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TLAXCALA, Tlax., 01 de julio de 2018.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó el manual El Sistema Nacional Anticorrupción y sus vínculos con el Sistema Nacional de Transparencia,en el que se plantea el papel y las responsabilidades de los órganos garantes de transparencia en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción son parte del “gran sistema democrático constitucional” y fueron creados para atender el problema de la corrupción en el país.
“México ha creado esta colección de instituciones, que para muchos son innecesarias, pero que ya empieza a verse con respeto el experimento mexicano en esta nueva fase de instituciones sofisticadas, como el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya no implicó la creación de un ministerio especializado, sino el acoplamiento virtuoso de un conjunto de instituciones existentes”, explicó.
A su vez, el comisionado Joel Salas Suárez aseguró que la importancia de la vinculación de estos dos sistemas radica en que la información pública es útil en las tres fases del ciclo de control del problema de la corrupción: la prevención, la investigación y la sanción.
“En materia de investigación, evidentemente la información pública es el insumo básico que le permite a la población poder allegarse de posibles indicios de actos de corrupción y, a partir de ellos, establecer las denuncias ante la autoridad correspondiente de cada una de las siete sillas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción o los Sistemas Locales”, enfatizó.
Asimismo, expuso que la información pública, en términos de persecución y sanción, posibilita medir y evaluar el desempeño de las autoridades ante las que se denunciaron los hechos.
En su oportunidad, José Octavio López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, señaló que una cuestión clave en el combate a la corrupción es la independencia de los contralores de los titulares de las instituciones.
“Si un contralor está capturado por el secretario en turno o por el director general, pues no sirve ese contralor y esto lo vemos una y otra vez, es una constante en México en los últimos 20 años; vencer esto, yo creo que es una batalla que no podemos perder y es algo que debe estar en la próxima administración porque en la presente no se logró”, advirtió.
Finalmente, durante su intervención, la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales, indicó que la vinculación entre el SNT y el SNA para combatir la corrupción no es suficiente, es necesario coordinar acciones con el Sistema Nacional de Archivos.
Planteó que la corrupción es un problema de captura del Estado y de la debilidad social para exigir rendición de cuentas; en ese sentido, sostuvo que se debe trabajar en cuatro ejes: la profesionalización de servidores públicos, el fincamiento de responsabilidades, la información como instrumento para detectar, investigar y desmantelar las redes del fenómeno, y la participación ciudadana, como lo plantea Mauricio Merino en el cuadernoOpacidad y corrupción: las huellas de la captura.
El manual El Sistema Nacional Anticorrupción y sus vínculos con el Sistema Nacional de Transparencia, elaborado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, analiza el desarrollo normativo en materia de transparencia y anticorrupción que dio paso a la creación del SNT y el SNA; el vínculo existente entre estos Sistemas; las responsabilidades y obligaciones inherentes al servicio público, y la importancia de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales en el combate a la corrupción. Puede consultarse en http://snt.org.mx/images/Doctos/prop_libro_usaid_300518_low.pdf
En el evento estuvieron presentes la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, así como servidores públicos de diferentes instituciones y representantes de los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas.