Gobierno de Tlaxcala también da contratos a Seguritech

TLAXCALA, Tlax., 7 de septiembre de 2026.- La empresa Seguritech, reconocida como una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad en el país y severamente cuestionada a nivel nacional por presuntos actos de corrupción gubernamental y por costear vuelos privados a mandatarios —como el caso reportado de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama—, registra una activa y multimillonaria presencia en el estado de Tlaxcala en medio de la opacidad, ya que el actual gobierno de la morenista decretó clasificar la información para que esta no sea pública.

De acuerdo con una investigación periodística titulada "Rentabilidad del miedo", realizada de manera conjunta por el medio independiente PopLab y la plataforma periodística de investigación CONNECTAS, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, bajo la administración de Lorena Cuéllar Cisneros, destinó al menos 81 millones de pesos (aproximadamente 4.5 millones de dólares) a dicha compañía para la implementación y operación de sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial.

Hallazgos clave y metodología de la investigación

La investigación de PopLab y CONNECTAS reconstruyó los montos y esquemas de contratación a través del análisis exhaustivo de:

-Registros fiscales y financieros internos.

-Comprobantes fiscales y documentación corporativa.

-Contratos públicos y actas constitutivas.

El reportaje destaca que la información no fue facilitada por las autoridades locales, ya que la administración estatal clasificó los datos de estos sistemas bajo reserva.

Sin embargo, la investigación periodística permitió transparentar el alcance de estos contratos destacando que a Seguritech se le contrato un sistema para el monitoreo social, a través del C5i (Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia) dependencia que operó Max Hernández, funcionario recientemente premiado con la Notaría Pública Número 3 en el estado, quien contrató los servicios de la cuestionada empresa para operar el sistema de reconocimiento facial, utilizando la tecnología de la empresa en noviembre de 2025 para identificar a activistas feministas tras actos de iconoclasia en el mausoleo conmemorativo de la fundación de Tlaxcala, derivando en investigaciones por parte de la Fiscalía local.

Destaca que en su momento, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, delfín de la gobernadora para sucederla en la gubernatura, dio a conocer al comparecer ante los diputados locales que el proyecto de construcción del C5i tendría una inversión cercana a los 300 millones de pesos; sin embargo el día de la inauguración la mandataria estatal Cuellar Cisneros en compañía de Adán Augusto, entonces secretario de Gobernación, dio a conocer que la obra tuvo un costo de 293 millones de pesos y además se invirtieron otros 100 millones para equipar el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia con cámaras de videovigilancia.

De acuerdo a los mismos datos que da a conocer la investigación de PopLab y CONNECTAS, el 97% del monto de los contratos obtenidos por Seguritech en los estados donde opera desde 2012, le han sido otorgado mediante adjudicación directa. En total, la empresa ha recibido al menos 52 mil millones de pesos a través de convenios con 37 administraciones estatales y municipales, incluido Tlaxcala y sus 60 municipios.

El informe expone además que el 95% de los ingresos de Seguritech Privada provienen directamente de arcas públicas. La red empresarial —fundada por Simón Picker Gottlieb y dirigida por Ariel Picker Schatz— abarca al menos 63 empresas vinculadas con esquemas de cobro por "éxito de proyecto" (de entre 4% y 50%) y cláusulas de confidencialidad de hasta 10 años,

La investigación cita al consultor en seguridad Bernardo León Olea, quien advirtió sobre los altos costos, la falta de transparencia y los riesgos democráticos que representa destinar recursos públicos a herramientas de vigilancia masiva que terminan utilizándose para fines distintos a la persecución del delito común, como el seguimiento de movimientos sociales y el monitoreo de actividades de los ciudadanos en general.