Leyes no contemplan la violencia política contra las mujeres: FEPADE

Miedo, el principal freno para que las mujeres denuncien; FepadeMóvil, un aliciente para las denuncias

TLAXCALA, Tlax., 04 de Junio de 2017.- Este viernes, durante la ponencia “Violencia política de género. Tlaxcala, una mirada”, por Daniela Arellano Perdomo, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la funcionaria determinó que tanto las leyes federales como estatales no aplican los protocolos de protección a los derechos políticos de las mujeres.

Previo al inicio de la jornada electoral en los estados de Veracruz, Coahuila, Nayarit y Estado de México, además de las elecciones extraordinarias en siete comunas de la entidad tlaxcalteca, Arellano Perdomo indicó: “Actualmente no tenemos una regulación en las leyes generales, hay algunos estados que contemplan varios tipos penales sobre cómo tipificar la violencia política, sin embargo todavía no tienen una aplicación ya que a nivel federal no se está contemplando este tipo de conducta ni tampoco cómo se puede ejercer (sic)”.

Por ello, efectuó el anuncio de FepadeMóvil una aplicación funcional para sistemas operativos Android e IOS en teléfonos y dispositivos móviles, que funcionará como vínculo entre el usuario, la FEPADE, la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros entes; dicha herramienta aporta información sobre cómo efectuar las denuncias, conductas a canalizar a un juicio político-electoral, entre otros aspectos que pudieran tratarse de una violación a los derechos.

Dicha herramienta también tiene el objetivo, explicó la ponente, de apoyar a que las féminas denuncien actitudes discriminatorias ya que la falta de denuncia en la mayoría de los casos, se debe al temor de sufrir represalias, antes, durante, incluso posterior a los procesos electorales mientras se ocupa un cargo público,  e incluyó que en Oaxaca suceden la mayoría de las situaciones de violencia.

Asimismo, Daniela Arellano, comentó que en Bolivia es el único país latinoamericano que cuenta con una ley sobre violencia política y acoso relacionadas a las conductas de intimidación hacia las mujeres en el ámbito público: “En los organismos internacionales no se han tenido precedentes sobre qué es la violencia política, se ha tratado de sociabilizar la violencia en contra de una mujer o se ha tratado de resaltar la vulnerabilidad que ella pueda tener en un sector tanto público como familiar”.

Por lo anterior, sugiere que se deben tener en cuenta elementos como la atención a los pueblos indígenas por la situación social que las mujeres viven en este sector poblacional y atenderlos por medio de una unidad de Derechos Humanos misma que se especializa en el marco del Sistema Penal Acusatorio.

Pese a las acciones emprendidas por la Fiscalía, Arellano Perdomo admitió que se han presentado “complicaciones” ya que la violencia política y electoral contra las mujeres no está tipificada como tal en la Ley general en materia de delitos electorales, así como no se ha logrado un avance para la modificación en favor de las féminas y aplicarlo a nivel federal pues solamente se actúa en medida de la legalidad presente.

En su oportunidad, Silvia Nava Nava, representante de la organización Mujeres en Movimiento, rememoró los casos de violencia política en Tlaxcala, donde expuso que durante la administración anterior, algunas funcionarias denunciaron casos de violencia política, con lo que se logró, de forma histórica, la primera queja frente a órganos garantes de los derechos humanos para que un alcalde ofreciera disculpas públicas tras emitir supuestos comentarios misóginos contra una síndico.

De este modo, Nava Nava recalcó que en la entidad también se han logrado tres sentencias a favor del mismo número de síndicas, por medio del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), la efectividad del pago de salarios retenidos por los representantes de sus ayuntamientos, así como les fue reivindicada su actividad como parte de una autoridad municipal.