Despiden por mentirosos al Jurídico y al Secretario de Chiautempan

• Nicolás Gutiérrez de Casa, Secretario del Ayuntamiento, y el Director Jurídico, José Reyes Cornejo, actuaron de “manera incorrecta” en la suspensión de plazas de trabajadores del 7 de Mayo
• No transparentó el alcalde Héctor Domínguez cerca de 3 millones de pesos que deben pagarse a 34 basificados que ahora deben ser restituidos

TLAXCALA, Tlax., 29 de Mayo de 2017.- Al considerar que fueron engañados en el tema de la supresión de 34 plazas del Sindicato 7 de Mayo, y de que funcionarios del ayuntamiento actuaron de “manera incorrecta” en este mismo caso, los regidores y la síndico del ayuntamiento de Chiautempan, decidieron deshacerse de los servicios del Secretario del Ayuntamiento, Nicolás Gutiérrez de Casa, y del Director Jurídico de ese municipio, José Reyes Cornejo.

Derivado de esta mala decisión, ahora la presidencia del municipio sarapero debe restituir en su plaza a los más de 30 empleados sindicalizados, “en las mismas condiciones en las que se encontraban laborando (…) así también para que se les paguen todos y cada uno de los importes que por concepto de salarios y prestaciones hayan dejado de percibir, desde la fecha en que les fue notificada la determinación de mérito hasta aquella en que sean debidamente reinstalados en sus empleos”.

No obstante el haber prescindido de los servicios de ambos exfuncionarios municipales, los miembros del cabildo les hacen saber a los dos extrabajadores que “ello no significa que no sean sujetos de responsabilidad en caso de existir consecuencias jurídicas derivadas de su actuación como funcionarios de este ayuntamiento, por lo que se deja a salvo el derecho que tienen los miembros de este cabildo para proceder ante las instancias que correspondan”.

Lo anterior se deriva luego de que el pasado jueves, los miembros del cabildo exigieran al alcalde Héctor Domínguez Rugerio entregara cuentas y transparentará ingresos al ayuntamiento, así como el manejo de otros asuntos que no han quedado claros al interior del ayuntamiento.

Pero la gota que derramó el vaso, y que incluso ocasionó que el alcalde abandonara el cabildo, dejando a la síndico con la palabra en la boca, fue el caso de los 34 trabajadores del Sindicato 7 de Mayo, a quienes por acuerdo del cabildo, en fecha 18 de enero, se les suprimieron las plazas al considerar que estas eran demasiado costosas para el ayuntamiento, de más de 500 mil pesos para las arcas municipales.

Sin embargo, señalan los integrantes del cabildo, en un escrito que obra en poder de este reportero, al discutir y analizar el tema, resulta que el pago para estos trabajadores de plaza es mucho menos de lo que dijeron los funcionarios del ayuntamiento, tal y como se asienta en la nómina del ayuntamiento.

Además de que “los salarios fueron asignados conforme al tabulador salarial contenido en el convenio laboral vigente en esta comuna, cuyo depósito fue debidamente autorizado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y de ello no existe observación alguna del Órgano de Fiscalización en lo correspondiente a la cuenta pública de este municipio, evidenciando la mala fe con la que fue tratado el este tema, malversando la información que nos fue proporcionada con la intención de generar descontento”, señala el escrito redactado por los regidores al término del fallido cabildo que reventó el alcalde.

En el mismo análisis del caso, los miembros del cabildo reconocen que el alcalde, al parecer, les mintió con un supuesto estudio de factibilidad que lo llevó a determinar la suspensión de las plazas, pero en ningún momento pudo acreditar la empresa que llevó a cabo el mencionado estudio ni dio a conocer los resultado del mismo y, aparentemente, el único objetivo de este otra mentira fue justificar que eran innecesarias las plazas que ocupaban los trabajadores.

Esta serie de engaños y los constantes errores, sumadas a otras tantas fallas legales, motivaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala le echara a bajo al ayuntamiento de Chiautempan la decisión de suprimir las plazas, obligando a las autoridades municipales a restituir a los 34 trabajadores.

Sumada a los supuestos errores de los ex trabajadores, el alcalde Héctor Domínguez Rugerio, al parecer, le quiso ver la cara al cabildo o no supo explicar cómo, de dónde y por qué pretendía pagar a los empleados del 7 de Mayo que fueron reinstalados en su puesto, poco más de 3 millones de pesos.

Al respecto, los regidores y la síndico explican que derivado de la audiencia de fecha nueve de mayo de 2017, llevada a cabo por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el director jurídico exhibió diversos cheques a favor de los trabajadores despedidos por un valor superior a los tres millones de pesos.

Pero el alcalde nunca informó a la síndico municipal ni al cabildo la procedencia de este recurso “a qué partida presupuestal pertenecía o si se trataba de recurso federal y, peor aún, sin que este cuerpo colegiado haya autorizado su disposición para esta finalidad, lo que puede presentar desvío de recursos públicos en perjuicio de este ayuntamiento y de los programas sociales que se están ejecutando” en este municipio.

Por todo esto y por la falta de transparencia en que han incurrido el director de ingresos del mismo ayuntamiento, Carlos Erasto Escobar Izquierdo, así como el Director de Industria y Comercio, César Meléndez Gutiérrez, quienes no han detallado los recursos que han ingresado a la alcaldía ni la cuenta en donde han hecho los depósitos.

Es que el jueves pasado reventó el noveno cabildo de este ayuntamiento y ahora el alcalde sarapero está llamado a rendir cuentas.