Nigromante/Austeridad republicana vs. incongruencias de funcionarios

La consigna de Andrés Manuel López Obrador de efectuar una cuarta transformación del país basada en la austeridad mediante la honestidad de los funcionarios públicos, el adelgazamiento de la burocracia y la moralidad de los funcionarios que tradicionalmente aprovechan sus cargos para sus grandes negocios, está llena de obstáculos.

Se han enfrentado en este objetivo el poder Ejecutivo con los poderes Legislativo y Judicial, cuyos integrantes se han rebelado frente al mandatario recién estrenado en la silla presidencial y se resisten a dejar de recibir los privilegios a los que se acostumbraron en los últimos 35 años en el dispendio de los odiados neoliberales que desviaron de sus objetivos recursos públicos hacia sus bolsillos.

En el Presupuesto de Egresos 2018 el presidente de la República percibió un salario mensual de 207 mil 591 pesos. López Obrador tendrá uno de 108 mil por decisión personal, en tanto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reciben un salario base mensual de 651 mil 741 pesos; son los servidores públicos mejor pagados del país.

Los ingresos de los altos funcionarios del Poder Judicial superan en 200 por ciento los obtenidos por el presidente de la República. En el caso de los secretarios de Estado, percibieron hasta el 30 de noviembre 199 mil 553 pesos al mes, mientras que los subsecretarios, 198 mil 244.

Además, el oficial mayor de cada una de las dependencias –de acuerdo al tabulador oficial- ganaba hasta esa misma fecha 189 mil 555. Por su parte, los directores generales recibieron 195 mil 362 en tanto que los directores generales adjuntos ganaron 152 mil 790.

Asimismo, el salario de 123 mil 136 pesos fue el de un director de área, los subdirectores ganaban 54 mil 157, en tanto que el personal de enlace en nómina aparecía con un salario de 24 mil 73 pesos.

En la Auditoría Superior de la Federación, el titular obtiene cada año un pago extraordinario anual unitario de 573 mil 216 pesos, así, su remuneración bruta anual llega a 4 millones 268 mil pesos, pero menos el impuesto queda en 2 millones 959 mil pesos.

En el caso del Poder Judicial, los ministros tienen una remuneración menos impuestos de 4 millones 659 mil pesos y en términos brutos, por salarios reciben unos 4 millones 743 mil pesos; por compensación garantizada, 2 millones 785 mil, y por pago de riesgo, es decir, por si tienen algún accidente, otros 853 mil 223 pesos.

“El servicio público no es para ganar dinero”: AMLO

El mismo día en que López Obrador rindió protesta como Presidente Constitucional, y se pronunciaba por la “austeridad republicana”, ya se conocía entre rumores bien confirmados que los diputados ya se habían programado ingresos elevados para estas fechas decembrinas en las que los legisladores suelen asignarse indignamente un aguinaldo que sólo pueden recibir los trabajadores por haber trabajado un año, aunque ellos sólo laboraron cuatro meses.

Sin ningún rubor, los diputados de la LXIV Legislatura recibirán cada uno de ellos 233 mil 755 según un reportaje de Reforma, en el que la colega Claudia Salazar detalla que percibirán 46 mil 834 pesos por aguinaldo, que además estará exento de impuestos. Cada legislador recibirá un pago adicional de 38 mil 363 pesos por Atención Ciudadana. Igual que los corruptos neoliberales, recibirán otros 119 mil 786 pesos mensuales por la llamada “dieta”.

Según las cifras del reportaje de Salazar, reciben otros 28 mil 772 pesos por concepto de atención ciudadana cada mes. Recibirán 44 mil 558 pesos más que el presidente que proclama la austeridad como sistema de gobierno, en tanto que los ciudadanos nos quedamos con la incertidumbre de las contradicciones gubernamentales.

Por otra parte, surge otra contradicción en la cuarta transformación: luego de que una consulta ciudadana sentenció la anulación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) a partir del 30 de noviembre, el gobierno determinó que aunque no se concluirá, las obras en Texcoco van a continuar.

Gerardo Ferrando Bravo, nuevo Director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en entrevista con Carmen Aristegui, reconoció que es muy razonable que la opinión pública tenga la inquietud de “¿por qué un proyecto que ya se sabe que no se llevará a cabo continúa con las obras y el gasto?”.

Explicó que para poder frenar por completo las obras, se requiere el consentimiento de los inversionistas tenedores de bonos internacionales del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXICAT). Recordó que se emitieron 6 mil millones de dólares en bonos. Estos recursos, si logran convencer a los tenedores de los bonos, se podrían usar en el aeropuerto proyectado en Santa Lucía.

Según Ferrando Bravo, “las obras que hoy se están llevando a cabo, y esto es lo convenido con los constructores, son obras necesarias para poder darle unidad a las obras que están en desarrollo”. Por ejemplo las 34 hectáreas del edificio terminal que lleva una cubierta de loza que hay que terminar, lo mismo que el muro perimetral que “vale la pena no dejarlo desarticulado porque entonces sí

podríamos tener movimientos diferenciales de la loza, se cuartearía, y la verdad es que sería una inversión enorme echada a perder”.

Continuar con la construcción del NAIM “no es un gasto inútil sino realmente una inversión para preservar lo que hoy tenemos como avance de lo que habría sido el aeropuerto de Texcoco”. Ferrando señaló que las obras “son absolutamente convenientes y necesarias para que lo que ahí tenemos lo podamos preservar y darle un uso, el cual en este momento no tenemos”.

Las incongruencias, en su punto. Mientras, se ha calificado de muy conveniente la venta de los bonos e incluso la adquisición por parte del gobierno de la deuda por cerca de dos mil millones de pesos. ¿Más incongruencias?

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