Seguridad y Defensa

Senado acota a la DEA
México redefine su seguridad nacional

En un acto de redefinición de la doctrina mexicana de seguridad nacional que pasa de las conductas defensivas al establecimiento de límites a la extraterritorialidad imperial de la Casa Blanca en la lucha contra el crimen organizado en la variedad de cárteles del narcotráfico, el senado de México presentó reformas legales para someter a control a la DEA y a otras agencias estadunidenses que han violado la soberanía nacional.
La iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional que circuló el viernes 4 de diciembre el senador Ricardo Monreal Avila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, representa una redefinición integral de la doctrina aislacionista de seguridad nacional de México y da un paso adelante para mostrar que el principal problema de seguridad nacional de México está en la actividad intervencionista de los EE. UU.

En términos de contexto, la iniciativa de Monreal revela el enfoque bipartidista imperial de la Casa Blanca y deja ver indicios de que existen en México fuerzas políticas que están viendo la cola del imperio intervencionista en las sonrisas falsas del presidente electo Joseph Biden.
La doctrina bipartidista de seguridad nacional estadunidense que les permite invadir países como si fueran colonias e imponer criterios de seguridad de acuerdo con las prioridades de Washington fue fijada por el presidente Barack Obama, el profesor de derecho constitucional que tiene deslumbrados a muchos progresistas mexicanos, en septiembre de 2011 cuando aprobó y firmó la Estrategia de Combate al Crimen Organizado Transnacional. El presidente Trump explicó la estrategia, en su estilo de política brutal que lo caracteriza: “iremos por los narcos hasta sus madrigueras”, es decir, en los países de origen.

Más aún, este enfoque fue puesto en práctica, sin doctrinas, por el presidente George Bush Jr. cuando decidió invadir Irak y aumentar la presencia invasora den Afganistán para acelerar la violencia local, bajo el criterio de que había que alejar la violencia terrorista del territorio estadunidense. Desde 2003 los grupos islámicos radicales con tareas terroristas no han podio operar en los EE. UU., un poco en Europa, porque han sido arrinconados en el medio oriente.

La iniciativa de Monreal tiene una lectura estratégica de seguridad nacional. El 6 de noviembre Monreal entregó al embajador estadunidense Christopher Landau una carta firmada por la Junta de Coordinación Política y por todos los partidos para exigir acceso al expediente acusatorio contra el general mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, arrestado en Los Angeles a mediados de octubre en base a un expediente judicial armado de manera ilegal en México con información obtenida según las leyes estadunidenses que carecen de extraterritorialidad y jurisdicción en México.

En esa carta la Cámara de Senadores ejerció sus facultades constitucionales para intervenir en espacios de la política exterior de México, toda vez que el caso Cienfuegos involucraba relaciones con otro país. Ante el silencio de la embajada, Monreal promovió una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional de México para someter a agencias extranjeras de inteligencia y seguridad nacional que operan en México a acuerdos estrictos que impidan la velación de leyes locales. La acusación contra el general mexicano se hizo rompiendo con el Estado de derecho mexicano, una práctica común de los EE. UU. cuando quiere aplicar sus técnicas invasoras.

El expediente contra el general mexicano lo preparó la DEA en México sin respetar los acuerdos de colaboración e intercambio de información firmados a nivel oficial entre los dos países. Sin embargo, la arrogancia imperial de la Casa Blanca, lo mismo con George Bush Jr., que con Barack Obama y ahora con Trump, desdeñó las quejas mexicanas de violación de la soberanía de México. Pero en lugar de mirar hacia otro lado como había venido ocurriendo, el canciller Marcelo Ebrard también envió carta a los EE. UU. para exigir información y el Senado dio un paso más audaz al proponer reforma a las leyes para establecer criterios estrictos de operación de agencias extranjeras.

Los reclamos de Ebrard y la iniciativa de Monreal se unieron a las quejas de los altos manos militares mexicanos ante sus colegas estadunidenses por el mal trato institucional a un mando en activo --los generales secretarios nunca pasan a retiro-- por acusaciones sustentadas muy al estilo de la DEA: rumores, conjeturas, interpretaciones, evidencias violando leyes locales e informantes de dudosa calidad informativa.

El caso Cienfuegos llevó, ahora sí, a actos de ejercicio mexicano de su soberanía y a la fijación de criterios legales bilaterales para evitar que las agencias de seguridad de los EE. UU. operen con impunidad en México. Las reacciones mexicanas están aprovechando el vacío de poder entre un presidente que no quiere aceptar su derrota electoral y un tibio presidente electo que carece de pensamiento estratégico y que ha sido un burócrata de la seguridad nacional. Los nuevos funcionarios del área de inteligencia y seguridad nacional del gobierno de Biden ha estado forjados en posiciones burocráticas, lo que adelanta el hecho de que la estrategia de inteligencia, seguridad nacional y política exterior de los próximos cuatro años de Biden estará definida por los halcones conservadores, neoconservadores y demócratas del intervencionismo estadunidense.

Zona Zero
Las reacciones mexicanas al caso Cienfuegos están marcando el espacio urgente de replanteamiento de la doctrina de seguridad nacional de México frente a la seguridad nacional de los EE. UU. y a redefinir el nacionalismo defensivo mexicano que había sido olvidado o sacrificado por la subordinación de la soberanía nacional a las prioridades del Tratado de Comercio Liebre en vigor.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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