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TLAXCALA, Tlax., 24 de octubre de 2022.- El dictamen sobre la reforma constitucional a la Ley de Guardia Nacional (GN) y de ampliación de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública fue aprobado en Comisiones Unidas de la 64 Legislatura del Congreso local con 12 votos a favor y dos en contra, por lo cual se espera que en la sesión ordinaria del próximo martes 25 de octubre sea subido al pleno para su discusión e inminente aprobación.
Al respecto, sobre dicha reforma, los grupos parlamentarios que conforman el bloque opositor en Tlaxcala se pronunciaron en contra de lo que advierten, será la militarización del país, razón por la que adelantaron, no respaldarán la votación, aunque su negativa no será suficiente para detener el proyecto, pues la fuerza mayoritaria de Morena y aliados se terminará imponiendo.

El Diputado Juan Manuel Cabrón Soria, consideró que no ha sido eficiente el trabajo de las fuerzas armadas para la prevención del delito, pues en cuatro años de gobierno obradorista, la inseguridad se ha disparado, dando como resultado más de 121 muertes dolosas.
“En cuatro años de la administración federal, el gobierno ha mostrado una tremenda incapacidad para contrarrestar y combatir la inseguridad lacerante y creciente en la que está sumergido nuestro país…la ruta no es la militarización”, declaró.
En ese sentido, aseguró que su Grupo Parlamentario votará en contra del dictamen, advirtiendo que el proyecto que se aprobó en el Senado de la República y que fue enviado a los congresos locales para sus efectos constitucionales se trata de una trampa, pues puso en evidencia que se violenta el artículo 21 de la Constitución que establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la GN, serán de carácter civil, por lo que aseguró, lo que se pretende aprobar “es la profundización de la militarización en el país”, que explicó, es el incremento de la presencia, poder y facultades de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
“Este proyecto viene acompañado de un proceso de militarización política que se define como la perdida de supremacía civil sobe la dirección y la conducción de los planes y las estrategias en el país. Argumentar que las fuerzas armadas obedecerán o le rendirán cuentas al poder legislativo es falso”, afirmó.

Por su parte, el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez del PAN, recordó que su partido está en contra de que las fuerzas se hagan cargo de manera total de la seguridad ciudadana, mencionado que el ejército y la marina ya tienen una tarea constitucional establecida y exclusiva que es la defensa del territorio mexicano.
Asimismo, reprobó el empoderamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado a las fuerzas armadas otorgándole la construcción de obras públicas y control de aduanas.
“Esto nos lleva a plantearnos el siguiente cuestionamiento; ¿la burocracia civil del actual sexenio no es apta o se busca empoderar a las fuerzas militares? Es evidente que el sobre financiamiento público al ejército y la asignación de nuevas funciones busca un reemplazo gradual a las labores civiles. Esta situación representa un riesgo”, advirtió.

Diana Torrejón Rodríguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI comentó que los gobiernos de los últimos tres sexenios han priorizado el combate a la violencia generando más violencia con el uso de las fuerzas armadas, lo que ha dado resultados negativos para la seguridad social.
En ese sentido, se manifestó en contra de la permanecía de las fuerzas armadas en las calles, pues además argumentó que su actuar ha provocado una ola creciente en violación a derechos humanos.
“Nuestra República vive una crisis endémica respecto al acceso de derechos humanos, lo que ha traído consigo crecientes niveles en homicidios y desapariciones forzadas que han obligado al uso de las fuerzas armadas en tareas que los civiles deberían atender, sin omitir los errores de las instituciones que deberían garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia. Este lamentable panorama se ha convertido en un retroceso grave para la vida democrática de nuestro país y para el anhelo social de restaurar la vida pacífica…nuestro ejército está entrenado para usar la fuerza contra quien sea su adversario, y en la práctica, cualquier civil puede ser su adversario”, expuso.

La legisladora Blanca Águila Lima del PRI, señaló que la reforma que se discutirá es una contradicción a la forma de pensar del presidente, pues mientras él se encontraba en la opción, fue el mayor critico de las estrategias de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para usar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Finalmente, la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz del PAC, sorprendió con su postura en favor del ejército, señalando que es un error retirar a los militares de las calles cuando en el país, afirmó, se vive un clima de violencia.
“No podemos venir solo a descalificar cuando en México vivimos un problema real de violencia…a mí me parece irresponsable decir que la militarización o el retiro de los militares de las calles no va a servir de nada, entonces qué hacemos cuando hay violencia, cuando de norte a sur en México se siente el miedo…es una irresponsabilidad en este momento sacar a la fuerza armada de las calles”, manifestó.





