertes.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh