Tomás Tenorio Galindo

Tres hechos de alto impacto alimentaron otra vez en los días recientes una sensación de desaliento en el país, la percepción casi material de que día a día, acontecimiento tras acontecimiento, en México todo se cae a pedazos.

Primero fue el socavón que hace dos semanas se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, un agujero que causó la muerte a dos personas y terminó simbolizando la corrupción y el desdén gubernamental hacia la ciudadanía. Era inevitable que de inmediato la indignación pública viera en ese socavón el hoyo por el que la nación es llevada hacia el desastre.

No ayudó en nada a disipar esa sensación, la frivolidad con la que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, reaccionó ante la crisis, primero al minimizar el hecho culpando a la lluvia y luego al despreciar el dolor de los familiares de las víctimas diciendo que serían indemnizados por el “mal rato” que pasaron.

En el caso del socavón quedó exhibida en toda su profundidad, sin atenuantes, la incapacidad del gobierno para ponerse del lado de las víctimas y de la sociedad. Esa era la única actitud que le correspondía, la más razonable y justa, pero su desarticulación lo condujo a hacer lo que sabe hacer muy bien: evadir su responsabilidad. Una responsabilidad que se extiende desde la construcción de la obra, que ahora sabemos está salpicada de irregularidades, hasta la negligencia que provocó la muerte por asfixia de los dos infortunados usuarios de la autopista, que murieron lentamente a lo largo de dos horas debido a que no fueron rescatados a tiempo.

El segundo hecho es el espectacular operativo realizado el jueves pasado por más de mil efectivos de la Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en la colonia Zapotitlán de la delegación de Tláhuac, al sur de la capital. En esa acción cayeron abatidos ocho integrantes del conocido como Cártel de Tláhuac, entre ellos el jefe de la corporación criminal, Jesús Pérez Luna, apodado “El Ojos”. Como consecuencia de la intervención de las fuerzas armadas, esa zona de la capital del país experimentó por primera ocasión bloqueos callejeros que suelen verse en Tamaulipas, Sinaloa o Michoacán, con quema de autobuses y camiones de carga y la movilización de numerosos cómplices de los delincuentes.

El jefe del Gobierno de la capital, Miguel Angel Mancera, ha sostenido que el de Tláhuac no es un cártel a la usanza de los grandes grupos del crimen organizado, sino un simple grupo de narcomenudistas. Pero los datos lo desmienten, pues a partir de información oficial se sabe que “El Ojos” tenía el control no sólo de la delegación de Tláhuac para sus negocios ilícitos, sino que su poder se extendía hasta las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, y era el proveedor de drogas en la Ciudad Universitaria.

Es evidente que los intentos de Mancera por minimizar la presencia del crimen organizado en la capital del país, incluso si se localiza en lugares situados lejos del centro de la ciudad, buscan no afectar su imagen como aspirante presidencial, pero se llevan entre las patas la posibilidad de una estrategia que exige ser la más efectiva de cuantas se han puesto en práctica en el resto del país contra la delincuencia organizada. Ocultarle a la sociedad de la Ciudad de México el diagnóstico puede acarrear males peores, violencia en primer lugar.

Y la tercera noticia deprimente y desesperanzadora es la estadística oficial de los homicidios dolosos ocurridos en el mes de junio. Ese mes ocurrieron 2 mil 234 ejecuciones, lo que lo convirtió en el más violento en veinte años. Y en el primer semestre la cifra acumulada es de 12 mil 155 casos, más que en el 2011, cuando se contabilizaron 11 mil 504 homicidios en el que fue el peor año del sexenio de Felipe Calderón. Esa cantidad de muertos es también 30.6 por ciento superior a los 9 mil 300 que se documentaron de enero a junio de 2016. Esta proporción anticipa que el 2017 cerrará con más de 24 mil muertos, una cifra sin precedente que lleva cualquier alarma a un nivel también sin precedente.

Ante ese cuadro trágico, carece de sentido invocar un optimismo infundado. Es preciso admitir que el gobierno fracasa en los frentes más preocupantes abiertos en el país, y ninguno más preocupante que el de la seguridad, y que hacer algo no es sólo necesario sino cada vez más una cuestión de sobrevivencia.

La encuesta que publicó este domingo el diario Reforma sobre la elección presidencial de 2018 reporta una ventaja más amplia de Morena y Andrés Manuel López Obrador, que hoy ganarían con 28 por ciento frente a 23 del PAN y Margarita Zavala, y 17 por ciento del PRI y Miguel Angel Osorio Chong. Un dato devastador para el PRI es que 80 por ciento del electorado considera que el partido en el gobierno debe cambiar. En los careos, López Obrador queda adelante de cualquier otro candidato con hasta 33 por ciento de la votación, incluso si el PAN y el PRD formaran un frente. Después de socavón y las estadísticas de la violencia, nada más lógico.

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