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TLAXCALA, Tlax., 7 de marzo de 2022.- Miembros del Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia de San Bernabé del municipio de Amaxac de Guerrero, denunciaron irregularidades en la explotación de la mina de tezontle y tepetate de esa comuna en los años de 2019 a 2021 para el proyecto de ampliación y modernización de la carretera Apizaco-Tlaxcala, además de fraude, por lo que reclamaron la rendición de cuentas del comisariado Cruz Crescenciano Espinoza Guarneros y acusaron omisión por parte de la Procuraduría Agraria (PA) al solapar estos hechos.

La representante de los comuneros Gloria Hernández Hernández, reclamó que Espinoza Hernández cometió fraude en la explotación de esta mina y al querer apropiarse de 53 hectáreas de este polígono.
Sobre esta explotación, los comuneros refirieron que se calculan ingresos de entre 9 y 11 millones de pesos, toda vez que deducen se extrajo por la empresa Texcoco, unos 14 mil viajes y por la empresa Tlaxcala unos 7 mil 994 viajes, con un costo unitario de 500 pesos cada uno, ambas concesionarias de este proyecto en los años 2019-2020.
En tanto, refirieron que a la fecha la Procuraduría Agraria ha liquidado los contratos con estas empresas que participaron en el proyecto de construcción del tramo carretero Molinito-Ocotoxco de la carretera Apizaco-Tlaxcala, con fecha 02 de septiembre 2019 al 22 de julio de 2020, pese a esta explotación no hay registro hacendario alguno, pues por pare del comisariado ejidal, el contrato fue de palabra y no en documento.

A esta persona señalaron, se le ha fincado un proceso civil y penal, además de un proceso agrario, mismo que se encuentra en turno en el Tribunal Agrario.
Sobre el comisariado explicó Gloria Hernández, “abrió un proceso jurídico de indemnización de la explotación de la cantera por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y que está en ejecutoria por .91 centavos por metro cuadrado, eso es una cachetada, entonces vamos a reponer el proceso de ese juicio, a través de un amparo”, porque dijo no se les notificó a la asamblea la ejecutoria de esa sentencia por la expropiación de 53 hectáreas de las 88 que comprende el predio.
Asimismo, los afectados acusaron que el señor Espinoza Guarneros se atribuyó funciones que le corresponden al núcleo agrario en Asamblea, además que evidenciaron no ha entregado cuentas respecto al manejo del recurso económico que obtuvo por la explotación de esta cantera de tezontle y tepetate durante los años 2019 a 2021, por tanto, exigen este informe, porque en mayo de 2022 concluye su periodo de gestión.
Ante este problema, informaron han recurrido a la presidencia de la república, misma que despachó el expediente a Tlaxcala, a las instancias federales de la Procuraduría Agraria (PA) y Registro Agrario Nacional (RAN), así como al Senado de la república, pero señalaron que aquí el gobierno se niega por la omisión jurídica.

Estas acciones de la explotación de la mina del centro poblacional de San Bernabé, los comuneros acusaron que el comisariado actuó bajo el consentimiento de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional en Tlaxcala, al grado que el jefe del departamento jurídico de la Procuraduría Agraria en la entidad, Rodrigo Herrera Sánchez con el aval de la representante en el estado, Jovita Mendoza Vargas, propuso a los ejidatarios que olviden este problema y que dejen terminar su periodo al señor Cruz Espinoza, lo que señalaron no solo representa omisión en este problema sino que avalaron las acciones y lo protegen, ante las irregularidades que ellos mismos como dependencias federales cometieron.
Finalmente, Gloria Hernández, agregó que en las instancias federales se dio indicación a sus representaciones en el estado a dar solución a estas demandas, sin embargo, la solvencia o respuesta a estos conflictos no se ha dado.