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TLAXCALA, Tlax., 3 de noviembre de 2026.- La diputada de Morena, Gabriela Hernández Islas, propuso reformar tres leyes estatales para obligar a que las obras públicas y construcciones en Tlaxcala incorporen criterios de accesibilidad universal, perspectiva de discapacidad y de género.
La iniciativa contempla modificaciones a las leyes de Obras Públicas, Asentamientos Humanos y Construcción, con adecuaciones en rampas, banquetas, sanitarios, iluminación y espacios públicos, además de mecanismos para sancionar a las autoridades que incumplan estas disposiciones.
Entre las medidas destaca la creación de una Memoria de Accesibilidad, Inclusión y Seguridad para identificar barreras físicas, sensoriales y de comunicación desde la planeación de las obras, así como la participación de corresponsables especializados en construcciones de alta afluencia, como hospitales, escuelas y terminales.
El proyecto también establece que las dependencias estatales y ayuntamientos deberán elaborar, en un plazo de 12 meses, un diagnóstico de sus edificios y espacios públicos. Posteriormente, tendrán que implementar un programa de adecuación progresiva con metas anuales y un plazo máximo de cinco años para eliminar las barreras detectadas.
Hernández Islas señaló que la propuesta surgió de planteamientos de personas con discapacidad y mujeres que enfrentan dificultades para utilizar la infraestructura pública.
Entre los problemas expuestos mencionó rampas que no tienen continuidad, semáforos con tiempos insuficientes para cruzar y sanitarios que no permiten brindar cuidados dignos a personas con movilidad limitada.
La legisladora sostuvo que la accesibilidad debe garantizarse durante todo el recorrido, desde el ingreso a un inmueble hasta el uso de sus servicios y las condiciones de evacuación, para que las personas puedan desplazarse de manera autónoma y segura.
Otro de los cambios plantea condicionar las autorizaciones de ocupación de inmuebles al cumplimiento de requisitos de seguridad, salubridad, accesibilidad, inclusión y evacuación, con el propósito de que las disposiciones tengan carácter obligatorio.




