Uso de Razón

Frenar la chunga electoral

En Coahuila parecen existir elementos para que el Tribunal Electoral, local o federal, valore convocar a nuevas elecciones dadas las condiciones atípicas del conteo de votos.

Si hay actas alteradas y urnas violadas en el trayecto de las mesas de casilla a los centros de cómputo distritales, estamos ante una irregularidad grave.

En caso de no ser así, los propios tribunales tendrán que ratificar el triunfo del PRI.

Fue completamente anómalo que el INE local (OPLE) haya dado resultados el domingo cuando sólo se había contabilizado el 70 por ciento de los votos.

Pudo ser chapucería deliberada o falta de capacitación de los funcionarios de casilla (hubo decenas de maneras de votar por un partido, dada la multiplicidad de alianzas, y contabilizar no es tarea sencilla), pero algo huele mal en Coahuila y es preciso que los tribunales intervengan y den su veredicto.

Pero que sean los tribunales, no los partidos políticos ni el gobernador del estado.

Ahora es el momento para que las instituciones electorales ejerzan el poder que le hemos dado la ciudadanía.

Sólo ellos, los órganos autónomos y los tribunales de la materia deben decidir. Fuera gobernador y fuera partidos.

Lo que necesita protegerse es que sean los órganos electorales los que decidan, incluyendo al Tribunal Federal Electoral, y que no sean los partidos políticos los que asuman el mando.

Si hay fraude o anomalías graves y suficientes, que se anule y repita la elección porque así lo determine el tribunal electoral coahuilense, o el federal, no la presión de los partidos políticos.

Los partidos no pueden volver a tomar el control de los órganos electorales, como ocurría antes de la creación del IFE.

Parece chunga: los partidos cambian las leyes electorales a contentillo de los perdedores.

En 2006 descabezaron al IFE, que sí funcionaba (y muy bien) porque uno de los actores más importantes de la contienda no reconoció su derrota.

La única manera que vieron los partidos en 2007 de darle gobernabilidad al país -incluyendo al gobernante PAN-, era darle al PRD obradorista una reforma política que removiera de su puesto a los consejeros del IFE. Y castigar a los medios de comunicación y a los ciudadanos que supuestamente habrían influido en la derrota del que se sentía predestinado a vivir en Palacio Nacional.

Crearon una ley electoral tenebrosa y arcaica, que dio acceso gratuito a los partidos políticos a los medios electrónicos de comunicación, sin hacer una rebaja sustancial del subsidio público a las campañas partidistas.

Además incluyeron impedimentos draconianos para que particulares compraran espacios y dieran su opinión política, como si eso fuera monopolio absoluto de los partidos. A los medios de comunicación los sometieron a un régimen de fiscalización persecutorio.

Luego en 2012 el que quedó en tercer lugar también quiso una reforma electoral a modo y de plano desaparecieron al IFE para dar paso al INE.

En los estados quitaron los institutos locales y los cambiaron por otros, los OPLE, cuyos consejeros son designados desde la sede central del INE en la Ciudad de México.

Eso se hizo porque no había confianza en las designaciones de consejeros que hacían los congresos estatales.

Y ahora que son nombrados desde el centro, tampoco les gusta lo que está pasando en Coahuila y la oposición se retiró en bloque del recuento de votos en los comités distritales.

Es una chunga electoral. Una chunga que nos cuesta varias decenas de miles de millones de pesos cada año.

Por eso es importante que los órganos autónomos se den su lugar. Para afuera las manos del gobernador. Y fuera partidos de las decisiones que sólo les corresponden a los ciudadanos. Que hablen los tribunales y no se diga más.