Nigromante/ Un pasito pa’ delante y otros dos para atrás

A 21 días de haberse estrenado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han sucedido variados eventos; algunos inéditos y otros en los que ha resurgido una especie que esperábamos hubiera desaparecido con la novedad de la Cuarta Transformación.

La legisladora Sasil de León protagonizó la zalamería que se creía haberla dejado atrás, en los vetustos años del priismo de los años setenta. En la entrega de la medalla Belisario Domínguez dedicó su discurso a elogiar a López Obrador y apenas un minuto y medio al homenajeado, Carlos Payán, donde hubo que hacer algunas consideraciones.

Se trata del máximo reconocimiento al personaje que haya hecho grandes aportaciones al país y en este caso a la defensa de los derechos humanos y a la libertad de expresión; se trató de reivindicar al periodismo nacional, pero Payán no tiene precisamente una trayectoria en los medios. Haber sido fundador de La Jornada no lo convierte en periodista. Pero sí hizo muchos amigos.

Luego, el inédito sainete de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces de distrito, quienes hicieron patente su desacuerdo a que se les disminuyan sus elevados salarios, los más altos para cualquier mexicano, pues en algunos casos rebasan medio millón de pesos mensuales. En concreto, la suspensión de la Ley de salarios de los funcionarios.

Al respecto, un abogado, ex diputado federal, y desde hace 20 años catedrático universitario de la Facultad de Derecho de la UNAM, de cuyo nombre no tengo autorización para difundirlo, relató que le pareció un escándalo que los ministros de la Corte hayan hecho semejante manifestación para defender un derecho adquirido y especificado en una ley que indica que nadie puede cobrar un salario más alto que el Presidente de la República, 108 mil pesos mensuales, en la nueva administración.

“Presencié lo que nunca imaginé ver ni escuchar. La ley especifica que ningún funcionario debe ganar más que el Presidente de la República y los once ministros de la Corte ganan cerca de 600 mil pesos mensuales. En ese sentido, los senadores de oposición del PRI, PAN, PRD y MC, en ejercicio de sus funciones, interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, acción que está encaminada a determinar si esa ley es constitucional o inconstitucional”.

Hasta ahí le parecía que todo estaba dentro de la normalidad con los senadores de oposición, que estuvieron en su papel, pues la Constitución los faculta para ello. El asunto llegó a la Corte y le correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán,

quien dictó un acuerdo “que me pareció verdaderamente escandaloso. Decide que mientras se resuelve la acción de la constitucionalidad, suspende los efectos de esta ley; otorga la suspensión y eso es lo que me parece altamente escandaloso”.

¿Por qué? porque el ministro Pérez Dayán no está acatando un precepto que es eminentemente claro: el último párrafo del Artículo 64 de la Ley Reglamentaria en las fracciones 1 y 2 que norma las acciones de inconstitucionalidad. Dice: “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”. El ministro Pérez Dayán, haciendo caso omiso de este ordenamiento jurídico, ordenó la suspensión.

“La suspensión de la ley de remuneraciones de los funcionarios es, a todas luces, preocupante, reproblable, que demuestra que la Corte está dispuesta a todo para no verse en la obligación de rebajarse esos enormes y desproporcionados salarios que perciben once ministros aunque para ello violen las leyes”, mismas que están obligados a cumplir y hacer cumplir.

De todo lo anterior cobró fuerza la versión de que la demanda de los senadores de oposición la elaboró el ministro Pérez Dayán, la cabildeó con los senadores a quienes les envió el texto de la misma y los senadores única y exclusivamente firmaron el documento y “casualmente” le tocó a Pérez Dayán ser el ministro instructor y ordenó la suspensión de la ley. Preocupante y reprobable.

“Si no se corrige esta situación, el pueblo de México podría reaccionar con violencia contra los ministros de la Corte. Lo que debe hacer el gobierno con fundamento en los artículos 109 y 110 de la Constitución entablar un juicio político ante el propio Congreso de la Unión, para evitar que el pueblo realice actos de violencia contra los ministros que impidan el funcionamiento de la Corte en el corto plazo”. En efecto, una muchedumbre airada contra los ministros esperó a la salida al término del informe del presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales.

Consideró el especialista en Derecho Constitucional que es lamentable el papel que ha jugado el ministro Pérez Dayán en la defensa de los elevados salarios de sus colegas de la Corte. Sin embargo, tras una frágil advertencia del diputado federal Pablo Gómez a los ministros de que es el Legislativo el que determina el monto de los salarios de todos los funcionarios incluidos los del poder Judicial, al concluir la elaboración del Presupuesto de Egresos Federal, no tocaron ni con el pétalo de una disminución el ingreso de los ministros, que quedó intacto. Seguirán cobrando más que el presidente López Obrador y en consecuencia, seguirán violando la ley de ingresos de los funcionarios. Son los mismos que juraron defender el cumplimiento de la ley: legisladores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Para qué tanto ruido, entonces?

jvilchis1@yahoo.