Otro País/Tomás Tenorio Galindo

El aluvión de otras noticias escondió en los medios la gravedad de la matanza perpetrada el viernes de la semana pasada por la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en el comunidad de San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco, en la que en su propia casa perdieron la vida siete personas, incluidos tres niños, uno de ellos de sólo cuatro meses de edad.

La indignación por ese hecho no alcanzó a germinar en la conciencia de una sociedad abrumada por la violencia que sufre el país, pero lo cierto es que se trató de una masacre que pone en entredicho los motivos que dieron origen hace cuatro años y medio a las autodefensas de la UPOEG en el estado de Guerrero.

Todas las agravantes legales que existen para un crimen fueron cometidas por los policías ciudadanos de la UPOEG en este hecho, y todavía no se sabe por qué atacaron y mataron a los ocupantes de esa casa. En un intento de confundir a la opinión pública y a las autoridades, el dirigente de la UPOEG y responsable directo de esta matanza, Bruno Plácido Valerio, dijo que las víctimas eran miembros de una banda de extorsionadores y que repelieron la acción de los efectivos de la autodefensa, una mentira absurda e insostenible desmentida de inmediato por los testimonios y por la Fiscalía General del Estado. Todos cayeron dentro de su casa, y ninguno de los adultos hizo ningún disparo.

Hace mucho que el mixteco Bruno Plácido abandonó la lucha social propiamente dicha para convertirse en un activista de perfil difuso que lo mismo gestiona obras para comunidades indígenas, encabeza iniciativas políticas o se pone a la cabeza de su ejército de policías ciudadanos para reclamar a punta de pistola el control territorial de los municipios. Ese activismo desenfrenado y errático ha despertado suspicacia y le ha traído acusaciones de nexos con el narcotráfico, al mismo tiempo que de servir a los intereses del ex gobernador Angel Aguirre Rivero.

Plácido Valerio fue uno de los fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que en 1995 creó en San Luis Acatlán la primera Policía Comunitaria de Guerrero, considerada la original y única amparada por la Ley 701 que protege los derechos y cultura indígena del estado (y también la única que conserva intacta su reputación como una corporación de servicio social).

Después de fundar en enero de 2013 la Policía Ciudadana, aparentemente con el consentimiento y el apoyo del entonces gobernador Aguirre Rivero, al grito del combate contra la delincuencia Bruno Plácido comenzó un proceso de expansión que lo llevó a controlar la zona que va de Tecoanapa a Tierra Colorada, la cabecera del municipio de Juan R. Escudero, y más tarde estuvo a punto de entrar incluso a Chilpancingo, la capital del estado. En febrero de 2014, cuando se hallaba en la plenitud de su poderío, el propio Plácido Valerio informó que la Policía Ciudadana estaba integrada por mil 160 efectivos y tenía 800 armas, un arsenal sólo comparable con el de la policía estatal o con el de la ministerial.

Frenado por el gobierno en Chilpancingo, Bruno Plácido se dirigió hacia Acapulco y levantó un campamento en Xaltianguis, y en una fecha tan reciente como marzo de este año irrumpió en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, la zona del conflicto social causado por el proyecto de la presa La Parota. Lo hizo a pesar de que con anterioridad las comunidades de Cacahuatepec opositoras a la presa habían llevado ahí a la Policía Comunitaria de la CRAC. Aún no se entiende qué pretende el dirigente de la UPOEG al llevar a la Policía Ciudadana a esa zona, pero se sospecha que lo hizo de la mano de empresarios que han visto afectados sus intereses en el aprovechamiento de la grava que produce el río Papagayo. El hecho es que la presencia de la UPOEG ahí dio lugar a nuevas tensiones y generó el riesgo de un choque armado entre la UPOEG y la CRAC. En este contexto ocurrió el ataque de los policías de la UPOEG contra la familia masacrada el viernes 9 en las cercanías de Acapulco.

Todo lo que tocan Bruno Plácido y la Policía Ciudadana de la UPOEG se descompone. Una vez asentado hace tres años en Tierra Colorada y extendida su fuerza hacia Mojoneras y Ocotito, comunidades del municipio de Chilpancingo, un grupo se escindió de la UPOEG y creó el FUSDEG, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, con el mismo propósito de combatir a la delincuencia. El FUSDEG, que hizo de Petaquillas su principal base, arrebató a Bruno Plácido el control de Tierra Colorada, Mojoneras y Ocotito, aunque su principal actividad es defenderse de la UPOEG (y la de la UPOEG combatir al FUSDEG).

La obsesión de Bruno Plácido por recuperar los territorios que el FUSDEG le quitó ha provocado ya unas dos decenas de muertos de unos dos años a la fecha. El 30 de marzo de 2015 la UPOEG y el FUSDEG se enfrentaron en San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, con un saldo de cuatro muertos. La versión más aceptada es que se trató de una emboscada de la UPOEG contra el FUSDEG. El 24 de octubre de 2016 se volvieron a enfrentar en Tlayolapa, comunidad también de Juan R. Escudero, con un saldo de siete muertos de ambos bandos. El enfrentamiento se desató por una incursión de la UPOEG contra el FUSDEG, aunque se atribuyó al FUSDEG haber hecho el primer disparo. Un mes después, el 24 de noviembre, se produjo otro enfrentamiento, esta vez en las proximidades de Tierra Colorada, cuando la UPOEG intentó apoderarse por la fuerza de esta población. Que en esta ocasión no haya habido muertos ni heridos fue resultado de la suerte y de la intervención de la policía del estado, pero otros incidentes han dejado más muertos.

Paralelamente a todo lo anterior, Bruno Plácido ha sido señalado públicamente de estar al servicio del narcotráfico. El pasado 18 de mayo, dos meses después de la entrada de la UPOEG a Cacahuatepec, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota lo acusó de pretender abrir un corredor para el trasiego de drogas en la zona. Más todavía, en enero de este año él mismo reconoció que la Policía Ciudadana fue infiltrada por el crimen y que algunos de sus integrantes tienen vínculos con la delincuencia.

Con todos esos antecedentes y la muy conocida actitud violenta de la UPOEG, ¿qué pudo haber sucedido realmente en el ataque contra la familia de San Pedro Cacahuatepec? Después de mentir sobre los hechos, Bruno Plácido pidió ayer a la Fiscalía General de Guerrero no satanizar a su organización y realizar una investigación “clara, profunda e imparcial” antes de acusar a los policías ciudadanos que dispararon contra la familia. Sin embargo, la investigación debe incluirlo a él como el jefe de un grupo que pasó de defender a la población a masacrarla. Quizá entonces se pueda saber quién es realmente Bruno Plácido y a qué se dedica realmente la UPOEG.