Rehenes de falsas certezas/Federico Berrueto

Al igual que el gobierno del presidente Enrique Peña el actual busca crear certeza en la reconstrucción de los hechos trágicos de Iguala hace ocho años. Responsabilidad por mitades en cuanto al tiempo perdido. Desde luego, que el victorioso tiene la última palabra, no necesariamente la verdad. Más aún, el encarcelamiento del anterior procurador, Jesús Murillo Karam, y del entonces comandante de 27 Batallón de Infantería de Iguala, Cnel. José Rodríguez, implican un ensañamiento mayor no sólo por centrar la responsabilidad en los investigadores, sino por la impunidad concedida a los perpetradores del atroz crimen.

Construir certeza a través de la tortura para efectos legales es igualmente pernicioso que hacerlo a través del testimonio forzado de criminales confesos en busca de beneficios legales. El informe del gobierno federal a cargo del subsecretario Alejandro Encinas es una verdad a modo de una de las muchas partes que convergen con intereses políticos en el tema. Calificar como crimen de Estado, y el presunto involucramiento militar en los hechos trágicos no se sostiene con lo aportado en la investigación del gobierno.

Debe quedar claro que el subsecretario de Gobernación no es Ministerio Público, es decir, su actuación no se apega a las normas propias de un fiscal, incluso en la valoración de la calidad de las pruebas. No debe sorprender que la FGR le enmiende la página al funcionario, quien solicitó vincular a proceso a 83 personas, entre las que se encontraban los mandos militares y exfuncionarios federales y del gobierno de Guerrero. El fiscal especial para Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, al igual que el subsecretario Encinas, se encuentra en una situación muy comprometedora.

Se entiende que el presidente López Obrador se comprometiera a reivindicar la verdad sobre la desaparición y seguramente homicidio de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El voluntarismo es una enfermedad común en el poder porque se parte del supuesto falso de que las cosas suceden o se omiten por voluntad presidencial. La realidad es otra, y como este mismo gobierno demuestra, es sumamente complejo clarificar hechos de manera convincente, probada y fehaciente, de manera tal que se ha omitido información, como los testimonios rendidos por los mandos militares, y dado calidad de prueba plena a los de los criminales, particularmente al de Gildardo López Astudillo, el Gil. 

Al parecer, López Obrador no advierte que está incurriendo en la misma falta que le asignan a Peña Nieto y su procurador Murillo Karam, de construir una versión de los hechos a la medida de los intereses del poder político, éstos absolviendo a autoridades locales y a militares; aquél, haciendo propia la versión de crimen de Estado, forzando el caso contra militares, que corresponde más a una versión políticamente interesada que al esclarecimiento de la verdad.

La realidad es que después de 8 años la verdad no se hace presente. Las versiones de los dos gobiernos coinciden en muchos temas fundamentales, pero derivado de la colaboración de la periodista Peniley Ramírez el pasado sábado en Reforma, con acceso a la investigación no testada, es claro que el subsecretario tiene plena convicción de que el Cnel. José Rodríguez sí estuvo involucrado, al menos en el homicidio y desaparición de 6 estudiantes, además de que los restos humanos de buena parte de los estudiantes asesinados fueron trasladados a la instalación militar bajo su responsabilidad. La cuestión es que del mismo informe se derivan pruebas de muy discutible veracidad o poder probatorio, como los supuestos intercambios telefónicos que no fueron obtenidos de manera confiable y pudieron ser fabricados, y el muy discutible testimonio de el Gil.

Después de ocho años de la tragedia de Iguala la verdad continúa elusiva. Nadie está satisfecho, ahora menos por la falta de rigor en el desarrollo de la investigación del gobierno y por la discutible valoración de pruebas. A Jesús Murillo Karam se le ha encarcelado no por el crimen, sino por la supuesta deficiente investigación y encubrimiento. ¿Ocurrirá lo mismo con los involucrados en el informe Encinas?