CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2020.- Más de 14 años después, senadores del PT solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instalar una comisión que investigue los casos de violaciones graves acaecidos durante la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico.

La bancada petista busca revivir casos graves de violaciones a derechos humanos como: los estudiantes del Tec Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo asesinados en Monterrey en marzo de 2010; el ataque al Casino Royale que ocasionó la muerte de 52 personas el 25 de agosto de 2011; o el asesinato de 16 jóvenes en Lomas de Salvárcar, en Ciudad Juárez Chihuahua, el 31 de enero de 2010.

El actual gobierno y aliados no desiste en que hubo fraude electoral en 2006, no olvida el rechazo de contabilizar voto por voto, y en el intento de legitimar la Presidencia de ese entonces, condena los seis años de gobierno que registró 102 mil 859 homicidios y 22 mil 112 personas desaparecidas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). 

“Fue durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa que comenzó la espiral de violencia estructural que ha sumido a nuestro país en una fuerte crisis de inseguridad que persiste hasta nuestros días”, asegura el punto de acuerdos inscrito en la sesión de este martes por los petistas. 

Los senadores Joel Padilla Peña, Geovanna Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y Miguel Ángel Lucero Olivas refieren que, en materia de derechos humanos, el país retrocedió sustancialmente. 

De acuerdo con Human Rights Watch, el documento señala que “las fuerzas de seguridad mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones, desapariciones y torturas. Casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente, y esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país”.

De la facultad investigadora conferida a la CNDH a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, refiere que podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas.