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OTHÓN P. BLANCO, QRoo, 31 de diciembre de 2019.- Raúl Casares, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, reconoció que el mayor índice de sobornos y corrupción en Quintana Roo se ha detectado en los servicios que prestan las agencias de los ministerios públicos, la seguridad pública y aquellas instancias donde se realizan trámites vinculados con tema de la propiedad.
Explicó que, de acuerdo con análisis, se ha detectado que 4 de cada 10 gestiones de licencias de funcionamiento conllevan a prácticas ilegales para su autorización.
Indicó que trabajan con las autoridades del municipio de Benito Juárez para la implementación de estrategias que permitan agilizar procesos de digitalización de los servicios y mejorar la atención que se brinda a la sociedad.
Anticipó que a más tardar en marzo se tendrá la implementación de una política pública para el combate de la corrupción que permita erradicar acciones consideradas arbitrarias, parciales y puntos de contacto entre el servidor público y la ciudadanía para disminuir las posibles incidencias de corrupción.
Consideró que la correcta implementación de esta política pública anticorrupción que será de obligatoriedad para los tres poderes del estado y los órganos constitucionales autónomos dependerá en gran medida de recursos económicos y de los trabajos de coordinación entre las instancias involucradas para avanzar en este rubro.