PRI Presupuesto centralista, ignora a estados y municipios: GPPRI

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2021.-Debemos de construir un presupuesto que rompa con el centralismo e incremente el gasto federalizado, para que se compense a las entidades federativas lo que dejaron de recibir los últimos dos años en participaciones, cuando no fueron tomadas en cuenta sus necesidades y urgencias, afirmó el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) en la Cámara de Diputados.  

Al iniciar, de manera interna, el análisis del Paquete Económico para 2022, la bancada tricolor manifestó su interés por construir un Presupuesto de Egresos incluyente y equilibrado, que atienda las necesidades de toda la sociedad, ya que es prioridad para los priistas sacar al país de la doble crisis económica y sanitaria por la que atraviesa.

En materia de Ingresos, advirtió que se corre el riesgo de que las metas propuestas no sean alcanzadas en virtud  de la baja generación de empleo formal y de consumo.  

En relación a la inversión pública, la diputada federal Blanca Alcalá insistió que ésta no refleja suficientes recursos en materia de infraestructura y aunque presenta  un incremento  de 159 mil millones de pesos en comparación con el año anterior, no se  toman en cuenta las necesidades de los estados y municipios, en donde se necesitan más recursos  para dar respuesta  a las prioridades de infraestructura en las entidades.  

Tas reclamar que la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo, la deuda y la inflación se hayan incrementado, golpeando a la sociedad en su conjunto, enfatizó que se debe retomar  el ejercicio de recursos  del Ramo 23  para  proyectos de Desarrollo Regional, como una forma efectiva de ejecutar obras y servicios en las comunidades más desprotegidas de México; que promueven la inversión local y detonan el empleo.  

Lo legisladores del PRI consideraron que el rebote económico que tendremos en el 2021, estimado en  alrededor del 6 por ciento, no alcanza para compensar la caída acumulada y sus efectos en la pobreza de las familias por la pérdida de empleos y cierre de los pequeños negocios. 

Además, indicó que la proyección de crecimiento de 4.1 del PIB presentada por  la Secretaría de Hacienda resulta muy optimista, en relación con los pronósticos del mercado,  que lo ubican entre 2.7 y 3 por ciento.  

Los diputados federales priistas subrayaron que están a favor del gasto social, pero les preocupa que a pesar de que éste haya tenido un crecimiento entre 2018 y 2021 de alrededor del 40 por ciento, la pobreza se haya incrementado a 3.8 millones de personas.

Indicó que los organismos especializados como el CONEVAL, han demostrado una  focalización inadecuada  con efectos regresivos entre la población más vulnerable, por las reducciones a los programas destinados a las comunidades indígenas, a mujeres y  migrantes, entre otros.     

Señalaron que los programas del campo, particularmente los orientados al aseguramiento y comercialización de productos se abandonaron, al igual que los ejes centrales que le dan vida productiva, como el fomento a ganadería, agricultura, pesca y acuacultura, lo que dio como resultado más de 2 millones de hectáreas que se dejaron de sembrar en el último ciclo agrícola.

Por ello, dijeron que es urgente contar con financiamiento para el sector, así como recuperar los proyectos productivos dirigidos a los jóvenes y mujeres de este grupo de la población.  

Puntualizaron que el gasto en desarrollo económico apenas creció el 16 por ciento, lo que representa  menos de la mitad de lo destinado en materia social, generando en 32 meses sólo 900 mil empleos, mientras que más de 4.1 millones de trabajadores han retirado dinero de su Afore por desempleo.

Al respecto  establecieron que es urgente destinar mayores apoyos de la Banca de Desarrollo para las medianas y pequeñas empresas e impulsar  incentivos fiscales para que retomen sus actividades productivas.

Sobre el sector salud,  los integrantes del GPPRI señalaron que este presupuesto refleja mayores asignaciones, pero preocupan los mecanismos para asegurar una distribución adecuada de medicamentos y vacunas;  al mismo tiempo que se resuelva la atención de enfermedades crónico-degenerativas, como los pacientes con cáncer en particular las niñas y niños que padecen esta enfermedad.