Teléfono Rojo

• Cita histórica de la Corte para negar el juicio a ex presidentes
• El reto de mostrar independencia y evitar más arbitrariedades
• La izquierda va contra su historia al desaparecer fideicomisos

Ha llegado la cita histórica.

Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide para México muchas cuestiones fundamentalísimas.

Lo primero es la independencia del Poder Judicial encabezado por el ministro Arturo Zaldívar, cuya liga con Palacio Nacional es conocida.

Un voto en contra del juicio a cinco ex mandatarios por plaza pública tendrá el mayor de los valores por las advertencias presidenciales.

Sobre todo por la inconformidad pública de Andrés Manuel López Obrador al proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar.

Un proyecto pulcro al decir de los juristas más conspicuos porque, convienen, hacer una consulta sobre la aplicación de la ley es una aberración jurídica.

Luis María Aguilar fue más lejos: lo denominó concurso de inconstitucionalidades.

Se centró sólo en aspectos técnico-jurídico, pues jamás entró al análisis del objetivo real del intento: el uso de la ley con fines político-electorales.

No lleven el chisme a Palacio Nacional, pero aquí va un dato: en corto la mayoría de los ministros coincide plenamente con la opinión del ponente.

ANTECENTE PARA LA POSTERIDAD

El lunes 21 de septiembre dimos el primer avance.

Advertimos un juicio adverso del Poder Judicial a cualquier pretensión de convertir la justicia en azote de venganzas personales.

La Corte y los derechos humanos de los ex presidentes, titulamos esa columna.

Todo giraría, subrayamos, en las garantías individuales, jurídicas y políticas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

El ministro Luis María Aguilar lo confirmó.

Escribió en el proyecto entregado a sus diez colegas de la Sala Superior de la SCJN:

“Este tribunal encuentra que el objeto de la consulta es inconstitucional, porque su núcleo central se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios”.

También:

“…el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta (…) implica sujetar a la condición o elección de una porcion de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir sus obligaciones de protección de los derechos humanos”.

La coincidencia de opiniones vaticina la reivindicación de los derechos humanos, como advertimos el lunes 21, y será antecedente para pretensiones similares posteriores.