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TLAXCALA, Tlax., 22 de noviembre de 2016.- Tlaxcala junto con otras 23 entidades rechaza la tortura y su práctica por autoridades y grupos criminales, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presentó conferencia y muestra itinerante de fotográfica para evidenciar esta conducta y exigir su abolición.
De esta forma, fue inaugurada la exposición itinerante “Que la tortura pase a la historia es asunto de todos” que recorre estas 24 entidades federativas, acompañada de exposiciones de especialistas en derechos humanos sobre este tema.
Así, en Tlaxcala la conferencia “Derechos humanos y prevención de tortura” fue presentada por la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestra Clementina Rodríguez García.
En su exposición, refirió los problemas sobre la tortura de las cuales indicó causa secuelas físicas, lesiones graves y psicológicas a las víctimas como a sus familiares, vecinos y comunidad en general.
Por ello expuso que es un hecho grave que involucra a la sociedad y que son necesarias, acciones que coadyuven a erradicar este flagelo.
Pues reconoció que la existencia de la tortura en las instituciones y por los grupos criminales son una violación a los derechos humanos y que es necesario eliminar.
En tanto, refirió que desde el tipo penal las autoridades se enfrentan a la dificultad de reconocer este nivel probatorio, además de obtener información propia o ajena que ayude a esclarecer los hechos.
Sobre este tema de la tortura, cabe recordar que en abril de 2015 la cadena televisiva MVS Noticias dio a conocer un vídeo sobre la supuesta tortura de policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde se observaba como torturaban a un hombre.
El vídeo, mostraba como por lo menos 3 personas cuestionaban a un sujeto semidesnudo y maniatado, que se encontraba tirado en el suelo de unas oficinas, de las que supuestamente se refirió eran las instalaciones de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, hecho que fue desmentido en ese entonces por el sub procurador, Víctor Pérez Dorantes.