Rumbo a un regreso seguro a clases

Horacio Erik Avilés Martínez

Hace ya tres semanas que en México sobrepasamos la cifra de 500 días sin clases, la cual, además de ser la mayor en el orbe, también exhibe la inmensa cantidad de omisiones y rezago que se acumularon durante décadas, pero que, con la descoordinación, la simulación, la desinformación, la inacción y la ineptitud imperante en los tiempos se exacerbaron.

El resultado ya es desastroso, porque tenemos lo peor de la pandemia combinado con un inmenso rezago educativo y afectaciones socioemocionales incalculables. Quienes padecerán más las consecuencias de la situación sin duda serán las generaciones jóvenes.

Por lo anterior, es inaceptable permanecer más en la situación que estamos padeciendo actualmente. Las afectaciones ya son inmensas y deben de tener un alto. Debe decirse sí al enfoque de derechos y con ello, sí al regreso a clases, pero sólo sí se construyen las condiciones para que el retorno a la presencialidad en las aulas sea seguro.

Las posturas extremas al respecto del retorno a clases son falaces y están desacreditadas, ya son insostenibles. Están los que claman por un regreso a clases programado y automatizado. Ahí se ubican aquellos que ya programaron la alarma del despertador para el lunes 30 de agosto y son quienes no tienen explicaciones ni argumentos superiores más que regresar a clases por ser instrucción, por estar marcado en el calendario escolar o porque así conviene a sus intereses particulares. Abrir así las aulas significaría destapar la caja de Pandora, de donde saldrían desgracias y situaciones inenarrables. No tienen razón en abrir así las escuelas.

Por otra parte, está la oposición constante de quienes únicamente afirman categóricamente que “no hay condiciones”, la cual es completamente válida si hay evidencia científica de por medio, o el riesgo percibido es alto. Sin embargo, las autoridades encargadas de construir condiciones para el derecho a la educación no deberían de afirmar su carencia sin que realicen rendición de cuentas previamente, respecto a lo que deberían de haber hecho a favor del desarrollo de capacidades comunitarias para la reapertura escolar. Ni tampoco los ciudadanos deberíamos de quedarnos mencionando que no se puede. Es necesario trasladar la responsabilidad a quienes en realidad han omitido acciones, planificación y presupuestación para prepararse rumbo al inminente momento de reabrir las aulas.

Llama la atención la posición de las autoridades educativas locales en Michoacán, al igual que la de los actores gremiales, de quienes se ha sabido muy poco respecto a acciones de alto impacto que hayan emprendido rumbo al retorno a la presencialidad. Es momento de generar un cambio de actitud, de proponer y de corresponsabilizarse para que el retorno a clases se convierta en realidad.

Se requiere ejecutar acciones para lograr que estemos de regreso a la brevedad. Si ya están constituidas las condiciones para que alguna comunidad escolar en específico pueda retornar a clases, no hay que impedírselo; pero hay que vigilarla muy bien y garantizar que el retorno sea voluntario y seguro.

Al respecto, la organización Mexicanos Primero ha fijado postura respecto a regreso a clases en rueda de prensa realizada el pasado miércoles 18, donde se señaló que, para abrir las escuelas, hay que comenzar por adoptar y adaptar protocolos, sustituir a docentes vulnerables, hacer diagnósticos y revisar situaciones particulares, pues no todas podrán hacerlo al mismo tiempo.

Paralelamente, las familias, estudiantes y docentes deben exigir condiciones de seguridad que les generen tranquilidad para la reapertura y organizar el regreso escalonado de acuerdo con su contexto con acompañamiento constante por parte de las autoridades.

Para conseguir el regreso a actividades presenciales, programado para el lunes 30 de agosto, es prioritario exigir a la autoridad una reapertura de escuelas que involucre una ruta clara con protocolos que sirvan a las comunidades escolares, con condiciones mínimas verificadas que ofrezcan seguridad a familias, estudiantes y docentes, que incluya un plan de diagnóstico y recuperación en lo socioemocional y en los aprendizajes fundamentales, durante todo el curso. Para lograrlo, se pide se cumplan cinco puntos mínimamente en cada plantel escolar, con el consenso de su respectiva comunidad de estudiantes, maestros y sus familias.

Hacer congruente la normativa, estipulando la educación como actividad esencial para que haya fondos de emergencia, así como dar lineamientos para los Centros Comunitarios de Aprendizaje.

Alistar las escuelas, publicando el listado de planteles, estado por estado, con información sobre sus condiciones básicas, con un documento de responsabilidad de que la autoridad verificó que la apertura es segura y transparentando la inversión.

Ofrecer un protocolo sólido para que cada comunidad lo adopte y lo pueda implementar en su contexto.

Apoyar de verdad a los maestros, con alternativas para lo socioemocional y reconociéndoles el control pedagógico de aprendizajes fundamentales en el modelo mixto, al tiempo que se resguarda a los docentes con comorbilidades u otras condiciones especiales.

Priorizar el derecho de las y los niños; brindar atención socioemocional, hacer evaluaciones diagnósticas de aprendizajes y mantener constante comunicación entre escuelas y familias.

En el estudio “Equidad y Regreso” de Mexicanos Primero se dio a conocer evidencia de campo sobre el deterioro socioemocional y la pérdida de los aprendizajes. Con base en las principales cifras del sistema educativo, se estima que 4.5 millones de estudiantes están en riesgo de ver interrumpidos sus estudios. Una gran proporción de las niñas y niños manifestaron sentirse deprimidos, lo cual va a traer consecuencias negativas para su desarrollo físico, emocional, escolar y laboral.

Durante los cierres por la pandemia se han dado casos de éxito en México que involucran actividades presenciales y de los cuales se tiene que aprender. Por ejemplo, en Jalisco las asesorías en las que un maestro se reúne periódicamente con un grupo de máximo 9 estudiantes o las aperturas de los Centros Comunitarios de Aprendizaje en Sinaloa, que han puesto el foco en reconectar a las y los estudiantes en riesgo de abandono escolar.

En Michoacán también hubo algunos casos de éxito, los cuales prepararon, acordaron tareas y responsabilidades, redistribuyeron los recursos, identificaron los espacios, establecieron “burbujas” y escalonamiento de turnos para evitar las concentraciones peligrosas, trazaron un plan para la detección y reacción ante sospecha de contagio, verificaron las rutas de transporte y las condiciones a tomar en cuenta en el entorno físico que rodea la escuela.

Sí se puede. Pero es momento de que los ciudadanos exijamos que las autoridades generen las condiciones para volver a las aulas y no esperar pasivamente; que las comunidades que puedan abrir, que lo hagan; no negar oportunidades a quienes más lo necesitan.

Los planteles que aún no puedan hacerlo, que reciban apoyo real que demanda la justicia con equidad. Requerimos recuperar el sentido de urgencia, cuidando no caer en el garlito de pensar en que la reapertura escolar es una simple fecha, sino que se debe concebir más como un proceso en el que todos tenemos mucho que aportar.

Adicionalmente, en la transición gubernamental que se desarrolla lentamente en Michoacán hay áreas de oportunidad que pueden aprovecharse.

Por ejemplo, será muy importante que se adecúe el marco normativo en los órdenes estatal y municipal para generar mejores condiciones rumbo al regreso a clases.

Destacan la relativamente reciente aprobación de la Ley Orgánica Municipal, publicada el pasado 1 de abril y la presentación de una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, por parte de la fracción parlamentaria de MORENA, en donde se pueden afinar las medidas para mejorar el regreso a clases en Michoacán.

En la iniciativa estatal, ya se reconoce la necesidad imperativa de que se logre la máxima conectividad posible a Internet. Al respecto, la propuesta vincula a la Secretaría de Educación con el Gobierno Federal para conjuntar esfuerzos para que los planteles escolares cuenten con equipos de cómputo conectados a Internet gratuitamente, por citar uno de muchos ejemplos en donde se puede incidir para aprovechar más la plasticidad temporal de la ley mencionada para modelar eventuales políticas públicas más efectivas rumbo al retorno a clases y a la defensa del derecho a aprender de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán.

Entonces, en los diputados locales reside la oportunidad de potenciar las atribuciones de la Secretaría de Educación en el Estado y mejorar la transversalidad de la política educativa en la entidad, para lograr superar la situación de crisis acentuada en que nos encontramos en la materia.

Paralelamente, la Ley Orgánica Municipal de Michoacán reconoce la obligación de los vecinos de los 113 municipios estatales de enviar a sus hijos a la escuela, mientras que señala muchas atribuciones para los ayuntamientos respecto a la política educativa.

Al ser un hecho que, por la necesidad de actualizar los bandos y reglamentos locales, la cual está estipulada en los artículos transitorios de la ley mencionada, los ayuntamientos entrantes tienen la posibilidad de armonizar esta reglamentación para apoyar desde lo local un regreso seguro a clases.

En suma, con voluntad política, con trabajo denodado de todos los actores intervinientes hay grandes oportunidades por aprovechar para modelar un regreso a clases acorde al contexto local en Michoacán. Exijamos el gobierno incremente su apuesta social y contribuyamos con disciplina y civilidad máxima para lograr que las multicitadas condiciones por fin sean realidad.

No olvidemos que la escuela es para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que los adultos no podemos seguirles fallando desde el silencio, la inacción o la apatía, permitiendo que las autoridades les den muy poco, simuladamente y a destiempo los bienes y servicios que implican la vivencia plena de los derechos humanos que ejercen en la escuela, especialmente el derecho a aprender.

A usted, amable lector, le consulto: ¿qué condiciones considera son más prioritarias para lograr el regreso a clases en las escuelas de su comunidad? ¿Cuáles son los requisitos que usted consideraría indispensables para enviar a sus hijos a la escuela o para regresar a labores presenciales escolares?
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